Combate permisivo

Retomo el tema de ayer. Al discurso oficial le faltan claves propias de un Estado de Derecho y de autoridad.

No habla de que robar es un hecho antisocial e infamante. No robarás es una máxima porque merma injustamente el trabajo de otro o de todos. Resulta contradictorio sostener todo el aparto del gobierno sobre la lucha contra la corrupción y no admitir el robo como una de sus especies. Pareciera que hay de corrupciones a corrupciones, si el que roba es un alto funcionario es un corrupto y merece, no obstante, ¡perdón y olvido! pero si el que roba, roba combustible y es una persona en condiciones de precariedad, no hay corrupción y, al contrario, merece expiación y, por qué no, ¡indemnización! El simple planteamiento es esquizoide y, sin embargo, es oficial.

Tampoco se dice que robar combustibles es un delito penado por la ley, que por iniciativa de este gobierno es considerado grave, es decir, que lleva al infractor directo a la prisión preventiva, aún antes de ser oído y vencido en juicio; que es un ilícito controlado por el crimen organizado, lo cual implica un riesgo supremo, y, por si fuera poco, es una acción inflamable, altamente peligrosa por las substancias que se manejan. No es pues una actividad para niños, ancianos ni mujeres; no es para un happening de fin de semana, ni para kermesse. Es un riesgo alto por donde se le vea.

El propio Ejército, encargado ahora de su combate, enfrenta un riesgo para el que no está preparado. Su enemigo es el crimen organizado, no un ejército; la tecnología le es ajena, sus protocolos desconocidos; las implicaciones de enfrentar turbas auspiciadas por los delincuentes, con mujeres y niños por delante y ante dramas como el de Tlahuelilpan ponen a las fuerzas armadas en condiciones de desgaste alto y peligro.

Tampoco habla el discurso oficial de las atenuantes propias de ser obligado a delinquir, situación en la que se hallan muchos compatriotas, o bien de las circunstancias de pobreza en que se encuentran. Atenuantes que, sin embargo, no eximen al cumplimiento de la norma, ni de la imposición de una sanción.

Las políticas públicas anunciadas al respecto son de suyo clientelares, asistencialistas y electoreras: te pago para que no robes, cuando debieran formar parte de un cuerpo de políticas de desarrollo y bienestar social de largo aliento que se orienten a atender las causas y no las conductas consecuentes. No se trata de pagarte para que no lo hagas, sino de brindarte las oportunidades para que desarrolles tus potencialidades y triunfes en la vida y en la felicidad, protegida del crimen organizado y sin condiciones de riesgo.

Hay en la concepción y diseño de las políticas públicas una visión paternalista, permisiva y, repito, clientelar.

Tampoco existe en el discurso oficial un compromiso con la cultura de la legalidad. Compromiso al que constitucionalmente está sometido, al haber protestado guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. No le es una facultad potestativa, es su más alta obligación constitucional.

En el trasfondo, pero sin dejar de estar presente, persiste una visión distorsionada de la autoridad. Tantos años de pelear contra ella terminaron por hacerles comprar su propia narrativa propagandística de que todo acto de autoridad es represivo. Si el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza es porque alguien en la sociedad debe hacer cumplir la ley y sancionar a su infractor, incluso, con el uso de la fuerza que otorga y regula la ley. Es ese alguien, o es la ley de la selva. O el Estado vela por mi seguridad o tenemos todos que estar armados y dependerá de la capacidad de fuego de cada quien. Para que el Estado garantice la seguridad de todos es que se le otorga la facultad del uso legítimo de la fuerza, sin que ello sea un cheque en blanco, toda vez que es él, el Estado, el primero en estar sometido al derecho.

No obstante, resulta que para López Obrador todo uso de la fuerza es represivo, lo cual es falso y, en todo caso, requeriría prueba casuística. Nada por la fuerza, repite todos los días, todo por la ley y el derecho. Pues bien, la ley y el derecho lo obligan a aplicar la fuerza legítima del Estado contra quien los viole. No es la fuerza bruta y desmedida, no es la potestas, el poder descarnado y sin control; es la fuerza de la ley, la autoritas, la autoridad legitimada por las elecciones que lo llevaron al poder y el reconocimiento y amplio apoyo ciudadano.

Nada por la fuerza, pues, no significa no cumplir la ley, incluso, de ser el caso, con toda la fuerza del Estado. Otro parecer sería violatorio de sus obligaciones, del derecho, de la ley, del Estado de Derecho, de sus atribuciones constitucionales, de la seguridad de la sociedad a su cargo, del mandato recibido en las urnas. Para ello fue electo, para gobernar con la ley y con la fuerza de la ley, de ser el caso. No le es potestativo, le es forzoso. No hacerlo implica incurrir en responsabilidad, no abuso del poder por omisión.

Similar ausencia de cultura de la legalidad encontramos en el tema de la CNTE en Michoacán con 150 trenes secuestrados, con cifras de ayer. La narrativa presidencial es si el pago que, desconocemos si legítima o ilegítimamente demandan por la vía de hechos violentos y constitutivos de delitos, es un préstamo o no al gobierno del Estado, sin mención de los ilícitos perpetrados y condición de levantar de inmediato los bloqueos de vías férreas, liberar trenes, carga y respetar el Estado de Derecho y los derechos de terceros, a riesgo de enfrentarse a la fuerza de la ley a cargo del gobierno.

Nuevamente aquí encontramos una actitud paternalista y permisiva de está bien, te vamos a pagar, sin hacerse cargo de los ilícitos y de los correctivos necesarios para disuadir dichas conductas, omisión que incita a persistir por la vía de los hechos delictivos institucionalizándolos tácitamente.

Pareciera que todo se reduce a quién paga, sin mientes a las conductas antisociales que despliegan, sus consecuencias sociales y las violaciones implicadas.

Por qué sí combatir a unos y a otros no; quién y cómo decide a quién sí y a quién no, cuando la ley no distingue, porque la ley, por definición, es genérica, obliga a todos por igual. ¿O no?



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