Guarderías, ¿servicio público o dádiva política?

El tema de las Guarderías muestra de cuerpo entero el paradigma de gobierno que sustenta López Obrador, un gobierno paternalista, clientelar, populista y de férreo control político.

Para él el servicio público se reduce a entregar dinero a cambio de fidelidad política, dependencia y, por supuesto, sumisión.

Nada más que es muy diferente la circunstancia de un NiNi o adulto mayor, que el de una madre urgida de un lugar de confianza donde dejar a sus menores durante su jornada laboral.

La guardería es un servicio público a cargo del Estado, es un apoyo a las madres y padres, además de una atención cuidada y vigilada a menores.

Bajo el monotema de la corrupción (de un uno por ciento en el caso concreto de este programa), López Obrador decidió cancelar el servicio público de guarderías. Con ese criterio, el gobierno todo debiera cerrarse.

Pero vayamos al fondo del asunto. López cree que a las madres y padres, supuestamente beneficiados por su política clientelar de darles dinero directamente, los va a llenar de felicidad, agradecimiento y lealtad política hacia él. Cuando puede que logre todo lo contrario, habida cuenta que los padres no reclaman dinero en efectivo, sino un servicio público eficaz y confiable, además de cercano a sus hogares o lugares de trabajo.

Hoy la madre y padre con necesidad de dejar a sus hijos en las guarderías no las van a encontrar, porque el servicio público de guarderías ha sido cerrado; en contrapartida va a recibir dinero para que ellos paguen las guarderías directamente, pero ¿cuáles, si ya cerraron?

Hablamos de nueve mil 565 estancias y al rededor de 329 mil 753 infantes (entre dos y cuatro años), cuatro mil de ellos con problemas de discapacidad, a lo largo y ancho de 294 municipios.

Pongamos otros ejemplos. Nada más corrupto que el ejercicio del presupuesto en educación. Valga señalar a la SNTE, CNTE y la ahora aliada política del Presidente, Elba Esther Gordillo, para acreditarlo. Bajo ese criterio debieran cerrarse todas las escuelas públicas y repartir el dinero entre los padres de familia para que ellos, con ese dinero, manden a sus hijos a la escuela de su predilección. ¿Cuál, preguntaran los beneficiados con cheque en mano, si ya no habrá escuelas públicas? Por otro lado, ¿cree Usted que las escuelas privadas van a abrir planteles en zonas rurales o colonias populares y en número suficiente para cubrir la matrícula?

Cerremos las policías y démosle dinero al ciudadano para que pague su seguridad personal; los hospitales y, por igual, repartir el presupuesto de salud para que paguen los ciudadanos directamente y sin intermediarios ni corruptelas sus necesidades de salud. O el Metro.

Vamos al campo, donde la medida ya se está aplicando: ningún peso a organizaciones campesina, todo directamente al hombre del campo, desconociendo que no todas las organizaciones campesinas son Antorcha Campesina. Las hay de diversas naturalezas y responden a necesidades y derechos de los hombres y mujeres del campo para producir, procesar y comercializar sus productos organizada y comunalmente, de suerte de alcanzar economías de escala, optimizar labores, tecnología y maquinaria, defenderse de líderes corruptos, coyotes y autoridades. Las razones pueden ser diversas, lo importante es que la asociación es un derecho humano reconocido por la Constitución que, por la vía de los hechos, el Presidente está violentando, de suerte de dejar al individuo solo, aislado, indefenso frente al Estado, sujeto a la dádiva política, siempre posible de ser retirada, suspendida, o perdida, si el comportamiento político del beneficiario no le es propicio o cómodo al gobernante.

Regresemos a las madres demandantes de guarderías, sabe Dios cuándo podrán gozar de la cadena al cuello clientelar del apoyo personalizado, habida cuenta que el gobierno no tiene hoy por hoy un padrón de madres con necesidad de guarderías. Por otro lado, si de recibir dinero se trata, todas aquellas personas que quieran sacar raja del ofrecimiento populista de López Obrador se va a inscribir, requieran o no el servicio, lo puedan pagar o no, básteles con tener hijos en edad de guardería para sangrar al gobierno. Pero de qué les servirá el dinero a los que sí necesiten el servicio público de guarderías, cuando finalmente lo reciban, si no habrá guarderías de confianza y cercanas a su domicilio, habida cuenta que fueron cerradas. ¿Qué dirán los padres entonces, preferirán el dinero o demandarán el servicio? No hay nada más caro que lo que no existe en el mercado.

¿Y qué decir de las mujeres y hombres que perderán su trabajo en la ignominia, además, de ser señalados de corruptos sin previo juicio ni legítima defensa? ¿Ellos no cuentan? Pues no, ni los padres, ni los niños, ni el personal de guarderías, ni el empleo, ni la seguridad sanitaria; solo cuenta el control político de la dádiva gubernamental.

Esa es la visión de Estado de López Obrador, así percibe y valora el servicio público, como una opción más de cooptar lealtades políticas a cambio de dinero.

Y si para obtener ese dinero hay que desmantelar los servicios públicos, la planta productiva, el gobierno mismo, que se haga, que contra el control político nada.

¿Cuántos niños, madres y padres han sido expulsados de las guarderías y sobre que fundamentación y motivación jurídicas sustentables? ¿No es este un acto de autoridad indebidamente fundado y motivado? ¿No, acaso, procede el amparo colectivo?

Hay otra faceta que habrá que abordar en su oportunidad: ¿son los servicios públicos optativos o forzosos; hasta qué punto y bajo qué esquemas puede un gobernante disponer discrecionalmente de ellos, y qué responsabilidades legales, morales, administrativa y políticas pueden derivar de ello?



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