Carreteras sin destino

No cabe duda que Jorge Arganis, secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es ingeniero. Y uno que no escucha al responsable jurídico de la dependencia a su cargo. Quien, por cierto, debe estar en vela y estresado desde el martes pasado, tras de que su jefe confesase públicamente y bjo protesta de decir verdad su responsabilidad por omisión.

“En realidad —dijo en comparecencia ante el pleno del Senado— la toma de casetas se nos presentó que ya no solamente es un acto de protesta social, como se presenta en Chilpancingo, sino que ya son organizaciones de delincuentes que se aprovechan de eso para tener recursos. Por lo tanto se está aplicando, con la Guardia Nacional y la Fiscalía (Genera de la República), sanciones”.

El daño al erario público de la toma de casetas que se le “presentó” al secretario fue superior a los 4 mil 121 millones de pesos el año pasado que México estaba confinado por pandemia.

Analisémos los hechos: el responsable de las comunicaciones a cargo de la federación, donde se incluyen las carreteras federales, distingue la toma de casetas, no por el ilícito cometido, sino por la telelogía del colectivo delincuente: el que lo hace como “protesta social” y que responde a la delincuencia organizada.

La suma de lo que se le presenta al responsable del ramo estuvo por arriba el año del confinamiento pandémico de los 4 mil 122 millones de pesos.

Al segundo de los grupos, según la taxonomía delictiva Arganis, se le están aplicando ¡sanciones! con la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Ahora bien, vayamos por partes. Las vías generales de comunicación no pueden ser tomadas por nadie. Las federales, además, implican un tipo penal de carácter federal.

¿Y quién es el responsable federalmente hablando de impedir y, en su caso, denunciar que eso suceda? El secretario Arganis.

¿Existe en la ley atenuante de responsabilidad para quien toma casetas en “protesta social”?

¿Y cómo se distingue a quien toma casetas en protesta social de quien lo hace por crimen organizado cuando en ambos casos lo hacen embozados y bajo pancartas y consignas de signo político?

Y más aún, cuando —ya sea la supuesta protesta social o el crimen organizado— toman casetas de manera consuetudinaria a lo largo de meses sin fin, casi con horarios prefijados, delante de las fuerzas del orden público desplegadas para cuidar dichas instalaciones y lo hacen para cometer un doble robo: uno a la nación —multimillonario— y otro hormiga e infamante al ciudadano mexicano que, bajo amenaza de montón, es obligado a pagar una abierta extorsión para ejerecer su libertad de tránsito, sin que haya un Estado que se lo garantice y proteja.

Con todo respeto, como dicen en la mañanera, quien toma casetas delinque, el derecho de asociación, manifestación y participación política debe ejercerse con respeto a terceros y al orden jurídico. Lo anterior suponiendo que sea real aquello de que lo hacen como protesta social.

Si el caso de la toma de las casetas de Iguala y Chilpancingo respondiese verdaderamente a estudiantes de la Normal Isidro Gómez de Ayotzinapa, esta comunidad académica sería tan rica como la UNAM o el Tec de Monterrey, y las comunidades beneficiadas por el robo y la extorsión tendrían un modo de vida más holgado.

Arganis afirma que unos son luchadores sociales —dónde he oído eso— y otros viles criminales organizados. En ambos casos tiene que probarlo.

Dice también que se les persigue con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, pero a la primera se le ve recorrer, en sus flamantes vehículos y uniformes, carreteras sin destino y cruzar los peajes como perro por su casa y por carril exclusivo, bajo saludo cordial de los luchadores sociales o delincuentes organizados, cuando no departir amigablemente con ellos y —hasta pareciera— brindándoles protección ante algún indefenso ciudadano que se niegue a cooperar con la causa.

Y a la Fiscalía solo se le ve persiguiendo ancianas cercanas y científicos remilgosos, cuando no desfaciendo los entuertos de su protegido Lozoya.

Con independencia de ello, las casetas de peaje, vías de comunicación y libertad de tránsito en las carreteras federales siguen tomadas tan campantes que quien pasa por ahí observa casi casi un día de campo.

Pero Arganis es el principal responsable a nivel federal de garantizarnos el libre tránsito por las vías federales terrestres de comunicación, confesar que no lo hace y que ello nos ha costado más de 4 mil millones de pesos cuando no hay medicinas, Fonden, ni dinero para mantener circulables las carreteras, es confesar un crimen de omisión.

Finalmente, andar embozado por la vida exigiendo en montón dinero no es una lucha social; es cobardía y bullinginstitucionalizado y protegido —por omisión— por el Estado, que así se niega e infama.

Cobardía y bulling que, bien pudiera, derivar en bolsas de papel estraza con apoyos para el movimiento.

¿Cuál? El que las tome.


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