Mentira

El gobernante debiera tener un compromiso con la verdad sin fisuras. Más aún cuando se es de origen democrático y sujeto a mandato y rendición de cuentas.

En el terrible asunto del enfrentamiento de poderes, además del daño que se le está causando a las instituciones y el riesgo de quebrantar la división de poderes, concentrar en una sola persona todo el poder y abrir las puertas a un populismo autócrata, preocupa la mentira como instrumento y distintivo de gobierno.

Ante nuestros ojos la mentira se va asentando como discurso y método de gobierno, ya no hablemos de una larga historia de fraudes jamás acreditados; cajas vacías y plantón por pruebas; chivos, gallinas y puercos como parafernalia electorera; aviones que ni Obama, lagos inexistentes y consultas inducidas. Hablemos de cambiar aviesamente los temas.

Con todo el poder del Estado, el presidente López Obrador ha arremetido contra el Poder Judicial adjudicándole suelos estratosféricos e inexistentes, de suerte de movilizar en su contra a sus huestes y maquinarias ejercitadas por consultas a modo.

Deshonestos, mentirosos, corruptos, abusadores, nepotes, poco solidarios y algunos adjetivos más les ha endilgado porque, en estricto apego al derecho, dictaron una suspensión provisional en juicios de amparo que dirimen si puede o no bajarse el sueldo a ciertos funcionarios federales a los que la propia Constitución prohíbe hacerlo.

Recordemos que el amparo es la vía que tiene el individuo contra actos de autoridad, quien acude a él ha sido violentado en sus derechos por una ley o acto de autoridad, y es la justicia quien, de ser el caso, debe protegerlo y restituirlo en sus derechos. De eso se trata lo que la Corte tiene en sus manos.

Pero el presidente, en lugar de esperar a que la justicia dicte el derecho al caso concreto, ha atacado al Poder Judicial en su conjunto, acusándoles de cobrar 600 mil pesos mensuales, de suerte de confundir a la población sobre el tema que se disputa en tribunales.

Alega que la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente, pero calla que también dice que ninguna ley tendrá efectos retroactivos y que lista a ciertos funcionarios a los que no podrá bajárseles el salario.

La vía sería indemnizar a los sujetos y recontratárlos con un salario menor, pero ello, como el aeropuerto de Texcoco, haría más cara la solución que el problema, pequeño detalle que calla.

Su narrativa, como siempre, es simplona, maniquea, falsaria y manipuladora de símbolos y rencores. Evita la discusión en sus méritos y sienta en el banquillo de los acusados a quien deben juzgar el caso. No es, según él, una controversia sobre la constitucionalidad de una ley, sino sobre la corrupción de jueces venales.

La ruta está trazada y el puerto definido: calentará los ánimos a punto de ebullición, hará una prestidigitación de consulta pública y terminará por desaparecer al Poder Judicial, de suerte de poblarlo con jueces de consigna, a modo, abyectos y dóciles, concentrando en su persona, así, todo el poder. No habrá quién lo limite en su sueño de hacer historia aunque nos cueste las libertades, los derechos y el país.




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