Especial de la Ley de Industria Eléctrica

Colaboración Especial
Guillermo Salas Vargas
Colaborador Invitado

La Comisión Federal de Electricidad es una "empresa productiva del Estado", y es perfectamente rentable.

En 2019, su subsidiaria de suministro básico generó ganancias por 32,706 millones de pesos, otros 18,325 en sus redes de transmisión, y 13,690 en su actividad de distribución. (En estas dos últimas actividades conserva el monopolio por ley). En cambio, en generación perdió 10,874 millones. Así las cosas, ¿Por qué la iniciativa preferente que envió el Ejecutivo al Congreso el primero de febrero, la cual previsiblemente se convertirá en ley después de ser aprobada por ambas cámaras en marzo próximo, fija las condiciones para que la CFE aumente su participación en la generación de electricidad?

Independientemente de las preferencias ideológicas estatistas en el gobierno actual, hay una motivación oculta para esa iniciativa: darle uso al combustóleo de alto azufre que generan las refinerías que operan en México. Esto se debe a que se pretende eliminar la importación de gasolinas y diesel a mediano plazo, por lo cual se está procesando petróleo de tipo pesado, que es el que se extrae actualmente de los yacimientos petrolíferos en el país. Como durante mucho tiempo no se ha invertido lo suficiente en las refinerías para que utilicen la mejor tecnología, al producir gasolina y diesel con ese tipo de petróleo se genera una enorme cantidad de residuos en forma de combustóleo que contiene alrededor del 5% de azufre. Esto ocurre cuando desde el año pasado la Organización Marítima Internacional prohibió utilizar combustóleo con más de 0.5% de azufre (diez veces menos que el mexicano) en los barcos de vapor a nivel mundial, y prácticamente nadie desea comprar un combustóleo con tan alto nivel de azufre.

En tales circunstancias, el único uso que se le encuentra a ese combustóleo tan contaminante es en las vetustas plantas de CFE, que lo utilizan como combustible.

Esta explicación es la que misma que dan, entre otros expertos, Guillermo García Alcocer, quien hasta junio de 2019 era presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuando renunció por diferencias con los comisionados nombrados por el presidente López Obrador, y también José Luis Luege, quien fue director de la Comisión Nacional del Agua en el sexenio de Felipe Calderón; véase su artículo "Combustóleo: el motivo real", en la sección editorial del periódico Reforma del 19 de febrero pasado.

Desde luego que este proceder es totalmente nocivo, ya que se obligará a que el mecanismo de despacho de la CRE le dé prioridad a las plantas generadoras de la CFE y no, como venía ocurriendo desde la reforma constitucional de 2013, a las que sean más eficientes, que por lo general también son las más limpias. Dichas plantas pueden ser de cualquier oferente, incluida la misma CFE, la cual, por ejemplo, hace pocos años ganó una subasta con un proyecto exitoso de energía geotérmica.

Es malo inclusive para la propia CFE, que tendrá que utilizar sus propias plantas contaminantes y de costos más altos en lugar de comprar la energía de productores independientes de energía y luego distribuirla con utilidades considerables, como lo viene haciendo hasta ahora. Además, se calcula que el 96% de los apagones se originan en las plantas termoeléctricas de la CFE, pues son las que tienen más piezas móviles que pueden fallar.

Los voceros del gobierno, como Bartlett y Nahle, argumentan que es necesario tener energía de respaldo utilizando energías fósiles para no carecer de luz y fuerza al anochecer, cuando las plantas fotovoltaicas dejan de funcionar, y por la intermitencia de los generadores eólicos dependiendo de qué tanto sopla el viento en cierto momento en un lugar determinado. Esto es cierto y por eso a los inversionistas en las plantas de energía solar y eólica se les hizo pagar alrededor de 80,000 millones de pesos cuando se construyeron, precisamente para pagar por el costo del respaldo, además de que, en el porteo, por ley, la CFE no pierde ni un centavo. Pero hay muchos países -Dinamarca y Alemania, por ejemplo, pero también Uruguay- donde se genera energía renovable en mucho mayor proporción que en nuestro país, y no por ello carecen de energía, pues administran inteligentemente su red aplicando las siguientes medidas:

1. Interconectar recursos eólicos y solares para aprovechar unos u otros según las necesidades y la generación posible en cada momento.

2. Fomentar la generación de calefacción y aire acondicionado con energía solar distribuida. (En Israel, todas las casas tienen páneles fotovoltaicos en el techo). Asimismo, dar incentivos para el uso de baterías en las casas.

3. Discriminar precios en función de oferta y demanda, por horarios y por días de la semana, para incentivar que las personas usen más energía cuando es más barata. (Por ejemplo, encendiendo aparatos domésticos o recargando un coche eléctrico a altas horas de la noche).

4. Optimizar el uso de software de gestión de la demanda. (Concepto de "smart grids").

Con estas medidas, se logra utilizar lo más posible las energías renovables, incluyendo hidroeléctricas que también son intermitentes, y sólo en los horarios de mucha demanda se encienden las plantas de energías fósiles, comenzando por las de ciclo combinado que utilizan gas natural, luego las de combustóleo (con menos azufre, claro, que el mexicano), dejando al final las que operan con turbogás (diesel) y carbón. La energía nuclear es un caso especial; es muy eficiente, pero tiene problemas de seguridad.
En conclusión, lo sensato sería beneficiar al consumidor, no a Pemex.

En cuanto a la CFE, permitirle que se concentre en mejorar la confiabilidad y capacidad de su red de transmisión y distribución, donde su actividad es rentable y donde conserva el monopolio. Y por lo demás, volver a alentar la inversión privada en energías renovables y de ciclo combinado a base de gas.

Indudablemente, lo peor es fomentar la utilización permanente de plantas generadoras a base de combustóleo y carbón de la CFE, que son antieconómicas y antiecológicas, pero ese sería el resultado de la nueva ley, si se aprueba.

La situación actual es preocupante, pues si el crecimiento en el consumo desde ahora hasta el 2032 asciende al 3% anual en promedio, se necesitará estar generando en ese año alrededor de 145,000 watts; sin embargo, se prevé que la CFE sólo podrá generar en ese año futuro aproximadamente 83,000 watts, lo cual naturalmente ocasionará un cuello de botella para la industria nacional, que es la que consume el 75% de la energía eléctrica, siendo el otro 25% consumo doméstico. Las inversiones en generación de electricidad requieren de entre 3 y 5 años para entrar en operación, así es que cancelar las subastas del mercado eléctrico, como se ha hecho desde 2019, y ahuyentar la inversión privada no presagia nada bueno.
A todo lo anterior hay que sumar que la iniciativa viola flagrantemente los artículos 1º, 25 y 28 de la Constitución, sobre la libre concurrencia, prohibición de monopolios o prácticas de acaparamiento, los Arts. 27 y 28 que definen la estructura, operación y funcionamiento de la industria eléctrica, los Arts. 14 y 16, sobre la no retroactividad de las leyes y la seguridad jurídica, y el Art. 4º, sobre el derecho al medio ambiente sano y la protección de la salud.

Por si fuera poco, también es violatorio del TMEC (Tratado México-EUA-Canadá) y el TIPAT (Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico), en los rubros de servicios e inversiones y en lo referente a los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, así como del Acuerdo de París, ya que dificulta enormemente el cumplimiento de las metas comprometidas al emitirse una mayor cantidad de gases contaminantes a la atmósfera.

Lamentablemente, la disciplina partidista y la ceguera ideológica en el Congreso actual hacen previsible que se aprobará la iniciativa preferente del Ejecutivo, probablemente "sin cambiarle ni una coma", como instruyó el Presidente a sus legisladores.

Ayer por la noche con los votos de Morena y sus partidos aliados, el PT y PES, que son mayoría, se aprobó en la Cámara de diputados y pasó al senado para su estudio, discusión y en su caso aprobación.

¡Una verdadera lástima!




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