Derecho y excepción

Si la Ley de seguridad interior establece un marco jurídico dentro del cual el ejército mexicano puede fungir en labores policiacas con la conciencia tranquila, también pretende institucionalizar y normalizar un estado de excepción, dándole apariencia de estado de derecho.

Es una aberración legislativa: se trata de hacer ley aquello que nació como excepción de la ley. El resultado es que ahora el erario mexicano tiene que costear dos fuerzas, una completamente incapaz y corrupta, la policía, y otra, que cada vez se vuelve más incapaz y corrupta, el ejército, para combatir un mismo problema criminal, que cada vez se ve más lejos de resolverse.

Si una cosa deja bien clara la ley de seguridad interior, ello es el absoluto fracaso del gobierno federal en materia de seguridad. La gendarmería, el mando único, etc., todos los intentos del gobierno federal de revitalizar y darle legitimidad a las policías, que muy caros le han salido a los mexicanos, han fracasado terriblemente. Sí una cosa establece esta ley es que el problema corrupción de las fuerzas policiacas rebasó por completo las capacidades del gobierno federal. Gobierno que, él mismo inmerso en escándalos de corrupción desde el inicio de su administración, dice estar comprometido con la lucha contra la corrupción pero ahora se da por vencido y mejor pide, en realidad obliga, a los mexicanos a seguir pagando la partida presupuestal de una fuerza policial que está tan corrupta que ya no puede cumplir sus obligaciones y a la que ya no se le va a demandar que cumpla, sino que mejor se le va a pasar la chamba a alguien más. Así, el gobierno, realmente, premia la corrupción policial quitándole responsabilidades pero manteniendo económicamente.

No hay dinero para cultura ni para educación ni para los servicios de salud, pero al parecer sí lo hay para derrochar manteniendo policías incapaces y corruptas. En ese sentido la ley de seguridad institucionaliza la corrupción.

Queda claro que el gobierno federal se ha quedado sin estrategia de seguridad y que está, como un marinero en un barco que se hunde, sólo tratando de tapar los agujeros por donde se hace de agua. Sin ningún método o plan.

Lo malo es que en su intento de sobrevivir su mandato, frente a su enorme y creciente impopularidad, esta administración está llevando a cabo cambios estructurales sin pies ni cabeza, que nos va a tomar décadas corregir, pues cuando la excepción se vuelve ley llegamos al paradójico lugar jurídico donde la ley se vuelve instrumento para legitimar la ilegalidad.

Cuando se institucionaliza el estado de excepción, el derecho se vuelve un simulacro que sólo encubre -y mal- a un estado fallido. Realmente la labor que nos va a tocar hacer a los mexicanos, una vez que termine esta desastrosa administración es la de reconstruir el estado de derecho.

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