Los enredos de Mario Ruiz Massieu

Existen varios hechos relativos a las averiguaciones acerca del crimen de José Francisco Ruiz Massieu que desde su origen me han sorprendido y disgustado, pero ahora me preocupan de sobremanera.

Me sorprendió que la investigación la llevase personalmente su hermano toda vez de que la sana lógica y los usos jurídicos aconsejan que éste se disculpase de conocer del caso: Mario Ruiz Massieu tiene un interés personal en el asunto, mismo que le impide actuar con objetividad y mesura. Corresponde al Estado llevar a cabo la persecución y sanción de las figuras delictivas porque representa el interés general, pero cuando un individuo, en ejercicio de una función estatal, introduce en ésta su interés individual no sólo está pervirtiendo la razón misma del Estado sino que puede estar pervirtiendo el ejercicio de la función y, por ende, su efectividad.

Hay quienes aseguran que, muy al estilo del grupo de distinguidos universitarios al que pertenece el subprocurador, éste amenazó con renunciar y abandonar el país si no le dejaban a él llevar a cabo la investigación y a hacerlo con entera libertad, y que se optó por obsequiar su chantaje a fin de evitar mayores escándalos. Las razones a estas alturas salen sobrando porque el daño está hecho.

Otra circunstancia que me ha parecido extraña y peligrosa ha sido el afán protagónico que el subprocurador ha mostrado en estos días; su propensión a hacer declaraciones, mismas que la desconocíamos, más que ayudar a aclarar las cosas ha venido a confundir y se corre el riesgo de que las investigaciones se compliquen más de seguir con su declaracionitis, amén de que ello sólo servirá para abonar en la incredulidad y desconfianza que existe entre la población para con el gobierno tratándose de este tipo de asuntos.

Pero lo que más me ha llamado la atención es su insistencia de que atrás de todo esto hay un grupo de políticos resentidos que quiere "rescatar los puestos de dirección del país para aquellos que han sido desplazados". Intriga que la lista de los hasta ahora involucrados sea de gente que nunca han tenido puestos de dirección del país y difícilmente podrían llegar a tenerlo, sin embargo lo que más sorprende, según las propias declaraciones del señor Rodríguez González, es que el asesinato de Ruiz Massieu fue planeado desde diciembre de 1993 para llevarse a cabo en Semana Santa de 1994.

Si recordamos, en 1993 el occiso era director del Infonavit y su preocupación y función era construir casas, el candidato priista a la Presidencia era Luis Donaldo Colosio y las posibilidades de que llegase Ruiz Massieu a algún cargo de mayor monta eran nulas toda vez de que siempre la jugó con Camacho. Planear entonces un asesinato para recuperar el control del país a través de la eliminación de un funcionario que sólo tenía control sobre la construcción de viviendas obreras suena bastante ilógico.

Más lógico es pensar que los asesinos gozan del don de la clarividencia y sabían desde entonces, de la muerte de Colosio, el arribo al partido de Ruiz Massieu, su diputación plurinominal y designación de líder de la Cámara Baja. Podría entonces ser que los móviles sean otros y que todo esto del grupo de políticos resentidos y antirreformistas sea sólo una cortina de humo para cuidar el prestigio del hoy desaparecido José Francisco.

Pero lo que más indigna es que en varias ocasiones ante micrófonos y cámaras el subprocurador haya involucrado primero a Cárdenas González y al Meme Garza y ahora a un grupo (indefinido) de diputados. No puedo más que coincidir con las declaraciones de Cárdenas González de que ello adolece de falta de seriedad y procedimiento jurídico. Si tiene algo concreto el subprocurador en contra de estos señores, él es el primer obligado a actuar conforme a derecho y proceder en su contra, solicitando de entrada el desafuero y allegando los elementos probatorios necesarios que permitan a la Cámara de Diputados decidir si hay o no razón suficiente para retirar el fuero y someter a los presuntos responsables a la justicia.

No es mi interés defender a esos sujetos en lo particular sino a cualquier persona que pueda ser involucrada y se le pisoteen sus derechos como se ha venido haciendo con estas dos que, aún pudiendo ser presuntas inculpadas, tienen derechos que la autoridad está obligada a respetar, más todavía cuando ambas tienen fuero constitucional.

Lo único que no puede hacer el subprocurador es seguir lanzando imputaciones vagas en los medios de comunicación. En tanto no pruebe su dicho sólo acrecentará la sospecha de que está actuando irresponsablemente. Esperamos que impere la objetividad, la cordura y el derecho y que este caso no vaya a quedar más enredado e incrédulo como los de Colosio y Posadas, no sólo por el interés privado que le asiste al subprocurador sino vitalmente por el interés general de la nación.

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