Estado de excepción deseado

Hoy vamos a analizar cinco temas conexos: i) cómo en la tensión entre poder y derecho siempre pierde el segundo y, con él, los sujetos de las libertades y los derechos que con aquél se norman; ii) cómo desde la Primera Guerra Mundial el poder ha normalizado el estado de excepción como modo de gobierno, sin importar latitudes y signos; iii) la imbrincación entre democracia y estado de excepción; iv) cómo el poder estatal ha terminado desplazado por nuevas expresiones de poderes fácticos y, finalmente, v) el agotamiento de lo político y la existencia zombi de la ciudadanía.

Entre poder y derecho siempre existe tensión, todo orden jurídico constituido debe garantizar su permanencia y disponer de defensas, para tal fin se “comisiona” a órganos de gobierno su protección y conservación; el problema radica en que el poder otorgado para su salvaguarda es el mismo que, en su caso, se requiere para su ruina y la humanidad aún no ha ideado la forma de garantizar al derecho de su propio sujeto defensor.

Carl Schmitt distingue entre dictadura comisarial y dictadura soberana, en este caso podemos entender el uso que hace del vocablo dictadura como sinónimo de violencia, en tal sentido, la violencia “comisarial” es la propia del poder que se le da a alguien, comisario, para ejecutar una orden o entender de un negocio y, así, la dictadura (violencia) comisarial es aquella que se aplica para conservar un orden determinado; si bien suspende la aplicación de la norma, no así su vigencia, en tanto que por dictadura soberana se entiende una violencia que no se limita a sostener la Constitución vigente, su orden jurídico y político, sino que pugna por una nueva Constitución. El propio Schmitt pone como ejemplo de la dictadura comisarial el proceder de Lincon al decretar el enlistamiento de 75 mil hombres para la Guerra Civil sin autorización del Congreso, así como haber facultado al jefe del Estado Mayor del ejército para suspender el habeas corpus cuando así lo considerase necesario; Lincon también impuso censura al correo y el arresto y la detención por militares (1861), en todos estos casos alegó una situación de necesidad que ponía en riesgo la subsistencia de la Constitución. Más cercano a nosotros tenemos a Bush hijo con la indefinite detention (2001) y el USA Patriot Act (2001), a Trump con las razias de ICE, a López Obrador con la prisión preventiva oficiosa y la militarización de la seguridad y obra públicas, así como a Sheinbaum con la desaparición del poder Judicial -lo que hoy tenemos ni a sombra llega- y el congelamiento de cuentas bancarias por simple sospecha.

Walter Benjamin, vivió la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar y el nazismo, en 1940, poco antes de su suicidio, escribió en Sobre el concepto de historia su famosa tesis: “La tradición de los oprimidos nos enseña que ‘el estado de excepción’ en el que vivimos es la regla”. La Primera Guerra Mundial fue la primera vez que generalizadamente los estados en conflicto implantaron estados de excepción permanentemente; tras de ella la Constitución de Weimar (1919) estableció en su famoso artículo 48 que, ante la seria amenaza o perturbación de la seguridad y el orden público, el Reich podía tomar las medidas necesarias para su restablecimiento, eventualmente con el uso de las fuerzas armadas, pudiendo, incluso, suspender en su totalidad o en parte los derechos fundamentales de los alemanes. No se acababa de promulgar, cuando se dictaron estados de excepción en Baviera y Berlín, y a lo largo de su existencia -que no plena vigencia- se aplicó en 250 ocasiones, así, cuando Hitler se hace del poder (1933) se encuentra con el Parlamento (Reichstag) disuelto, lo que le facilitó, tras el (oportuno) incendio de su sede, dictar una “medida de emergencia” con carácter de ley “para la defensa del pueblo y del Estado”, el eufemismo en la denominación de sus leyes e instituciones solo es equiparable al del obradorato. Hitler no únicamente se hizo de todo el poder, aprovechó para decretar un estado de excepción que solo cesó con la caída del nazismo en 1945. Más no solo Alemania lo dictó, prácticamente todos los estados beligerantes lo hicieron y hasta Suiza lo decretó para garantizar su “neutralidad”.

El estado de excepción tuvo por origen guerras civiles o agresiones externas, pero tras la Primera Guerra Mundial se extendió para sortear problemas económicos y, finalmente, a partir de 1968 en la República Federal Alemana, en la “defensa de la Constitución democrática-liberal”. En otras palabras, para defender libertades y democracia ¡se suprimen!

Ahora bien, en estricto sentido el estado de excepción es una suspensión de la aplicación del derecho en defensa y conservación del mismo orden jurídico, nada más que la suspensión se da por el poder y es allí donde, en la mayoría de las veces, no es el orden jurídico al que se quiere defender y conservar, sino al poder y a quien lo detenta, más aún, cuando éste es quien en los hechos puede poder, tanto para un lado, como para por otro. De allí que Benjamin no se haya equivocado, la excepción se hizo regla desde principios del ¡siglo pasado!, y el “ejercicio sistemático y regular de la institución (estado de excepción) conduce necesariamente a la liquidación de la democracia” (Tingsten), más no adelantemos vísperas.

Ya hemos hablado aquí (Ver Vida y vida ciudadana) de como hoy el poder se expresa en biopolítica y psicopolítica, y en ese tenor la frase “el COVID nos cayó como anillo al dedo” no expresa otra cosa que las albricias de un tirano ante el maná de un estado de emergencia que, además, confinó en miedo, zozobra e impotencia a la humanidad entera. Como todo buen totalitario, López Obrador inició su gobierno con decretos administrativos que reformaban leyes y reformas legislativas regresivas y conculcadoras de libertades y derechos: creación de la Guardia Nacional, a la que a la primera no pudo militarizar; reforma educativa, revocación de mandato coincidente con elecciones intermedias (también echada para atrás por la Corte) y nuevamente intentada sin suerte por Sheinbaum, ampliación de la prisión preventiva oficiosa, ensanchamiento de la extinción de dominio, ley de austeridad republicana, entre otras.

La pandemia, así, acompasó y facilitó el avance de lo que en principio pudiéramos llamar una dictadura comisarial, habida cuenta que sus argumentos fueron para fortalecer al Ejecutivo y combatir la corrupción, al conservadurismo, entonces al COVID y hoy al injerencismo y a la traición. En los hechos han podido (López y Sheinbaum) imponer sin mayor resistencias un “totalitarismo moderno” definido “como la instauración, a través de un estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no solo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político” (Agamben), la rijosidad y polarización tomaron entonces carta de naturalización y, de hecho, declararon la guerra entre mexicanos, que nadie se sorprenda de una noche de los cristales rotos muy pronto en México.

No faltará quien diga que la suya es una dictadura soberana y no comisarial, alegando que en el fondo busca derrocar al orden jurídico, pero si se ve bien no es así del todo, la violencia del poder del obradorato es comisarial porque aprovecha la existencia de la norma jurídica, no para su aplicación, sino para su desaplicación, porque no le conviene acabar con el derecho en tanto norma, sino por cuanto a su aplicación, ya que necesita del derecho para dictar legalmente el estado de excepción y, así, exceptuarse de la observancia de la ley, al tiempo de sustraer del derecho a las personas que, ya fuera de éste, permanecen no obstante aún más sujetas que antes al derecho de un poder sin límites, reglas ni control; poder que, a su vez, se ha colocado por afuera del derecho pero en el ejercicio de toda su capacidad coercitiva, además, bajo la excusa de salvaguardarlo.

Esta excepcionalidad normalizada como forma de gobierno por el obradorato no es ajena a otras latitudes ni a un siglo de experiencias, Arendt le llamó “estado de sitio ficticio” y lo nazis “estado de excepción deseado”, llámese como se quiera, baila sobre el umbral entre democracia y absolutismo (Agamben). El poder entonces crea sus propias crisis para liberarse de la carga del derecho y someter a los gobernados a su totalitarismo.

Menester es destacar que, si bien el poder puede conservar o reemplazar el orden jurídico, el ciudadano cada vez más se ve reducido a la impotencia, hoy ya ni siquiera necesariamente por la fuerza pública, sino por la autocontención y autorendimiento del psicopoder del mundo informático, de la información y del consumismo. El estado de excepción en un mundo digital no requiere de toques de queda, ni calabozos ni campos de concentración, aunque se dan excepciones, como hemos observado recientemente en Estados Unidos, sino que se basta con el panóptico digital; el hecho es que los ciudadanos cada vez son más inermes ante el poder y reducidos a la simple subsistencia, es decir, a la vida biológica y a la ilusión de una libertad sin límites confinada, sin embargo, al Smartphone.

Ahora bien, todo régimen democrático es inmanentemente endeble y contingente, siempre es objeto de la protección de quien, con el mismo poder para su resguardo, puede hacerlo desaparecer. Agamben nos dice que una “democracia protegida” no es más una fase de transición a un régimen totalitario. Pero ¿es posible por definición una democracia autosostenible y sin debilidades? Importante es destacar que el estado de excepción es un producto moderno de la tradición democrática, no de la absolutista. Las razones son obvias, en el absolutismo no habría derechos ni libertades que suspender, en tanto que en la democracia sí.

Vayamos ahora al advenimiento de nuestra democracia como producto de un accidente que casi todo mundo se obstina en no ver. En 1986, con miras a obtener la candidatura presidencial, Manuel Bartlett impulsó una contrarreforma electorera que cerró en los hechos la apertura democrática iniciada en 1977 y mezcló dos sistemas de representación política que hasta entonces corrían por cuerdas separadas y que hoy han devenido en una sobrerrepresentación monstruosa. Sin entrar a detalles eso llevó a la crisis política del 88 y a lo que el academismo se obstina en fijar como el inicio de la evolución democrática mexicana, haciendo tabla rasa de la verdadera y primigenia reforma política del 77, de la contrarreforma electorera del 86 y del quebranto del sistema en el 88; como consecuencia, ésta última se toma erróneamente como la apertura del ciclo democrático, transitológico, de la alternancia y, finalmente, de crisis terminal de la democracia mexicana.

Nuestra democracia, pues, no fue producto de un paciente proceso político ciudadano, sino de una coyuntura y arreglo entre partidos, con la superficialidad propia de reformas legislativas sin implantación social, las modas transitológicas y el sueño de una noche de verano de una democracia sin calificativos, no de una verdadera transformación de un orden de vida de intermediación que hunde sus raíces hasta la colonia con sus correspondientes organización social, modelo de producción y élites (Escalante Gonzalvo). Modificamos sí, y con gran mérito, textos legales, procedimientos, salvaguardas, burocracias y presupuestos, pero no a nosotros mismos, nadie se preocupó por formar democracia, ni en analizar los estertores más que evidentes del sistema político global y nacional en crisis. Consagramos la democracia al sortilegio de un discurso performativo (Foucault), pero sin rasgar el espejo de agua bajo el cual ningún resquicio de luz ha logrado aún penetrar.

Nuestra democracia peca de romanticismo y prisas, lo importante fue cambiar de vestiduras, caras y poses, por solo cambiar, sin preguntar jamás "para qué", recibir las medallas democráticas norteamericanas y salvavidas económicos, compartir espacios hasta entonces reservados a priístas, escribir una página heroica en la historia nacional, hacer poesía y onanismo electoreros y, en no pocos casos, llenarse las alforjas de dinero indiscriminado.

En ese aquelarre y festín nadie reparó en los riesgos propios de toda democracia y menos aún en las consecuencias de su fin. Nadie vio, ni ve aún ahora, que todo empezó precisamente por una contrarreforma democrática cuyo análisis y comprensión hubiese guiado nuestros pasos con mayor cautela en las consistencias de una democracia en pañales. Por eso fue más fácil y cómodo empezar todo desde cero a partir del 88, aunque ya para entonces el mundo occidental contaba con casi setenta años de crisis de las democracias y normalización de estados de excepción, así como las enseñanzas de los totalitarismos y fascismos. Además, en 88 se juntaron el hambre con las ganas de comer: el PRI no quería poner nada a juicio, sino intentar una fuga hacia delante al costo que fuese con una reforma política, y las oposiciones sacar el mayor botín político posible y lo más rápido que se pudiese. Pero hasta la democracia urge de medida y distancia, toda borrachera y manoseos democráticos acaban en totalitarismo.

No nos sorprendamos, pues, de nuestra crisis actual, no podía terminar de otra forma: toda democracia protegida es en los hechos un estado transicional hacia el totalitarismo. Agamben en “Estado de excepción” muestra que en realidad los liderazgos carismáticos, sin demérito de sus propiedades, siempre se dan en un reblandecimiento del orden jurídico y la concentración del poder. Imposible también negar, que la descomposición política nacional hunde sus raíces hasta casi la mitad del siglo pasado y ninguno de nuestros próceres se ha atrevido a hacerle frente.

Agamben también nos alerta de no esperar con la desaparición del estado de excepción, de ser aún posible, regresar al concepto teórico hoy ya rebasado del Estado de Derecho, estamos condenados a crear nuevas categorías de pensamiento político, la contaminación del propio de occidente no tiene remediación posible.

Sin embargo en los hechos, el poder que utiliza el derecho para suspenderlo y gobernar en el límite de la excepción, situándose por encima de su umbral, terminó por desvirtuar al poder mismo como producto de la acción humana, la vida del hombre hoy se reduce a la mera supervivencia y bajo el control total del bio y psicopoder. Vaciados política y derecho, el poder público pierde contenido, propósito y sentido, frente a ello otros poderes, fácticos y globalizados, se han apropiado en los hechos de la soberanía. En grandes regiones de México quien hoy tiene la capacidad efectiva de imponer un estado de excepción, muy por encima del Estado mexicano, ya no se diga de los poderes municipales y locales, es el crimen organizado, permitiéndonos ahora ver que el abandono (Agamben) de los ciudadanos por el Estado en un estado de excepción redundó en la muerte de éste.

Así como la pandemia le cayó a López Obrador como anillo al dedo, él cayó en similares circunstancias al crimen organizado y hasta aquí hemos llegado con un Estado fallido, desprestigiado y rebasado, con una salvedad, el crimen organizado va a cortar ese anillo antes de cercenarse el dedo.

Finalmente, nos preguntamos por qué el desdoro de lo político y el desencanto y apatía ciudadanos, la respuesta es un siglo de un poder voraz que se alimenta de exceptuar al ciudadano del orden jurídico y de su explotación e ignorancia con miras a acrecentar su poder y manipulación por mientras pueda. Las nuevas tecnologías y el neoliberalismo dotaron al poder de novedosos y más potentes instrumentos para controlar por sobre el derecho, o mejor dicho, por fuera de él, la vida humana.

La pregunta es ¿para qué formar ciudadanos, para estados de excepción? ¿Hay política posible sin orden jurídico vigente y aplicable? ¿Qué espacio se le puede garantizar al ciudadano en los nuevos totalitarismos digitales?

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