Farol de la calle, oscuridad en su casa

Los tiempos cambian, ni duda cabe.

Ayer, 1997, la moda fue el "nuevo IFE", fantasía mediática contra (otra fantasía) "el IFE del viejo oficialismo". Hoy, lo que rifa es el "otro IFE", diseño de los consejeros electorales contra la voluntad del legislador y la ley.

El legislador dispone que los consejeros presidentes de los consejos locales deberán tener una residencia mínima de dos años en la entidad federativa en que se desempeñen, y los consejeros decidieron que no. En 17 entidades, más de la mitad del país, los consejeros presidentes de consejos locales no tienen ni una semana de residencia y conocimiento del entorno en donde van a coordinar los trabajos de la elección. Habrá que recordar que los consejeros presidentes son, además, vocales ejecutivos de la Junta Ejecutiva Local y, por tanto, cumplen una función estratégica.

Nadie ha podido explicar por qué en 17 entidades no pudo encontrarse a alguien de la localidad para ocupar ese cargo, siendo que existen en ellas miembros del Servicio Profesional Electoral con dos y hasta tres elecciones de experiencia, cursos permanentes de capacitación y evaluaciones anuales de desempeño; además de ciudadanos de cada entidad que por la vía del concurso abierto optaron también por dicho puesto.

Nadie ha podido explicar qué gana el IFE con hacer una carambola de seis bandas moviendo al vocal de Yucatán a Campeche y al de Campeche a Yucatán, entre otros, cuando los seis vocales ejecutivos readscritos habían aprobado todas y cada una de sus evaluaciones y desconocen el medio en el que ahora tendrán a operar. No existe en el Acuerdo motivación alguna que acredite o al menos explique el porqué, menos aún ha habido la atención de aclararles a ciudadanos, autoridades y dirigencias partidistas estatales las razones de lo que parece una ocurrencia, más que una necesidad del servicio, al menos hasta que se acredite lo contrario.

Esperamos que a estos 17 funcionarios foráneos se les aclare, desde ahora, que sus viajes de fin de semana a casa no corren por cuenta de la institución. Habrá que ver, sin embargo, qué pasará cuando alguno de ellos solicite financiamiento público con cargo al IFE para viajar y pagar dos años después, sin recargo alguno, aduciendo el precedente obsequiado al señor Cantú.

El legislador dispuso un Servicio Profesional de Carrera no sólo para seguridad en el empleo de los funcionarios, sino principalmente de la ciudadanía en los encargados de organizar las elecciones. Sin embargo, nadie ha podido explicar por qué se destituyó a los vocales ejecutivos de Chihuahua y Michoacán, entre otros vocales de cartera diversa. Todo mundo sabe que les fue arrancada la renuncia bajo presión.

El legislador dispone que la organización de las elecciones se rija por los principios de objetividad e imparcialidad, entre otros; los consejeros han nombrado en Coahuila a una vocal ejecutiva con el único mérito de ser amiga de Cantú. En Jalisco designaron a una
consejera electoral, María Marván, que es asesora de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local e integrante del engendro mal llamado grupo de "Notables", formado por las oposiciones para resolver la alianza antiPRI. ¿Puede ser esto garantía de imparcialidad y objetividad?.

Los vocales a nivel local y distrital son personal permanente y profesionalizado, por ley y lógica tienen derecho a voz en los consejos locales y distritales, principalmente porque ellos son los que saben, conocen y tienen experiencia en la materia. Los consejeros, por su
parte, les han impuesto una ley mordaza. En la casa de la democracia se niegan los valores democráticos o, como quien dice: ¡farol de la calle y oscuridad en su casa!

Resulta ahora que el que tiene la experiencia, el profesional, el experimentado, el que ha pasado todas las evaluaciones por su desempeño debe guardar silencio ante consejeros, que sólo funcionan durante el proceso electoral y su única función es asistir a las sesiones de Consejo.

La Constitución mandata que el Instituto sea profesional en su desempeño; los consejeros han dispuesto que sea ciudadanizado, a costa de la legalidad y el profesionalismo. ¿Cómo serlo si el profesional no puede hacer uso del derecho de voz que la ley le otorga para ilustrar al consejero? ¿Cómo se puede ser legal, si se viola una disposición expresa de la ley? ¿Qué gana el IFE con estas muestras de intolerancia y de odio hacia su personal de carrera?

El Cofipe señala -con precisión de reglamento- cómo realizar el cómputo distrital; los consejeros quieren digitalizar las actas de casilla y cambiar el procedimiento de cómputo establecido en la ley.

Ahora podemos vislumbrar para qué quiere 132 millones de pesos en equipo informático, 71 en servicios de informática y 128 en servicios de asesoría de informática y estudios, cuando en 1997 se ejerció un presupuesto considerable para infraestructura informática y todo el equipo de cómputo utilizado en 1994 permanece, desde entonces, en bodega sin uso ni provecho alguno.

Pero digitalicemos las actas, por qué no también las boletas. Es más, que a cada ciudadano mexicano en el mundo se le dé una computadora para votar por Internet, que al fin y al cabo para eso (y otras cosas, como se ha podido observar) se tiene autonomía presupuestaria.


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