Juridicidad electoral

Empiezo por reconocer los excesos, abusos, corruptelas y, en múltiples casos, ilegalidades de especímenes priístas -algunos, por desgracia, aún en impúdica circulación política- que han lacerado, avergonzado y deslegitimado política, función pública y partido.

Ni los niego, ni los olvido, ni los disculpo, ni los defiendo. Pero aún con la carga histórica de tan deleznables individuos y hechos, el IFE estaba obligado a sancionar al PRI, en el caso de los supuestos ingresos del Sindicato de PEMEX, por la comprobación de ese específico ilícito -lo que a mi juicio no aconteció- y no por afanes vindicantes, entendibles, más no justificables y menos legales.

Mi dilecto amigo Raúl Trejo Delarbre señala que el PRI no ha podido entender que la multa que le impuso el IFE fue por haber ingresado de "manera ilegal" 500 millones de pesos; que "culpa a la autoridad electoral por aplicar la ley" y, en vez de "admitir una culpa que es evidente", esgrime un "discurso marrullero y mentiroso" (Crónica 20 iv 03). Veamos: el PRI sí entiende la razón de los Consejeros, lo que no entiende -ni admite- es que no la sustenten en pruebas fehacientes, atropellen sus garantías de defensa y violenten el debido proceso de ley. El PRI sí entiende el antipriísmo de los Consejeros, lo que no entiende es que por ello sacrifiquen la imparcialidad y legalidad del IFE. El PRI no culpa a los Consejeros "por aplicar la ley", los culpa de violentarla.

Lo único evidente en la resolución es que los Consejeros no acreditan el ingreso del que culpan al PRI; lo presumen, lo desean, lo dogmatizan; no lo prueban. Posiblemente el mayor avance de nuestra legislación electoral radique en que todos los actos y resoluciones de la autoridad electoral son impugnables ante un tribunal de pleno derecho, como garantía contra las arbitrariedades que pudiera cometer. Acudir a la justicia, pues, no es marrullerismo. Reconozcamos el legítimo derecho de defensa que le asiste a todo partido y admitamos la posibilidad -empíricamente demostrada en otros casos- de que los Consejeros del IFE puedan actuar (u omitir) parcial, ilegal y dogmáticamente.

El Tribunal habrá de resolver: si confirma la multa, el PRI tendrá de pagar en monetario, legitimidad y votos; pero si no, tocará a los Consejeros Electorales (que no al IFE) asumir su responsabilidad legal, política, ética e histórica.

PS.- Y ahora que Creel salió a defender a sus chiquillos del IFE, ¿dónde están los autonomistas de antaño? Pussss en el gobierno.