Derecho Divino de la transición

Para Bodin, abogado hugonote que expresa la rebelión nacionalista en contra del poder papal, el Estado es soberano y la soberanía implica un "poder superior sobre los súbditos y ciudadanos no sometido a leyes". Poder no sometido a leyes, decía, porque el soberano es la fuente de la ley y resulta ilógico que el creador se someta a su criatura. Él acuñó el concepto legibus solutos, donde solutos quiere decir suelto, independiente respecto de la ley política.

Este esfuerzo permite liberar el poder secular del poder papal. Separación, por cierto, que hoy Fox y Medina Plascencia buscan eliminar en beneficio del poder religioso. Eso sí, sería la pérdida de más de un siglo.

La soberanía, pues, era del monarca y éste no le debía sumisión a poder religioso alguno. Así, liberadas, las monarquías devinieron en absolutas y reclamaron para sí un derecho divino. Jacobo I de Inglaterra proclamaba que "los reyes son imagen viva de Dios en la tierra", "no sólo son lugartenientes de Dios sobre la tierra, y se sientan sobre el trono de Dios, sino que aún el propio Dios los llama dioses". Los reyes, continúa, "fueron los autores de las leyes y no las leyes de los reyes".

Luis XIV, más tarde, repetiría en sus memorias, ser lugarteniente de Dios y que como tal sólo reverenciaba a una potencia superior, "de la cual la nuestra -le dice a su hijo para quien las escribe- es parte". "El rey representa a la nación entera y cada particular no representa otra cosa que un solo individuo respecto al rey. Por consecuencia todo poder, toda autoridad reside en manos del rey, y sólo debe haber en el reino la autoridad que él establece. Sed el dueño; escuchad, consultad a vuestros consejeros, pero decidid. Dios, que os ha hecho rey, os dará las luces necesarias, en tanto que mostréis buenas intenciones".

Contra este poder trascendente se levantan, primero, los monarcómacos con su vindicae contra tyrano (1579) y empieza la larga lucha por el poder inmanente que, como reza nuestra Constitución, "reside esencial y originariamente en el pueblo". Poder que no es divino, ni deviene de Dios, dimana del pueblo y se instituye para su beneficio.

Ya Juan de Mariana afirmaba en sus tiempos que la comunidad tiene el poder de controlar y destituir a los gobernantes que no cumplen con la función que les corresponde, rescatando con ello la máxima de San Isidoro de Sevilla: Rex eris si recte facias; si non facias non eris (Rey eres si obras rectamente; si no lo haces, no eres Rey). Llegaría Rousseau quien desplaza definitivamente la soberanía al pueblo, en forma inalienable e indivisible. El soberano ya no es el rey, sino el cuerpo colectivo resultado del pacto de asociación y que deriva su existencia de la legitimidad de éste. La soberanía es sólo el conjunto unitario de hombres, el pueblo que se asocia colectivamente, no el rey, "sólo el pueblo es soberano, en cuanto a ser colectivo".

No obstante, así como los cristeros trasnochados (Fox y Medina, por sí hubiese duda) pretenden rescatar los viejos poderes eclesiásticos y la lucha fratricida consiguiente, hay quienes pretenden recuperar el derecho divino de su cargo y función.

Atestiguamos la apelación al derecho divino de la transición, en cuyo nombre y propósito todo es legítimo y posible. El poder, bajo esta concepción, no dimana del pueblo, sino de la transición; no se somete a las leyes, antes bien éstas deben plegarse a los designios de la transición. Es un poder primigenio y absoluto que resiste y, de ser necesario, avasalla cualquier interés contrario al bien supremo de la transición.

Por la soberanía (Bodin) los monarcas se independizan del Papa y se convierten en absolutistas. En nuestro caso, por la autonomía (Creel) los consejeros se independizan del Estado de Derecho y se convierten en deidades. Parafraseando a Jacobo I, son lugartenientes de la transición sobre la tierra, y se sientan sobre el trono de la transición, aún la propia transición los llama democracia, autonomía e independencia.

Al decir de Luis XIV, la transición los ha hecho consejeros y les dará las luces necesarias, en tanto muestren buenas intenciones. Nótese que son las buenas intenciones las que cuentan y no el apego a la ley en el ejercicio de su función pública, toda vez que son legibus solutos, libres ante la ley. Nótese también que sólo basta con "mostrar" buenas intenciones, no necesariamente lo tienen que ser. Ya se los indicó Luis XIV: "sed los dueños."

Está visto que a los consejeros electorales las leyes no les son aplicables, que no hay autoridad que reconozcan, que el pacto (¿reparto?) de las fuerzas políticas que les dio vida no fue para encargarles una responsabilidad pública de Estado, en un Estado que suponíamos de derecho y moderno, sino para recuperar el derecho divino de los gobernantes ciudadanizados. ¡Bienvenidos al absolutismo democrático! (aunque no ilustrado).

Yo, por lo pronto, me quedo con Mariana: la comunidad puede controlar y destituir a los gobernantes que no cumplan su función, más aún si violan la ley a las que están sujetos, y con Isidoro de Sevilla: Rex eris si recte facias; si non facias non eris.

Tras haberse conocido las observaciones hechas al IFE por la Contaduría Mayor de Hacienda, por irregularidades en su cuenta pública, existe la prensión que los consejeros electorales quieran también destituir al Contador Mayor de Hacienda por atentar contra su autonomía e independencia.

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