Cuarto poder

Sin duda alguna el próximo gobierno habrá de enfrentar, como una de sus primeras asignaturas, una reforma electoral integral que, entre otros temas, atienda la creación de un cuarto poder encargado de la organización y calificación de las elecciones sin dependencia de los otros tres clásicos poderes del Estado de Derecho: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

A primera vista resulta ilógico pensar que después de tres reformas constitucionales, seis al Cofipe y dos al Código Penal (hasta hoy, quién sabe mañana) fuese recomendable que la próxima administración federal se aboque de nueva cuenta a otra reforma electoral.

Sin embargo al hacer un análisis sereno de todas estas modificaciones, uno se percata que ellas han respondido más a mil y un chantajes y negociaciones partidistas que a un propósito integral; que nuestra legislación electoral es un complejísimo manojo de llaves, candados, cerraduras y trancas, hija de la desconfianza y el agandalle; que si bien han habido avances éstos requieren aún pasos adicionales y, lo más importante, que una reforma electoral no puede ser resultado del inmediatísmo, sino que requiere —como la de 1987— de visión de estadista y gran aliento.

En otro lugar hemos afirmado que en nuestro país las elecciones no suelen ser contiendas en la ley por el sufragio, sino disputas por el sufragio contra la ley. En esa estrategia pluripartidista de desacreditar la norma para con ello denigrar órganos, instituciones, instrumentos y resultados, los nuevos organismos federales encargados de preparar y llevar a cabo las elecciones han sido en especial blanco de todo tipo de ataques, algunos justificados, los más no.

Obvia señalar que de parte del PRI y las autoridades han habido decisiones que no han ayudado a fortalecer y consolidar los órganos electorales; sin menoscabo de la capacidad e imparcialidad de que hacen gala sus gestiones al frente del IFE, nadie puede negar que la nominación de Emilio Chuayffet como candidato del PRI al gobierno del Estado de México, en nada abonó en favor de la imparcialidad que debe caracterizar al máximo organismo electoral.

Por igual el nombramiento de Arturo Núñez como director general del IFE, a escasos cuatro años de que fungiese en la extinta Comisión Federal Electoral como representante del mismo partido, tampoco fue de gran ayuda a despejar el enrarecido y volátil ambiente electoral.

La ciudadanización de los órganos electorales ha sido un paso importante que, en mucho, pende de la responsabilidad con que los partidos se comporten frente a sus decisiones.

De cualquier manera, México se encamina sin regreso a la instauración de un cuarto poder autónomo encargado de la organización y calificación de las elecciones, conforme apunta la tendencia mundial.

Por supuesto que ni las elecciones ni este cuarto poder pueden ser objeto, menos rehén, de ningún grupo embozado y armado. Lo señalo por aquello de que hoy atestiguamos el surgimiento explosivo de autonombrados "garantes de la democracia", que desconocen o pretenden desconocer que ésta sólo es posible en la pluralidad y con reglas aceptadas y observadas por todos, y no por convenciones o gobiernos de transición impuestos a punta de bayoneta y comunicados.

Por ello, y también respondiendo a una inercia generalizada de evitar todo tipo de discrecionalidades, arbitrariedades e iluminismos en los procesos electorales, es conveniente que el cuarto poder y las elecciones se rijan, procesen y resuelvan de pleno derecho.

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