Último llamado

El Presidente Peña Nieto ha anunciado una reforma profunda al campo que, reconociendo y respetando los tipos de propiedad rural, revise y ponga al día las políticas públicas y los ordenamientos jurídicos aplicables, para hacer más productivo, más rentable y sustentable el campo mexicano. Entendido éste no como simple espacio territorial, sino como ámbito de vida del 22% de nuestra población, que demanda no sólo una vida digna, sino, además, respeto a su estilo de vida, idiosincrasias y trabajo.

Peña Nieto convoca a ello a 22 años de las reformas al 27 constitucional que pusieron fin al reparto agrario. Se dijo entonces que la certeza jurídica en la tenencia de la tierra sería la barita mágica para llevar inversión y desarrollo al campo.

Hoy sabemos en carne propia que la sabiduría y las leyes del mercado no son suficientes para hacer productivo y competitivo al campo, como tampoco lo fueron el paternalismo y clientelismo agrarios.

La inversión no sólo no llegó, sino que se redujo a niveles inapreciables; el Estado simplemente se ausentó y desentendió del campo; el crédito le es tan ajeno como el agua a la luna; la independencia de los ejidatarios devino en sometimiento a las fuerzas sin rostro del mercado, aunque con nombres y apellidos.

No sólo desmantelamos nuestro aparato productivo, sino que lanzamos a la pobreza, migración y delincuencia a grandes franjas de nuestra población rural.

Es por ello que Peña Nieto ha convocado a una verdadera inflexión en el campo mexicano. Si se me permite, el campo demanda más que eso, exige una verdadera revolución. Revolución que implique a todos: a los economistas, para que renuncien a sus dogmas neoliberales; a los agraristas, para que no piensen solo en la tenencia de la tierra, sino en una tenencia productiva de frutos y de vida digna, para que dejen de ver en los ejidatarios a menores de edad puestos bajo su tutela, para que liberen al campo y al campesino de sus redes de corrupción. A la banca, para que cumpla con su misión social y arriesgue en proyectos de largo aliento en el campo; a los políticos, para que dejen de ver en los hombres y mujeres del campo votos verdes; a los especuladores de la tierra social, para que sepan que su agio tarde o temprano será socialmente condenado y legalmente sancionado.

El Estado mismo debe de cambiar su paradigma del campo, de suerte de que todas las políticas públicas se integren y coordinen en una sola y gran política agroalimentaria.

El llamado del Presidente no es para fortalecer centrales agrarias, pero tampoco dependencias públicas, ni para pelear el control de mayores presupuestos o competencias. Es un llamado, quizás último en oportunidad, para desactivar posibles explosiones sociales que silenciosamente larvan en el olvido social y gubernamental, y la injusticia de la sociedad organizada para con nuestros campesinos.

No creo, sinceramente, que sea materia de grandes cambios legislativos, ni de discusiones constitucionales o doctrinarias, sino de voluntad política, visión de Estado, coordinación de esfuerzos, efectividad y honestidad gubernativa.

El planteamiento presidencial parte de revisar políticas públicas, inconexas, autistas, impracticables y corruptas. Recursos hay, pero o no llegan, o llegan a unos cuantos. Programas hay, pero es más fácil ganar un Oscar que bajar recursos de ellos. Autoridades existen, pero, o son paternalistas y quieren ser más zapatistas que Zapata, o son venales.

La reordenación y reorientación de las políticas públicas del campo debe generar una visión integral del fenómeno y una coordinación interinstitucional que baje con honestidad, eficacia y respeto a nuestro campesinado.

Todo ello requerirá lo segundo que solicita el Presidente, un ajuste preciso del marco jurídico, pero no para reinventar el campo o para sacar del clóset al viejo y obtuso agrarismo mexicano; tampoco para acabar con la propiedad social y volver a concentrar en unas cuantas manos el territorio nacional, sino para acompasar a las políticas públicas que, al igual que los ajustes al marco legal, deben tener por doble propósito incrementar la productividad y generar una vida digna de nuestros hombre y mujeres del campo.

Todo ello, sin embargo, debe partir de ver y respetar a nuestro campesinado. El primer paso de la reforma profunda del campo es voltear a ver a los sujetos de ella, a sus circunstancias, a sus dolencias, a sus posibilidades, a su dignidad. Ellos, por su parte, tendrán que asumirse como sujetos corresponsales de la reforma y no como objeto de limosnas asistencialistas.

El cambio de paradigma, implica, por tanto, que el hombre y la mujer del campo se asuman como mayores de edad y responsables primigenios de su destino, y gobierno y sociedad saldemos nuestra deuda histórica con ellos.

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