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Derechos humanos y estancias infantiles

Foto: lfmopinion.com


4T

Todos sabemos, lo intuimos y sentimos en nuestra propia piel: es imprescindible defender los derechos humanos. Luchar contra la discriminación de toda índole y en todas sus expresiones, contra los abusos del poder y de los gobiernos, contra la prisión de presos políticos, las desapariciones y asesinatos, contra la tortura y el genocidio y en consecuencia castigar y erradicar esas practicas ofensivas y violentas. Desterrarlas es, por tanto, consustancial a la construcción de mejores, más cultas y civilizadas sociedades y mucho mejores relaciones entre gobernantes y gobernados.

Los derechos humanos garantizan la libre expresión, el derecho a la educación, a la salud, a una vida digna de todos los seres humanos, independientemente de nuestras creencias, origen, nacionalidad, edad y preferencias religiosas, sexuales, ideológicas, políticas, de diferentes costumbres y hábitos.

El llamado ombudsman o mejor, ombudsperson, es por definición en lengua sueca, el defensor del pueblo, frente a actos avasalladores impuestos por los gobiernos, que pudieran afectar los derechos de los ciudadanos.

Para mejor comprender, cumplir, apoyar y aplaudir, en su caso, su misión y resultados es importante su estudio, análisis de significado, evolución y trascendencia. Se trata de defender los derechos de las personas cuando los gobiernos vulneran esas libertades y al mismo tiempo, ser capaces de mediar entre políticas y actitudes antagónicas con el objeto de que los más débiles sean protegidos de actos de autoridad abusivos, sin suficiente prueba, sustento jurídico o ético.

Ahora bien, lo que no sabemos todos es para qué sirve en realidad la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México, que fue creada como parte de la Secretaria de Gobernación en 1990 y en 1992 obtuvo personalidad jurídica propia. Así como cuál es su verdadera influencia y eficacia en el cumplimiento de metas y objetivos, en la protección y defensa del pueblo, a lo largo del tiempo.

Su mandato es “proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano”. No interviene en asuntos electorales, laborales ni jurisdiccionales. Y, desde luego, los derechos humanos son universales, independientemente de su inobservancia.

Su logotipo pudiera ser la fotografía de un anciano que hace años vive instalado a las puertas de la Comisión en Periférico Sur, en una carpa de cartón y tela. Nadie ha sido capaz de resolver sus problemas, de ayudar o negociar con otra autoridad que lo haga. Es un buen ejemplo, la operación de la CNDH ha sido fundamentalmente testimonial.

Los expertos en Human Rights Watch han señalado que a lo largo de los años la Comisión ha realizado algunos aportes valiosos en la promoción de la defensa de derechos humanos; sin embargo, han sido decepcionantes sus resultados en cuanto a enfrentar violaciones y reformas estructurales de defensa verdaderamente trascendentes, en promover los cambios necesarias para combatir abusos de acuerdo con resultados y estándares internacionales, en difundir información en particular sobre casos de derechos humanos y sus investigaciones, ni tampoco han sido ejemplares sus relaciones con otros actores que buscan promover la defensa y progreso de los derechos humanos.

En este tenor, una parte de la sociedad que ha hecho crítica común, ha opinado que gracias a su influencia, algunos malandrines y mafiosos han salido de la cárcel y que en general, ha dificultado el papel de policías, del ejército, la marina y del sistema judicial en general, en contra del crimen de alto impacto. Que la CNDH se ha utilizado, en ocasiones, como ariete de defensa del propio gobierno ideológicamente afín, o defendido casos sin óptimos resultados, donde era obvia la presunción de culpabilidad, como el asesinato de la activista Norma Corona por parte de la policía judicial.

Recientemente ocupó ochos columnas de medios y lugar destacado en televisión, radio y demás, sobre todo en la conocida falange antiPeje, el hecho de que el informe anual del Ombudsman en funciones, no fuera entregado en propia mano y en una ceremonia tradicional al Ejecutivo de la Unión, aunque no hay ninguna obligatoriedad legal para ello, era desde luego, un acto de cortesía.

Después nos enteramos que la tradicional ceremonia no se llevó al cabo porque el documento informativo es particularmente crítico con respecto al asunto de las estancias infantiles, basado en la recomendación correspondiente 29/2019, que se puede consultar íntegramente en línea.

La CNDH recibió un par de miles de denuncias contra los derechos humanos de los niños y usuarios auspiciadas por los dueños o encargados de las estancias infantiles que dejaron de recibir subsidios, muchos promovidos por panistas y su grupo de apoyo, desde la señora que quiso ser viuda, candidata a la presidencia y gerente de un fondo para migrantes que desapareció.

Recuérdese el caso ABC, donde en Hermosillo, sufrieron quemaduras y murieron niños de una guardería asignada a una tía o prima de Margarita Zavala, sin licitación pública y con asignación directa, sin medidas suficientes y adecuadas de seguridad en las instalaciones. De acuerdo con la norma conocida: negocios privados con recursos públicos.

Con estos antecedentes, es fácil intuir que el ambiente ya estaba medio podrido para recibir una recomendación crítica, sin verdadero sustento, de acuerdo a la propia 4T, la 29/2019, en cuyas doscientas y tantas páginas no se consigna una sola prueba definitoria de violación de derechos humanos infantiles, aunque se señalan muchas violaciones procedimentales al substituirse el método de apoyo.

En efecto, lo que pasó fue lo siguiente: como una de las estrategias de gobierno de la 4T es acabar con la corrupción, al revisarse los padrones de las estancias infantiles que recibían apoyos de acuerdo con el número de niños inscritos, se encontraron varios miles de nombres de niños inexistentes, no aparecieron nunca los niños inscritos y sí se cobraron los apoyos en su totalidad.

Ante ello, el gobierno decidió otorgar los beneficios del programa de apoyo directamente a los padres y no a las estancias, para que los padres o tutores pudieran elegir la estancia de su preferencia donde enviar a sus hijos y cubrir las cuotas directamente, si así les conviene.

Lo anterior no significa que se afectaran los derechos humanos de los niños ni de sus padres, hubo un cambio de estrategia en el reparto de dinero para evitar o reducir robos y abusos. No se afectan en realidad sus derechos humanos, en tanto que el 100% del universo con derecho reciba el subsidio, sin embargo, la CNDH insistió en la validez de las quejas recibidas, la queja por disminuciones presupuestarias y el cambio de reglas de operación que hipotéticamente ponen en riesgo la seguridad del programa extinto.

¿Cómo evitar tanta distorsión? La CNDH se convirtió en defensora del anterior programa de estancias infantiles, sobrepasando obviamente sus funciones y responsabilidades. Subrayó con énfasis las probabilidades de éxito futuro del programa sin decir casi nada sobre la corrupción que significó subsidiar niños inexistentes o recortes presupuestales necesarios o urgentes y cuya responsabilidad de modificación o ejecución va más allá de la propia Comisión.

En toda la presentación y defensa de la citada recomendación hay algo de soberbia y muchos excesos, recuérdese que en nuestro país la concentración del ingreso es intolerable, según el INEGI, el 30% de los hogares dispone del 63.3% del total y el 30%del fondo capta sólo el 9%. Y que un país como el nuestro, con estas características de concentración, tiene la necesidad de hacer el mejor uso posible del presupuesto, luchar contra la corrupción y evitar dispendios.

En 1789 con la Revolución Francesa se establece que todos los ciudadanos somos libres ante la ley.

En 1809 el parlamento sueco adoptó la figura del Ombudsman como representante de la justicia.

En 1948 después de los juicios de Nuremberg y los horrores del Holocausto y otros crímenes, la ONU promovió la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Dichos ejemplos históricos se comparan con grandeza frente a la mínima CNDH que tenemos: ¿qué hace frente a los graves problemas de la migración? ¿qué ante a las redadas trumpianas? ¿Y las jaulas donde encierran a niños en Texas y otros estados de los EUA? ¿Qué hace frente a los problemas de salud y educación? ¿Y qué frente a la diaria discriminación que sufren los más pobres, los ciudadanos diferentes? ¿Qué ante los crímenes de periodistas?

Mientras la CNDH mejor se relacione con el gobierno que le tocó en suerte convivir, con más eficiencia y eficacia. Con menos palabrería repetitiva y leguleya de ‘especialistas’, con más mediación y en contra de los derroches, entendiendo el entorno que prevalece, hará mejor su trabajo de defensa de los Derechos Humanos. No se trata de defender a sectores privilegiados, cuando están saturados de corrupción, violencia, opresión y prejuicios.

En efecto, de acuerdo con sus resultados, muchos de sus enfrentamientos con el poder han sido vergonzosos, torpes e irrelevantes y el caso de las estancias infantiles es uno más así.



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