Verdad y honestidad

De qué sirve crear comisiones de la verdad si no se va a actuar acorde a ella.

Es la pregunta que debe contestarnos el Presidente López Obrador.

Fuera de su papel de titular del poder Ejecutivo federal arremete contra los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, alegando que quieren seguir ganando "sueldos exagerados, estratosféricos, sueldos de 600 mil pesos mensuales (…) en un acto de deshonestidad. Esos que obtienen esos sueldos no es(sic) gente honesta ni es sensible, ni son partidarios de la verdad, de la justicia".

Hasta aquí el único que no es partidario de la verdad, de la justicia y es deshonesto, al menos en sus planteamientos, es él.

Vayamos por partes: él es titular de un poder, acotado, regido y vigilados por otros dos. Los Ministros no están buscando seguir ganando sueldos que ni remotamente llegan a los 600 mil pesos mensuales; están cumpliendo su deber.

Si un ciudadano se ve afectado en sus derechos por cualquier autoridad o ley, puede acudir a la justicia mexicana y ésta debe resolver su caso, no es que quiera o no, le guste o no, le caiga bien o mal el denunciante; su obligación, razón de ser y función pública es dirimir el derecho y, si ha sido violado, restituirlo en su vigencia.

Pues bien, un grupo nutrido de mexicanos que merecen todo el respeto del Presidente, y que seguramente no ganan 600 mil pesos mensuales, acudieron a la justicia federal porque sienten violentados sus derechos al querérseles bajar su salario, lo cual está prohibido. Podría liquidárseles conforme a derecho y luego volvérseles a contratar con un salario más bajo, si así lo consienten los interesados, pero proceder a disminuir su salario es inconstitucional.

Si ello es deshonesto, verdadero o injusto son valoraciones políticas ajenas a la litis (asunto) sometido a juicio.
López Obrador falta a la verdad y a la honestidad al cambiar la litis y esgrimir otra controversia para cargar ánimos en contra de los Ministros.

La Corte tiene que resolver si, conforme al marco jurídico vigente, la determinación de bajar sueldos por decreto es o no constitucional, si viola o no los derechos de los justiciables.

Argüir sueldos estratosféricos y exagerados de los jueces es cambiar la litis, engañar y mentir.

Acusar a los Ministros de proteger sus altos sueldos, en lugar de dejarlos cumplir sus funciones en términos de estricto derecho, es generar un juicio paralelo, presionar a la Corte políticamente, armar piras de leña verde para quemar vivos a quienes osen resolver en contra de su voluntad.

En el fondo, la Corte va a determinar si la ley aprobada por el Congreso, a golpe de mayoriteo y en respuesta a un compromiso de campaña, es o no Constitucional, en otras palabras, las partes en juicio son los ciudadanos demandantes y el Congreso demandado y, con él, el propio Presidente, impulsor de la norma. Luego entonces, López Obrador debiera alegar lo que quiera en el juicio jurisdiccional, pero no en un juicio paralelo mediático. Su postura es tan fuera de lugar como si los Ministros salieran mañana a acusarlo de demagogo.

López Obrador sigue actuando como líder de un movimiento antisistémico, no como jefe de Estado, acotado por el Legislativo y el Ejecutivo.

Lo que atestiguamos es una embestida contra el Poder Judicial y no augura nada bueno para la Nación.




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