POLÍTICA

El Estado inseguro

El Estado inseguro

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Publicado en Etcétera

La seguridad es ante todo una relación de hecho entre el individuo y la sociedad organizada en Estado, que se desdobla en una relación de justicia. La seguridad es la garantía de que nuestras personas, bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos y que, de serlo, la sociedad nos brindará protección y reparación. En sentido subjetivo la seguridad “es la convicción que tengo de la situación de que gozo no será modificada por la violencia, por una acción contraria a las reglas y a los principios que rigen la vida social. Pero la seguridad es un sentimiento subjetivo que se define en relación con la sociedad. Mi convicción subjetiva debe de estar fundada. ¿Sobre qué puede estarlo sino sobre la existencia de un Estado social que me protege? Interrogado el individuo responderá que su seguridad es la presencia de una policía, de una fuerza armada, de un aparato de justicia represivo. En este sentido objetivo, la seguridad se confunde con la existencia de un estado de organización social, de un orden social. Así el individuo vive en seguridad, como vive en sociedad.[1] Pero no en cualquier tipo de sociedad, sino la sociedad ordenada y organizada en Estado.

Para Maquiavelo lo que el Stato, como obra suprema de sabiduría, ofrece al hombre es la seguridad. Un Estado inseguro sería a su juicio un contradictio in terminis.[2]

Hobbes, recordemos, inicia la segunda parte de su Leviatán afirmando: “El fin del Estado es, particularmente, la seguridad”. Ello obedece a que todo su edificio teórico se funda en un acendrado pesimismo que sólo le permite ver en la naturaleza humana el egoísmo, al homo homine lupus –concepto que por cierto toma del libro octavo de la República de Platón, homo homine lupus, cuya vida, es un estado de pura naturaleza, “es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve”,[3] y se halla en una condición de guerra permanente de todos contra todos. “Es sabido -nos dice- que entre las armas las leyes callan,[4] que el ejercicio de la ley sólo se da en la paz y la seguridad, a la que los hombres se inclinan por el “temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para la vida confortable, y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo".[5]

Así, por cálculo racional, cada individuo renuncia al uso privado de su fuerza a favor del soberano que se convierte en el único titular del derecho a disponer de ella.

El Estado nace pues de la necesidad de sustituir la pluralidad de los poderes individuales por la unidad de un “poder común”, concepto hobbesiano que Weber, como buen economista, tradujo en “monopolio de la fuerza”.

Para Bobbio “el uso de la fuerza física, aun en última instancia, aún como extrema ratio, es el carácter específico del poder político. El Estado puede ser definido como el detentador del poder político y, por tanto, como medio y fin de acción política de los individuos y de los grupos en conflicto entre sí, en cuanto es el conjunto de las instituciones que en un determinado territorio disponen, y están capacitadas para valerse de ella en el momento oportuno, de la fuerza física para resolver el conflicto entre los individuos y entre los grupos. Y puede disponer, y está capacitado para utilizar, de la fuerza física por cuanto tiene el monopolio de la misma".[6]

Recordemos que al concepto de Estado pura potencia Locke le impone la necesidad de una “ley establecida, aceptada, conocida y firme que sirva por común consenso de norma para lo justo y lo injusto, y de medida común para que puedan resolverse por ella todas la disputas que surjan entre los hombres (…) de un juez reconocido e imparcial, con autoridad para resolver todas las diferencias, de acuerdo con la ley establecida, (y) de un poder suficiente que respalde y sostenga la sentencia cuando ésta sea justa, y que la ejecute debidamente".[7]

Leyes y frenos diría el barón de Secondat “frenos y contrapesos” –según se popularizó su teoría- para “combinar las potestades, regularlas, atemperarlas, hacerlas actuar: dar, por decirlo así, un lastre a cada una para ponerla en condiciones de resistir a las otras".[8]

Estado de derecho coactivo, pues, donde el poder se ejerce por normas generales y abstractas, “que establecen quién está autorizado a ejercer la fuerza, cuándo, o sea, en qué circunstancias, cómo, o sea a través de qué procedimientos (…), y en qué medida, lo que tiene como consecuencia que deba haber una determinada proporción, establecida de una vez por todas, entre la culpa y el castigo. A diferencia de los que ocurre en el Estado despótico, en el Estado de derecho es posible distinguir no sólo la fuerza legítima de la ilegítima (considerando legítima cualquier acción que provenga del soberano, o sea, del que tiene el poder efectivo), sino también de la fuerza legal de la ilegal, o sea, la fuerza usada basándose en leyes preestablecidas y la fuerza utilizada contra las leyes".[9]

Paradójicamente, el mayor problema que se presenta al Estado de derecho es crear espacios e instituciones que permitan dirimir el mayor número de conflictos sin recurrir al uso legítimo de la fuerza. Esto es, además del Estado derecho, el Estado democrático. Para Bobbio, “utilizando un lenguaje funcionalístico se puede decir que el método democrático es el sustituto funcional del uso de la fuerza para la solución de los conflictos sociales. Un sustituto no exclusivo, pero del que no se puede desconocer su enorme importancia para reducir al ámbito del puro dominio: el debate en vez del enfrentamiento físico, y después del debate el voto en vez de eliminar físicamente al adversario. Mientras la institución del Estado de derecho influye sobre el uso de la fuerza regulándola, la institución del Estado democrático influye en ella reduciendo su espacio de aplicación".[10] La democracia, recordemos, es a fin de cuentas “un conjunto de reglas para solucionar los conflictos sin derramamiento de sangre".[11]

Justicia y seguridad son los valores que justifican la vigencia de derecho y la existencia del Estado. Cuando estos imperativos axiológicos no se cumplen o, peor aún, cuando las fuerzas del orden son percibidas como instigadoras de la inseguridad, el Estado entra en crisis. No podrá acusarse de temerario al que afirme que la crisis de la justicia y seguridad por la que atraviesa nuestra sociedad es, por mucho, más grave que las económicas que hemos venido sorteando y tan dañinas como la social. La viabilidad del Estado mexicano se juega en la eficacia de sus instrumentos de seguridad y justicia.

Nuestra crisis de seguridad atenta contra el Estado en tanto depositario de la fuerza legítima; cada días es más evidente la extensión de la violencia privada y su capacidad de resistir a la violencia pública. “La seguridad -afirma Hobbes- es la razón de que los hombres se someten a otros, y si ésta no se da nadie entiende haberse sometido a otros y haber perdido el derecho a defenderse por su cuenta”.[12] Hoy, corremos el riesgo de fracturar la unidad del poder común en una pluralidad de poderes individuales, donde la ley y justicia respondan a la razón de la fuerza y no a la fuerza de la razón.

La inseguridad pone en entredicho al Estado de derecho y a su ejercicio exclusivo y legítimo de la fuerza; la inseguridad contra el Estado democrático induciéndolo a personas y a grupos a resolver violentamente sus controversias, forjando irreductibles sus posiciones, haciendo imposible procesar la diferencias sin romper el entramado de la armonía ciudadana, ni hacer volar en astillas los fundamentos de la convivencia política.

En este orden de ideas, no puede haber nada más antidemocrático y antijurídico que constituirse unilateralmente en garante y juez embozado y armado de la democracia.

La inseguridad conduce a la gradual suspensión de algunas normas características del Estado de derecho que, a su vez, agrava la crisis del Estado democrático dando paso a un círculo vicioso y suicida. La inseguridad que carcome nuestro tejido social despierta añoranzas; autoritarias unas, anárquicas otras.

Una de las paradojas del fin del milenio es la ingobernabilidad. La historia política ha consistido en ir arrancándole al poder los derechos individuales y sociales, normando su composición, regulando su fuerza, acotando su discrecionalidad, evitando su abuso. Los problemas con el poder habían sido siempre por su ejercicio extralimitado. Hoy, atestiguamos azorados un fenómeno diferente, la crisis que aqueja al Estado moderno no es por exceso sino por defecto; no es por un poder excedido sino deficiente; no es el mal uso sino el no uso del poder.

La ingobernabilidad es un fenómeno mundial que entre otras cosas se explica por la diferencia entre la demanda social y la respuesta estatal. Los hechos muestran que cada día le es más difícil al Estado, cualquiera que éste sea, satisfacer las demandas de grupos e individuos. Esto sin duda es consecuencia del avance de las democracias, éstas son regímenes que se sustentan en las libertades de pensamiento, expresión, reunión, asociación, participación y voto. Citando a López Portillo, las democracias convierten “las necesidades en demandas”; demandas organizadas: muy diferente fue la demanda de un acasillado en la hacienda porfiriana, de la que es hoy la de un obrero sindicalizado, la de una organización campesina, la de un partido político.

Sin embargo, día a día se constata que al Estado cada vez le es más difícil satisfacer los reclamos que individuos y grupos le formulan. Ante ello surgen voces contradictorias, hay quien recomienda la disminución forzada de la demanda, pseudosolución de corte autoritario; otros proclaman la sustitución del Estado por la sociedad civil y las fuerzas del mercado; algunos más el fortalecimiento y mejora del Estado en los servicios que presta.

Para los primeros la cura es matar al enfermo o, en el mejor de los casos, drogarlo para que permanezca en estado vegetativo. Su proposición, se suyo autoritaria, pondría en riesgo nuestra transición democrática, agravaría la inseguridad y amenazaría la viabilidad del Estado. Para los segundos lo adecuado es matar al doctor y para los terceros los procedentes es optimizar las condiciones de atención y medicación del enfermo.

La solución, es obvio, es la atención de las demandas, no su represión; es la vigencia del Estado de derecho, no su desaparición; es la eficaz aplicación de los instrumentos legítimos y legales de seguridad y justicia, no el retorno a la ley de la selva; es la reforma y modernización del Estado como organización política, no su extinción.

Quisiera, para terminar, detenerme en la proposición de quienes abanderan contra el Estado ese concepto amorfo e inasible que es la sociedad civil. La sociedad, según Jellinek, es el hecho positivo de la convivencia y cooperación humana sujeto a impulsos egoístas y altruistas que unen y separan al hombre como las fuerzas de la naturaleza lo hacen con la materia;[13] los jusnaturalistas partiendo de un concepto teórico ?como lo es el estado de naturaleza? conciben que los hombres se reúnen en un actuar unificado a través de pactos, contratos sociales que llevan a una sociedad civil de la que nacerá el Estado.

Hegel toma el concepto de sociedad civil como antítesis del de familia, para arribar a la síntesis de Estado. “La familia se escinde natural y esencialmente merced al principio de la personalidad, en una pluralidad de familias que se comportan recíprocamente como personas independientes, concretas y externas".[14] En la sociedad civil -nos dice-, antítesis de la familia, cada cual es fin de sí mismo; todo lo demás no es nada para él. Pero nadie puede cumplir sus fines en toda su extensión, sin estar relacionado con los demás; éstos, los demás, son por tanto, medios para el fin de lo particular. Pero el fin particular reviste, mediante la relación con los demás, la forma de los general y se satisface al satisfacer al mismo tiempo el bien de los demás".[15]

El Estado, pues, nace dialécticamente cuando lo particular se eleva a general. No puede confundirse Estado y sociedad civil, porque aquélla está implícita en éste y principalmente porque sería elevar la seguridad y protección de los fines particulares a fin último de la unificación social y, en ese caso, ser miembro del Estado equivaldría a caer dentro del capricho individual, a estar sujeto a intereses particulares.

Marx, haciendo caso omiso de lo anterior, equiparó y enfrentó a la sociedad civil con el Estado; para él aquélla representa los intereses del hombre y éste los particulares de los privilegiados. Los que ahora se envuelven en la sociedad civil, a su vez, ignoran el origen marxista de su tesis: hoy en día atestiguamos que cualquier interés que se enderece contra el Estado enarbola la diferencia sociedad civil-Estado, afirma la preeminencia de aquélla por sobre éste y, lo más importante y paradójico, se erige en su representante único, exclusivo y excluyente.

La sociedad civil soy yo, se dice en los púlpitos; no, soy yo, afirma algún partido; mienten, tercea una organización no gubernamental, sólo yo puedo hablar en su nombre. La sociedad civil y su garante soy yo, se nos comunica desde algún lugar de la selva lacandona, o la redacción de un periódico, o por los micrófonos radiofónicos, o las pantallas televisivas. Cada interés particular reclama para sí la titularidad absoluta de su representación, “porque se desarrolla por sí como totalidad”[16] dando razón a Hegel cuando afirma: “La sociedad civil en esas oposiciones y en su entresijo presenta, justamente, el espectáculo de la disolución, de la miseria y de la corrupción física y ética, comunes a entre ambas”, siendo necesario que lo “particular se eleve a la forma de universalidad, que busque y tenga de este modo su estabilidad".[17]

La estabilidad social sólo se puede aprehender por la forma que adopte: club, sindicato, Iglesia, clan, familia, Estado; pero la única organización que representa a toda la sociedad civil -en su forma de universalidad-, es el Estado con su personalidad jurídica y soberana; el Estado en tanto sociedad políticamente organizada; el Estado por cuanto comunidad constituida por un orden coercitivo: la ley como expresión objetividad de la voluntad colectiva, por encima de cualquier voluntad particular.

“La leyes -nos dice Locke- no se hacen porque sí, sino para su aplicación y para construir de ese modo los lazos con que la sociedad mantiene a cada parte del cuerpo político en su lugar y funciones debidas. Cuando éstas cesan por completo, es evidente que cesa también el gobierno, y el pueblo se convierte en multitud confusa y sin orden. Allí donde deja de administrarse justicia para salvaguardia de los derechos de los individuos, y no queda dentro de la comunidad un poder que maneje la fuerza y provea a las necesidades públicas, no ha quedado realmente ningún gobierno…”. [18]

El Estado pues, podrá consentir en la desmonopolización del poder económico e incluso ideológico, pero no puede consentir a la desmonopolización del uso de la fuerza física sin dejar de ser Estado; más grave aún, sin dejar de cumplir su función sustancial y primigenia: garantizar seguridad y justicia.

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[1] J.T. Delos, “Los fines del derecho: Bien común, seguridad, justicia”, en Los fines del derecho (Trad. Daniel Kuri Breña), Jus, México, 1944. p.79.
[2] Francisco Javier Conde, “El saber político de Maquiavelo”, Revista de Occidente, España, 1976. p. 103.
[3] Id. P. 110.
[4] Thomas Hobbes, El ciudadano, (Trad. Joaquín Rodríguez Feo) Debate, España, 1993. p.50
[5] Thomas Hobbes, Leviatán, (Trad. Manuel Sánchez Sarto) 4ª edición, Universitaria, Puerto Rico, 1968. p. 111.
[6] Norberto Bobbio. La crisis de la democracia y la lección de los clásicos, (Trad. Jordi Marfá), Ariel, España. 1985. p.6.
[7] John Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, Nuevomar, México, 1989, p. 82.
[8] Montesquieu, Carlos Luis de Secondat, El espíritu de las leyes (Trad. Nicolás Estévez), Porrúa, México, 1987, p. 44.
[9] Norberto Bobbio, op. cit. p. 11.
[10] Id. p.12.
[11] Norberto Bobbio, El futuro de la democracia (Trad. José Fernández Santillán), Fondo de Cultura Económica, México, 1986. p. 136.
[12] Thomas Hobbes, El Ciudadano, p.57.
[13] G. Jellinek, Teoría general del Estado (Trad. Fernando de los Ríos Urruti), Continental, México, 1956.
[14] Guillermo Federico Hegel, Filosofía del Derecho. (Trad Angélica Mendoza de Montero), Juan Pablos Editores, México, 1986, p. 170.
[15] Guillermo Federico Hegel, según cita de José López Portillo, Dinámica política de México, T.I. El vector indio, Planeta Mexicana, México, 1993, p. 150.
[16] Guillermo Federico Hegel, op. cit., p. 173.
[17] Ibid. pp. 172-173.
[18] John Locke, op. cit., pp. 120-121.




Luis Farias Mackey

Luis Farias Mackey

Ser o no ser, preguntó Hamlet. ¿Soy éste que soy?, preguntó Quetzalcóatl. La primera es una opción binaria: se es o no se es. La segunda es la trama de la vida misma: ser lo que se es. Mejor dicho, descubrir lo que se es, porque vivir es hurgar en el cielo y en las entrañas, en los otros -de afuera y de adentro-, del pasado y del presente, de la realidad y la fantasía, de la luz y de las sombras. Siempre somos un bosquejo. Nada más paradójico: el día que podemos decir qué somos en definitiva, es que ya no somos. Nuestra vida es una obra terminada, cuando cesa. Así que soy un siendo y un haciéndome. Una búsqueda. Una pregunta al viento.

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