Mancera al Senado

Tres son las cuestiones que levanta la posible candidatura de Mancera al Senado: el abandono del cargo, el desfiguro político y la posible inconstitucionalidad de su postulación.

La Ciudad se hunde en inseguridad, impunidad y decadencia múltiple, desde la infraestructura urbana hasta el poder tribal impulsado desde el gobierno y una estructura política y gubernamental desarticulada por las diferencias de una izquierda enfrascada en guerras internas por la búsqueda del poder.

Atrás quedaron la emergencia de la reconstrucción por los sismos y los compromisos con una ciudadanía encandilada por una candidatura ciudadana que devino en un globo que se infló hasta pretender la Presidencia y desinfló hasta urgirle el fuero.

En este tenor se inscribe el desfiguro político. Perdida la posibilidad de una candidatura independiente y luego marginado de la construcción del Frente PAN, PRD y MC, Mancera ahora juega a la posibilidad de irse de candidato plurinominal al Senado, pero no sabe si por el PRD, al que nunca quiso afiliarse, por el PAN, en el desfiguro ideológico que priva en el espectro político, o de plano por Movimiento Ciudadano, como se lo ofertó Dante Delgado a principios de diciembre pasado, cuando lo bajó de la carrera presidencial al interior del Frente y humilló políticamente.

Por respuesta Mancera balbucea que, ahora sí, aceptaría la candidatura pero por el Frente en su conjunto, como si embozarse en la marca cambiara el oprobio de su destino.

Si sigue estirando la liga terminará buscando un cargo de concejal en alguna alcaldía de poca monta.

Pero su principal problema es constitucional. La Constitución establece los requisitos de elegibilidad para senadores en el artículo 58, que remite al 55 que desde 1917 disponía que "los gobernadores de los Estados no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aún cuando se separen definitivamente de sus puestos."

La reforma al artículo 55 de 1933 deja intocado el precepto y la de 2016 lo reforma para incluir, precisamente, al Jefe de Gobierno: "Los gobernadores de los Estados y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aún cuando se separen definitivamente de sus puestos."

La teleología del precepto responde a evitar que un funcionario público utilice indebidamente el poder que le da el cargo para presionar al electorado.

Mancera y sus asesores se guarecen en que la jurisdicción en la que sería electo no es la Ciudad de México, sino el país entero, habida cuenta que la lista plurinominal al senado se vota en todo la república.

El razonamiento es que el bien jurídicamente tutelado por el 55 constitucional es la equidad en la contienda, evitando el uso del cargo para incidir en ella, pero también deben ponderarse el derecho político a ser votado, y hacerlo bajo los principios pro homine y de progresividad del 1º constitucional; lo que abre la oportunidad de una interpretación garantista en el sentido que parece apuntar Mancera: los senadores electos por el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, responden a un ámbito superior a la jurisdicción del mandato de una entidad federativa.
El asunto, sin duda, de darse, llegará al Tribunal, lo que incidiría en deslavar aún más el ya de suyo desdorado circuito democrático.
No será una candidatura sin cuestionamientos, y, de llegar, tendrá que ser con calzador.

A Mancera, por supuesto, le asiste el derecho a aspirar al Senado, son los costos políticos, personales e institucionales, los que debiera ponderar en su apetencia.