De fantasmas electorales

Se habla mucho de que en las elecciones mexicanas los muertos votan. No puedo afirmar que en nuestro pasado los electores de panteón no formen parte de esa historia negra, madre de la incredulidad e ilegitimidad que padecen nuestros procesos electorales y que tanto trabajo nos está costando revertir.

Sin embargo, hoy en día no podría avalar tal afirmación: para que un muerto vote, aún vivo debe de votar dos veces y ello implica violar los controles que se llevan con la credencial para votar con fotografía, con la lista nominal de electores, con el entintado del pulgar derecho del elector, con el marcado de su credencial, con la presencia de representantes de partido y observadores electorales; sin descontar que se requieren -por lo menos- dos temerarios dispuestos a ir a la cárcel: el (los) funcionario(s) electoral(es) que lo permite(n) y el propio infractor.

Comentando el tema con el señor Huu Dong, coordinador del Equipo Técnico de las Naciones Unidas, veíamos que a nivel mundial los padrones suelen ser más bien instrumentos excluyentes de electores derechosos que incluyentes de electores fantasmas. Como ejemplo baste voltear al norte, donde sólo el 55% de los ciudadanos norteamericanos están inscritos en un padrón que excluye a su población negra, latina y asiática.

En México las cifras del padrón y su validación por 38 auditorías acreditan que éste no es el caso; más aún, las verificaciones en campo muestran que de cada cien electores inscritos en las Listas Nominales se encontraron en sus domicilios a noventa y siete.

Adicionalmente, producto de ese pasado que algunos quisieran aún presente, sea para beneficiar a algún partido o para desprestigiar la elección, hoy nuestra legislación cuenta con estrictos controles: un Listado Nominal auditado y en manos de los partidos políticos; la presencia en casilla de hasta 18 representantes de partido propietarios (dos por cada partido) y nueve suplentes (uno por partido); la de los representantes generales, uno por partido por cada diez casillas urbanas o cinco rurales; el derecho ciudadano que pueden ejercer los observadores electorales; una tinta indeleble probada y certificada por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, cuya efectividad ha causado sorpresa a la misión de la ONU, a grado tal de que la quieren recomendar a otros países; la obligación de los funcionarios de casilla de marcar la credencial en el recuadro de la elección federal de 94 y de anotar en la Lista Nominal a quienes de los electores ejercieron su derecho al voto.

Pero además, está la tipificación de conductas delictivas que sancionan con diez a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien vote más de una vez en una misma elección, y con cincuenta a doscientos días de multa y prisión de dos a seis años, al funcionario electoral que permita o tolere a sabiendas que un ciudadano emita su voto cuando no cumple con los requisitos de ley, o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales.

De probarse que el delito fue acordado o preparado los delincuentes no tendrán derecho al beneficio de la libertad provisional.

No faltará el dogmático que a todo esto conteste que aún así es posible que los muertos voten y tendría que contestarle que sí, que es posible que la ley se viole, de no ser así no existirían prohibiciones y sanciones.

Sin embargo, lo más importante no es la posibilidad de que la ley sea violada, sino el derecho que la misma nos otorga para que con la participación ciudadana lo evitemos y, en su caso, lo denunciemos y exijamos la aplicación de la pena y la anulación de la votación recibida en la casilla violada.

No olvidemos: a los males de la democracia sólo, se les combate con más democracia.



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