Al INE, antes de desaparecer
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Ya sentado en la silla el Presidente de la República, o debiera decir, ya nuevamente en campaña, ahora desde la Presidencia, creo oportuno retomar un tema que el INE nos quedó a deber.
Y como la 4T amenaza con acabar con todas las instituciones de la República, prefiero plantear el tema antes que los consejeros del INE desaparezcan de escena y no puedan dar debida y puntual contestación a mis planteamientos.
Fuera de la estridencia y protagonismo mediáticos que marcaron su desempeño, los Consejeros Electorales nos deben una explicación y, por esta vía, formalmente se la solicito.
Para el registro de candidatos independientes el INE contrató el desarrollo de una aplicación que, a través de dispositivos móviles, capturara imágenes y datos de las credenciales de elector de los ciudadanos que apoyaran sus causas.
Lo hizo con un viejo, cuestionado y multado contratista de casa. Dicha aplicación la presentó como el último grito de la tecnología digital y garante del proceso de captura de apoyos ciudadanos.
Por ley el INE tenía que revisar que el documento fuente, la credencial de elector, fuese válida y vigente, y que los datos del ciudadano aparecieran en la Lista Nominal de Electores, es decir, que estuviesen vigentes sus derechos ciudadanos.
Se entendía que la maravillosa aplicación cumplía ambas funciones, de suerte que se idearon dos pasos para verificar el apoyo, uno automatizado que, se sostuvo, lo hacia la propia aplicación y otro humano en una mesa de control, únicamente sobre aquellos apoyos que la aplicación no reconociera, verificara y validara. Esto es importante, el segundo filtro operaba solo si la aplicación identificaba algún inconveniente, ergo, cuando no era así, se tenía el apoyo por verificado y válido.
Este proceso se aplicó para todos los aspirantes a candidaturas independientes, a todos los cargos de elección, en las elecciones concurrentes más nutridas de la historia. Así, hubo procesos para candidatos a munícipes, diputados locales, gobernadores, senadores, diputados federales, presidente de la República, jefe de gobierno y alcaldes en la Ciudad de México.
Siendo elecciones diversas, cada una de ellas tuvo un plazo de registro diferente, así que el proceso de validación de apoyos y registro se repitió varias veces a lo largo de sucesivos meses.
Pues bien, lo que el INE debe explicarnos es por qué no corrigió sobre la marcha y desde un principio las deficiencias que se repitieron puntualmente, una y otra vez, ante sus ojos, responsabilidad, pasividad y omisión.
De entrada, la famosa aplicación y la carabina de Ambrosio resultaron una y la misma cosa. Desde el primer apoyo recibido todo el funcionariado del INE supo, sin lugar a dudas, que la aplicación no cumplía las especificaciones de verificación marcadas por la ley. Por supuesto que transmitía imágenes y datos, pero no única y exclusivamente la imagen de la credencial para votar, sino cualquier imagen: un perrito, un carrito de hot dogs, una gorda en pelotas, una seña obscena o un paisaje lunar; lo que fuera. En otras palabras, jamás sirvió para autentificar credenciales de elector.
Eso lo supo el INE desde el primer día, pero en lugar de aceptar el gran fraude de su proveedor consentido, cambiar sus procedimientos y mandar todos y cada uno de los registros a la mesa de control para una revisión humana, persistió recibiendo y validando (es un decir) automatizadamente apoyos sin verificar la existencia del documento fuente y legitimador.
Puntualizo, ¿si el INE supo de esta deficiencia tecnológica y procesal desde la recepción del primer registro con una imagen que no era de una credencial para votar, por qué siguió operando la verificación automatizada sabiendo que era una patraña?
¿Por qué permitió que esto se repitiera por millones de veces con conocimiento de causa en diversos y sucesivos procesos de candidaturas y elecciones?
A sabiendas que eso sucedía persistió en el engaño y en el autoengaño.
Ahora bien, día a día el INE "validaba" esos registros y notificaba en su portal cuántos apoyos "válidos" había recibido cada aspirante; con esa información el interesado tomaba decisiones e instrumentaba estrategias y la ciudadanía estaba informada del desarrollo del proceso.
Llegado el término de la etapa de recolección de apoyos, el INE anunciaba con las formalidades propias del acto administrativo y una gran dosis de protagonismo, quién sí y quién no había alcanzado el umbral de apoyos.
Y allí empezó innúmeras veces el desbarajuste.
Basados en las deficiencias de los lineamientos dictados por ellos mismos, los consejeros alegaron que había una segunda revisión de todo lo ya revisado. Por qué una segunda revisión y por qué el INE; en todo caso debió ser una instancia distinta que revisara su proceder. En el fondo estamos ante una revocación de sus propios actos y es de explorado derecho que una autoridad no puede autorevocarse. No obstante lo anterior, también alegaron ejercer facultades implícitas. Por fin, ¿o era una etapa normada explícitamente, o asumían facultades implícitas?, pero no podían ser las dos cosas al mismo tiempo.
Por igual dijeron que habían decidido realizar una revisión aleatoria y si encontraban una discrepancia entre lo ya validado y registros no válidos en una proporción superior a un 10%, procedían a revisar todo de nuevo. Una vuelta más a la tuerca de inconsistencias: ¿normada, implícita o aleatoria?
Si la primera vez de su supuesto muestreo, éste arrojó cifras superiores al 10%, quién estaba mal: el aspirante o la verificación de la autoridad. Por qué no corrigió entonces.
El hecho es que siempre procedió la segunda revisión. Desde la primera vez supieron que la validación diariamente publicitada y su resultado final no servían de nada y que tenían que volver a revisar todo: al final, a escondidas y en tiempos perentorios con contratación de personal extra y pago de horas no laborables. Y, sin duda, con un alto costo político que, en lugar de cargarlo a deficiencias tecnológicas, posibles corruptelas y confabulación burocrática, lo endosaron a los independientes.
Supieron que la aplicación no servía y no pusieron remedio; supieron que siempre tendrían que montar el numerito de una segunda revisión, pudiendo evitarla con la mesa de control en tiempo, forma y norma; no lo hicieron. Dejaron que las posibles irregularidades siguiera sucediendo una y otra vez con todos los aspirantes y en todas las elecciones.
Y aquí se esconde la mayor de las trampas, el INE siempre supo que en todos los casos iba a tener que revisar todo de nueva cuenta. ¿Por qué no lo evitó, por qué el engaño a aspirantes y ciudadanos, por qué el numerito de sorprenderse todas y cada una de las múltiples veces, con la misma piedra del mismo molino?
Un dato adicional, el lector debe saber que el aspirante fue en todo momento florero en el proceso, término hoy tan de moda; toda vez que sus auxiliares subían directamente al INE los apoyos capturados y la aplicación los borraba una vez transmitidos, así que el aspirante nunca supo qué subía realmente el auxiliar, porque solo el INE tenía ese dato. El INE pudo así inflar o restar apoyos, asignarlos a discreción entre los diversos aspirantes, tal vez, falsearlos y, por qué no, inventarlos.
El INE, además, autorizó fuera de norma las cuentas concentradoras, por medio de las cuales un registro de auxiliar podía ser utilizado por diversos dispositivos móviles, de suerte que los aspirantes tuvieron auxiliares que nunca autorizaron, conocieron o controlaron. El Norte lo acreditó con reportajes de periodistas de su firma infiltrados como auxiliares de El Bronco sin conocimiento de él.
Este es un hecho notorio que ninguna autoridad ha asumido.
Al final, después de un proceso público y publicitado, el INE se encerró un laboratorio oscuro donde hizo lo que quiso para luego acusar de delincuentes a los aspirantes y retarlos a que le probaran en contrario, a sabiendas que no tenían posibilidad alguna de defensa.
La saña no terminó allí, una vez descalificados, los aspirantes eran exhibidos en un circo mediático y polítizado, en una especie unilateral de juicio placero para así meter presión al Tribunal sobre cualquier resolución que osara en contra del INE, que en los hechos se convirtió en daño irreparable.
Y sobre el oprobio, la befa y el escarnio, con lujo de acusaciones y excesos mediáticos más propios de candidatos, que de autoridades obligadas por los Derechos Humanos a aplicar la ley en un Estado de Derecho.
Esto se repitió una y otra vez con todos los aspirantes y en todas las elecciones. Los Consejeros siempre se llamaron a sorpresa y montaron el mismo numerito.
¿Por qué si los Consejeros conocían las deficiencias de la aplicación, no la corrigieron; por qué dejaron correr todo y luego armar el teatro de independientes tramposos; por qué, pudiendo desenmascararlos sobre la marcha, de ser el caso, y desde un principio, esperaron para asarlos a fuego lento ante la opinión pública y de paso al Tribunal?
Eso es algo que nos deben los Consejeros del INE, que, producto de pactos partidarios, actuaron más como enemigos de la figura de independientes que como autoridades de Estado.
Lorenzo Córdova prometio una auditoria a la aplicación. La seguimos esperando.
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