Ser o no ser

El Estado de Derecho es una institución que surge de la lucha del individuo contra el poder político. Me explico: la política no es otra cosa que la regulación y control de la dominación del hombre por el hombre.

Vivimos en sociedad, ése es un hecho, y necesitamos hacerlo ordenada y organizadamente, es otro. En esa normatividad y organización social existen hombres que realizan actos individuales que tienen una calidad pública, toda vez que no los ejecutan en tanto individuos y por cuanto su arbitrio personal, sino en el ejercicio de una atribución pública y, por ende, con un propósito político, es decir, común a la polis.

Esos actos, son actos de poder, generalmente conocidos como de autoridad. Luego entonces, existen hombres que con carácter de autoridad ejercen poder o dominio sobre otros hombres. La política tiende a regular estos actos y el Estado de Derecho es el derivado histórico de ese control y regulación. Cualquier estudiante de preparatoria lo sabe.

¿A quién y cómo somete el Estado de Derecho? Primigeniamente al Estado y lo hace sujetándolo al derecho.

¿Cómo surge esta figura? Surge de la lucha del individuo frente al poder político.

¿Qué tutela el Estado de Derecho? Las libertades y derechos de los individuos sujetos al poder de los hombres que ejercen las funciones de gobierno, consideradas éstas en su concepción más amplia (administrativa, legislativas y judiciales).

Luego entonces, el Estado de derecho sujeta el Estado AL Derecho en protección de las libertades y derechos de los individuos.

Esto tan sencillo no logran entenderlo los consejeros electorales.

Ellos, según pudimos constatarlo ayer, participan en el Consejo General del IFE como individuos que tienen frente al Estado un haz de derechos, garantías y libertades, que pueden ejercer sin limitación alguna.

Para el PRI, sin embargo, (también para la Constitución, valga señalarlo) están allí en condición de autoridad sujeta a la Ley. El IFE es un órgano de Estado, en un Estado de Derecho. Los consejeros cumplen una función pública, de Estado, atribuida, normada y controlada por la ley, para beneficio y en garantía de los individuos y organizaciones sobre los que tengan que aplicarse sus actos y resoluciones, que no son, repetimos, los propios de individuos en el ejercicio de sus libertades, sino de autoridades en el cumplimiento de atribuciones legales.

El señor Cárdenas (y compañeros) insiste en que nadie le puede conculcar su derecho de expresión, confundiendo papeles. Como individuo puede ejercer su derecho de expresión. Aún así deberá hacerlo con respeto a la ley y a los derechos y libertades de terceros. No existen libertades absolutas, todas están sujetas al ejercicio de las libertades de los demás y a las obligaciones que la ley nos impone. Si el individuo Cárdenas, en ejercicio de su libertad de expresión, causa agravio a un tercero, deberá ser sometido al imperio de la ley y no podrá alegar su libertad de expresión si con ella cometió un ilícito.

¡Ah!, pero si el funcionario público Jaime Cárdenas, en ejercicio de sus atribuciones públicas, pretende escudarse en su libertad de expresión como individuo para extralimitarse en el ejercicio de sus atribuciones legales como funcionario, cae en ilícito y debe ser sujeto a proceso y sanción. No en balde ha promovido un amparo contra la resolución del ex contralor que lo sancionó por similar despropósito.

Finalmente, lo declarado por Jaime Cárdenas en el sentido de que un artículo del COFIPE, según su parecer no es válido y, por tanto, no debe observarse, atenta contra la certeza y seguridad jurídica, así como contra el sano juicio.

Cuando a una autoridad obligada a acatar y aplicar la ley empieza a declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un ordenamiento, sin tener atribuciones legales para ello, y a decidir a discreción que norma sí aplica y que norma no, se pervierte el edificio legal, el ciudadano no tiene certeza frente al Estado de sus derechos y obligaciones, ni a qué atenerse finalmente, el Estado De derecho desaparece.

Estamos, pues, frente a un sujeto que goza de todos los beneficios de la autoridad, pero que no reconoce para sí ninguna obligación. Es Estado cuando le conviene y cuando no es individuo que le exige al Estado, a quien él representa en ese momento, el respeto a sus derechos y libertades que juzga ilimitados, aunque con ello violente el orden legal y las libertades y derechos de los demás. Y cuando no, alega que cualquier exigencia a él o al órgano del que forma parte es un atentado contra la democracia, la autonomía, la independencia y, quién sabe, tal vez mañana, alegue también violación a sus libertades de credo.

Decídase don Jaime, o es Estado o es ciudadano, pero no puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Principio lógico supremo para el que no se requieren doctorados en derecho para entender.

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