La creciente deuda pública y la consolidación fiscal

Joan Rega
Colaborador invitado

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La información económica reciente más relevante dada por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Electa, es que “aseguró este miércoles que durante su primer año de gobierno (2025) el déficit fiscal descenderá a 3.5% y que será hasta 2026 cuando impulse los proyectos de infraestructura estratégicos para su gobierno” (https://www.infobae.com/mexico/2024/06/19/sheinbaum-promete-recorte-al-gasto-publico-en-2025-iniciara-sus-obras-estrategicas-hasta-2026/).

Esta declaración tiene dos importantes componentes. El primero es que el incremento de la deuda pública federal, es decir su crecimiento, será menor en 2025 al de 2024, tal como se había ya anunciado en los Pre-Criterios presupuestales, básicamente para 2025 de la SHCP a fines del mes de marzo. Y el segundo, no por demás inusitado, es que será hasta el segundo año de mandato que la futura presidenta impulsará los proyectos estratégicos de su gobierno.

De acuerdo a lo anterior, es evidente el vínculo indisoluble de deuda y gasto que llevará a una disminución de ambos, en lo que técnicamente se denomina “consolidación fiscal”; que no es otra cosa que el saneamiento de la hacienda pública por una crisis soterrada que fue fraguándose a lo largo de los años pasados.

Desde 2019 el presidente de México insistió que no se aumentaría la deuda pública para financiar el elevado gasto de su gobierno. Ello a pesar de la evidencia documental de la propia SHCP del incremento autorizado para ese año de la deuda pública. Ante cuyo aceleramiento anual se continuó insistiendo que las obligaciones públicas anuales no aumentaban.

Como artilugios semánticos para justificar los dichos presidenciales del “no aumento de la deuda pública”, se recurrió a engañifas, desde que en cifras “reales”, es decir descontada la inflación la deuda no aumentaba; hasta que las cifran de deuda al Producto Interno Bruto (PIB), es decir al considerarla como proporción de todos los bienes y servicios anuales que se producen en el país no variaban sustantivamente. Como si el PIB fuera sólo asignable al gobierno federal, sin tener en cuenta su generación por los otros sectores económicos.

Así, no se consideró seriamente en los flujos de egresos y gasto público que el simple aumento nominal de la deuda pública obligaba a pagar cada año más intereses, en un ambiente de inflación creciente y de mayores tasas de interés. Más grave aún, que se pagaban desde 2015 los intereses realmente con más deuda pública, por lo que ésta se iba reproduciendo por sí misma.

De esta manera, en tanto la deuda pública en 2018 fue del orden corriente de 10 billones de pesos, para 2024 se espera alcance 17.4 billones de pesos, según los Pre Criterios (www.cefp.gob.mx/publicaciones/infografias/2024/daip/infdaip0332024.pdf).

Ello significa que seis años habrá de incrementarse nominalmente en el orden de 70%, incremento relativo inusitado para las experiencias recientes de la economía nacional. En esa dinámica, en 2024 la deuda se incrementaría 5.90% del PIB en razón del déficit presupuestario público, en tanto el PIB sólo crecería entre 3.5% y 2.5%, porcentajes de crecimiento económico hoy considerados interna e internacionalmente optimistas.

Ante esta situación, para disminuir pretendidamente el crecimiento de la deuda, es decir el déficit presupuestario para 2025, entre “3.3 % y 3.5 %” del nivel esperado para 2024, según declaró la presidenta Electa, habría que posponer el inicio de sus proyectos estratégicos. Lo que obligará a que el presupuesto público se ajuste a la baja para 2025, con la llamada “Consolidación Fiscal”. Tal contracción implicará, según los Pre-Criterios, una caída del gasto del orden de 500 mil millones de pesos; una mega reducción del 8.8%, respecto al presupuesto de 2024.

Ello afectará indefectiblemente no sólo el crecimiento económico, sino también el gasto social. Aspecto que la presidenta electa relativamente soslayó. Sin embargo, ella dijo esencialmente que la deuda pública crecerá menos en 2025 que en 2024, que ello implicará posponer el inicio de sus obras estratégicas, por lo que el presupuesto se consolidará fiscalmente, es decir disminuirá. El gobierno de la futura presidenta se inicia bajo una crisis fiscal y presupuestal, que para algunos podría semejar las crisis sexenales recurrentes desde 1996. No hay engaño en lo dicho por ella, en todo caso intereses e ideas diferentes frente a los de otros.

A raíz de la crisis financiera internacional de 2008-09, durante un informe de académicos de la London School of Economics, Isabel II, la Reina de Inglaterra preguntó: “¿Porque nadie lo advirtió?” (The Telegraph, 05 Nov 2008). Tal pregunta debió sorprender a propios y extraños. Era el contraste entre la realidad y la visión económica asumida complacientemente. Hoy pareciera que en México estamos frente a tal situación.


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