Los peces gordos de Barrio en versión Corral

"Ése PRI corrupto se tiene que ir", es la proclama y eje central de la campaña de Ricardo Anaya.

Pero el grito de batalla debe aterrizar en un caso paradigmático, un nombre y una cara que en sí y por sí englobe todos los casos históricos, hipotéticos y probables de la corrupción priista. Un pez gordo bajo la escuela de Francisco Barrio, o el cadáver sembrado por la Paca de Manuel Muñoz Rocha bajo la batuta de Lozano Gracia.

La mención de los peces gordos es más ilustrativa de lo que pudiera parecer, habida cuenta que lo que atestiguamos hoy es la reedición de la emblemática, mediática y política persecución de Rogelio Montemayor.

No es mera casualidad que Corral siga los pasos de su antecesor en el gobierno de Chihuahua, ni que Creel sea el asesor estrella de Anaya, ni que el intelectual orgánico y escritor de discursos y proclamas sea el imparcial, objetivo y todólogo Jorge Castañeda. No dudaría que en los entretelones de la trama se encuentren insertos Lozano Gracia y Chapa Bezanilla, sin duda de otras épocas, pero de iguales mañas.

No defiendo la corrupción del PRI. Éste tendrá que pagar todas las que debe, en especial haber convertido la política en enfermizo medro y depredación.

Pero tampoco puedo callar ante lo que es un montaje electorero y un modus operandi que nos anuncia, ahora sí, a verdaderos fiscales carnales, el uso político y electorero de la justicia y un régimen de terror. No se equivoca Javier Lozano, que lo conoce bien, al aseverar que Anaya es más peligros que López Obrador.

Celebró la persecución de la corrupción donde quiera que se dé. Corral presume una que presenta como valiente, profunda y epónima. Dime de qué presumes y te diré de qué careces.

En contraste, todo lo demás en Chihuahua es un desastre y su historia personal es un rosario de escándalos utilizados como escalera sin más logros concretos que su ascenso al poder y fama pendenciera.

Señalo lo anterior, porque en el haber de Corral hay más apariencias que resultados, reyertas que beneficios, acusaciones que hechos comprobados.

Lo señalo, también, porque la gobernanza de un Estado exige eficacia en todos los frentes, todos los días y no fuegos de artificio que oculten las ruinas y la ruindad de un gobierno fallido.

Por cierto, Corral acusa al gobierno federal de una cacería en su contra, pero el desastre de su desgobierno no tiene más mérito que el propio.

Ahora bien, en el ámbito de combate a la corrupción, sus alcances se circunscriben a la persecución de delitos del fuero común, relevantemente peculados por desvíos y malversación de recursos públicos locales.

En ese tenor, presume a más de 140 exfuncionarios bajo proceso y la historia pronto mostrará la solidez y legalidad de lo que hasta hoy suena más a un ardid publicitario. Espero que el ruido mediático de su cruzada anticorrupción se corresponda con consistencia jurídica, respeto al debido proceso y a los derechos humanos y, por sobre todo, con un verdadero ánimo de justicia.

Derivado de un peculado local, sostiene que tiene pruebas suficientes para acreditar que por instrucciones de la Secretaría de Hacienda federal, el gobierno de su antecesor firmó contratos con empresas fantasmas cuyos pagos fueron a dar a manos de un Secretario Adjunto al CEN del PRI nacional, cercano a Manlio Fabio Beltrones, a la sazón Presidente del PRI, de nombre Alejandro Gutiérrez.

Los abogados de Gutiérrez reclaman violación de sus derechos humanos, del debido proceso e, incluso, tortura para que involucre a Videgaray y Beltrones a cambio de inmunidad.

Con independencia de ello, si lo que persigue Corral son delitos electorales, ¿no los debiera conocer la FEPADE? ¿Le alcanza la competencia sobre peculado para perseguir ilícitos electorales de orden nacional? ¿O es que lo que busca es cobertura y ruido nacional, no justicia?

Competencias aparte, lo que atestiguamos es un in crekscendo que nos lleva de un peculado local, a delitos electorales que involucran de lleno al gobierno en el poder y su partido, a una supuesta e ilegal suspensión de transferencia de fondos federales a Chihuahua como reprimenda a su valiente cruzada anticorrupción y, ahora, a una recolección de firmas para que Peña Nieto firme una solicitud de extradición que, primero, no le corresponde firmar a él, y, segundo, responde a la integración correcta de su expediente. En otras palabras, la recolección de firmas es otro ardid que apesta a Corral y a Anaya, pero no tiene un dejo de ánimo de justicia y lucha anticorrupción.

Los involucrados mediáticamente en la trama son Gutiérrez, Beltrones, Videgaray y ahora Peña Nieto. Duarte, sin prejuzgar ni defenderlo, era simplemente una excusa en la trama electorera del "Ése PRI corrupto".

Todo ello, a partir de una investigación de peculado con recursos estatales.

Las coincidencias no aplican en política. Corral da con el vellocino de oro, con la clave para acabar de una vez por todas con el PRI, para pescar a todos sus peces gordos, para involucrar directamente a Peña Nieto y, si Beltrones no se hubiese amparado, para fotografiarlo tras la rejas, precisamente en tiempos electorales y bajo la proclama de "Ése PRI corrupto se tiene que ir". Lo hace, además, rodeado una pléyade de psicosis políticas cuya foto, publicada ayer por toda la prensa nacional, releva de cualquier carga de prueba de motivaciones políticas, electoreras y mediáticas que, además, ofenden por ostensibles y cínicas.

Los gobiernos de los Estados, todos, viven un via crucis permanente por obtener recursos de la federación, ya los que les corresponden por transferencias y aportaciones, ya los extraordinarios. Todo mundo lo sabe.

Ha quedado probado que Chihuahua, contrario a lo sostenido por Corral, fue favorecido con recursos excedentes el año pasado y que el cinco de enero le fueron negados recursos extraordinarios por falta de disponibilidad y por la impugnación del propio gobierno de Corral del instrumento firmado para ello.

Esto que es el pan nuestro de todos los días de toda administración pública, la convirtió en horas Corral en una persecución política y venganza federal al encarcelamiento de Gutiérrez. Más bien pareciera que impugnó el convenio e intentó cobrarlo a sabiendas que se lo iban a negar para montar su puesta en escena donde, insisto, nada más faltó Chihuahua. Toda la nómina de Anaya estuvo presente, pero no Chihuahua, la supuestamente ofendida.

Concluyo: condeno la corrupción en todas sus formas, incluida la electorera, falsaria, mediática y embozada en lucha anticorrupción.

Y les adelanto, como ya lo había señalado meses antes, cuidémonos de revivir la justicia de Bezanilla, la política de Creel y la diplomacia de Castañeda.

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