Robo de la calidad ejidal

Hay cosas que por su naturaleza no pueden estar en el comercio.

Tal es el caso de la ciudadanía; es una calidad que nadie puede vender. Hay quien con artificios legales se hace de una ciudadanía vía matrimonio, pero nadie puede vender su calidad de ciudadano, ni quien por factura o escritura la pueda adquirir.

La calidad ejidal es también inalienable. Se adquiere la calidad ejidal por aceptación del ejido o por sentencia del Tribunal Agrario, y para ello se requieren acreditar estar avecindado en el ejido con al menos un año de antelación.

Se adquiere también la calidad de ejidatario por sucesión.

En todo caso, la ley obliga a que el nuevo ejidatario resida efectivamente en el ejido, ya que la propiedad ejidal no es una propiedad lisa y llana, sino que es una propiedad que implica una vida en comunidad sobre la tierra.

Ejido, por tanto, no es tierra solamente; sino que es tierra en comunidad y, a la vez, es vida en común en un territorio determinado.

Las reformas constitucionales de 1992 permiten la cesión de derechos sobre tierras ejidales. Pero dichas cesiones sólo pueden ser de tierras y entre miembros del ejido.

El derecho a ser ejidatario no se puede transmitir por cesión de tierras.

Menos aún por cesión de calidad ejidal, porque tal figura no existe.

Pero ya ve usted que nunca falta quien se pasa de listo, y especuladores de tierras hallaron, primero, la forma de concentrar grandes extensiones, playas especialmente, a través de la cesión de derechos sobre tierras ejidales, a través de aceitar adecuadamente a los comisariados ejidales que manipulan las asambleas para admitir como ejidatarios a personas que no viven en el ejido y muchas veces ni siquiera lo conocen. Admitidos como tales, les autorizan las cesiones de derechos sobre tierras.

Lo anterior es de suyo una ilegalidad, pero como la voracidad no conoce límite, los especuladores de tierras encontraron la forma de hacerse, además de la tierra, con la calidad ejidal del cedente de tierras.

Déjeme explicarlo de otra manera: pongamos que usted me compra mi casa y con ella, además, mi ciudadanía; o compra Usted mi coche y, con él, mi licencia de manejo.

No obstante, por absurdo que parezca, en complicidad de visitadores de la Procuraduría Agraria y de registradores del Registro Agrario Nacional, si no es que de funcionarios de más alto nivel, se han venido efectuando en México robos de la calidad de ejidatarios.

Un ejidatario vende una parcela, y puede que conserve dos más; cede los derechos sobre su tierra a un tercero desconocido, generalmente a través de un intermediario coludido con el comisariado ejidal, y al hacerlo, aunque conserve tierra en el ejido y continúe viviendo en él, le quitan su calidad de ejidatario, como si ésta pudiera transmitirse con la tierra.

Déjeme ponerlo de esta manera: Usted vende un derecho real (sobre un bien mueble) y con ello enajena, además, un derecho personal (sobre su persona). De ser posible esto, Usted podría vender su paternidad, su ciudadanía, o su afición a un equipo de futbol.

Los ejidatarios, así, han sido despojados no sólo de su tierra, sino de su forma de vida y de su vida en comunidad.

Hoy hay muchos ejidos cuyas asambleas se rigen por cartas poder de personas que jamás han pisado el ejido. Los apoyos al ejido se reparten entre gente que no es ejidataria y las decisiones propias del ejido se toman fuera del ejido.

En esto existe el medro, la abulia y la omisión de una autoridad que es más zapatista de Zapata, en tanto que quiere seguir dominando a los ejidos como menores de edad, hasta en tanto no llegue un especulador que les aceite la mano. Apareciendo la corrupción, olvidado el paternalismo.

Valdría la pena que las autoridades agrarias verificaran en sus registros los domicilios acreditados de los ejidatarios que han comprado tierra del 92 para acá, o bien, de aquellos ejidatarios admitidos como tales por las asambleas ejidales en el mismo lapso. Si ponen la mira en ejidos con playas se van a llevar una amarga sorpresa.

En otras palabras, en México, a plena luz se roban la calidad agraria con el consentimiento de las autoridades encargadas de protegerlas.

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