Diputados impuestos, no electos

En las 14 elecciones de este pasado domingo, se consumó -una vez más- una lesa inconstitucionalidad, el robo del voto ciudadano y el abuso de ambos: voto y ciudadano.

Los responsables de estas conductas son -¿quiénes más?- los partidos políticos.

Partamos de una verdad de tamaño catedralicio: en México no hay irregularidad electoral que no sea perpetrada por los partidos políticos; ya como estrategia institucional, ya como acciones de Estado de gobiernos plegados a sus intereses, ya como actos aislados e individuales llevados a cabo al fragor del fanatismo partidario, o ya como locuras de candidatos desesperados o de gobernantes lerdos (que se reproducen cual virus, la verdad sea dicha).

Cada partido denuncia de sus adversarios conductas que le son, también, propias.

En este caso, sin embargo, no nos referimos a las conductas que ven en el ojo ajeno, como la compra y coacción del voto, el robo de urnas, el truqueo de escrutinios y cómputos, el incendio de casillas o la violencia contra ciudadanos funcionarios de las mismas.

No, el robo al que hacemos mención es uno sofisticado, generalizado, impune y cobijado por la ley. Lo que, de suyo, no le quita la ofensa de su rapiña ni su ominosa inconstitucionalidad.

Los partidos, todos, roban a los ciudadanos, todos, su voto de representación proporcional.

La Constitución establece un sistema de representación política mixto, en el que conviven los sistemas de mayoría relativa y representación proporcional. De igual forma, dispone dos votos, uno para cada elección y sistema.

Pongamos el ejemplo de los diputados locales electos en 13 de las 14 entidades este domingo. Por el sistema de mayoría relativa se elige al candidato más votado en un distrito electoral. Por el de representación proporcional, se debieran elegir un número determinado de candidatos de una lista estatal inscrita por cada partido. Dependiendo de su votación "en esa elección", cada partido tendría derecho a llevar al Congreso Local un número de diputados proporcional a su porcentaje en el total de votos.

Decimos que "se debieran" elegir diputados y que cada partido "tendría" derecho a llevarlos al Congreso, porque ni se eligen éstos, ni tienen aquéllos derecho de llevar diputados de representación proporcional a Congreso alguno.

¿Por qué? Porque la Constitución establece con precisión meridiana que el ciudadano tiene un voto para mayoría relativa y otro para representación proporcional, ya que son dos elecciones, no una, y dos sistemas, no uno.

En estas elecciones, el elector acudió a su casilla y le entregaron una sola boleta para la elección de diputados de mayoría relativa, pero ninguna para representación proporcional.

Sobre esa boleta, el elector solo pudo votar por el candidato de mayoría relativa de su distrito electoral "uninominal". Jamás votó sobre ninguna lista de candidatos "plurinominales", como lo mandata la Constitución.

Votar es elegir entre opciones y al ciudadano jamás le pusieron enfrente la opción de las listas de candidatos a diputados de representación proporcional. No eligió, no votó, no optó, no manifestó su voluntad sobre lista alguna.

Sin que nadie los haya electo los partidos llevarán a sus diputados de lista, porque, en abierta violación constitucional, toman el voto para diputados de mayoría y se lo adjudican –nos lo imponen, es el término preciso- en sus listas de candidatos de representación proporcional.

Sus listas, generalmente impresentables y vergonzantes, las esconden al reverso de la boleta de mayoría relativa, y en letras chiquitas, cual contrato leonino, señalan que el voto de mayoría sirve, por igual, para representación proporcional. Nada más que eso no dice la Constitución. Nos impiden el voto de representación proporcional y violentan y prostituyen el de mayoría relativa.

Ahora que, como cada elección, nuestros partidos nos atosiguen con denuncias de robos y fraudes, reclamémosles nuestro voto de representación proporcional e impidamos que nos impongan sus vergonzosas y ofensivas listas.

Ninguna representación política sin voto directo. No a la imposición de listas no electas.

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