La Estafa Maestra... Electoral

El show que nos regaló la feria de filtraciones sobre las cifras de firmas validadas por el Instituto Nacional Electoral sobre los apoyos a aspirantes a candidaturas independientes a Presidente de la República, deja varias y tristes lecciones.

La primera es sobre el profesionalismo periodístico. No es lo mismo hacer periodismo de investigación que periodismo de filtración. El primero ejerce una noble profesión: escruta la realidad, por un lado, y cumple la función de darla a conocer, por otro. El segundo se presta de instrumento pasivo, no examina ni válida hechos, es -como las mulas del narcotráfico- un simple vehículo de una información empaquetada. No hay en esto último vocación ni responsabilidad alguna, solo ego voraz por la primicia fácil, el embozo de cierto interés y un posible ejercicio mercenario.

En el caso concreto, no había nada que investigar, la autoridad estaba en un proceso de valoración de firmas dentro de los tiempos de ley y su informe preliminar sería dado a conocer en fecha cierta. Adelantar por unos días u horas resultados no tendría en sí mismo un interés periodístico, en tanto que sí uno político.

Y es aquí donde este tipo de periodismo adquiere su más deleznable cariz. Toda vez que deja claro que más que informar busca dañar, ya a un contendiente o contendientes en particular, ya a la figura de independiente, ya al proceso electoral mismo.

Periodismo militante, con dedicatoria y consigna; simple prestidigitador de un suspenso artificial, vocero inorgánico de cuartos de guerra, merolico de pócimas de engaño.

En esta línea y por afinidad destaca el lamentable papel de Pedro Ferriz de Con. Hoy estamos ciertos que se subió a reventar el proceso, a dañar a los contendientes, a denigrar la figura electoral del independiente.

Otra lección, de suyo ominosa, es el papel un tanto cuanto desenfadado de la autoridad electoral. Cuando las cifras se empezaron a difundir, debió de hacer un desmentido oficial y contundente. En su lugar hubo algún twitt aislado y una entrevista perdida.

El dato no es menor, que en redes y artículos se difundieran cifras que se presumían exactas y fidedignas, cuando la autoridad estaba aún en el proceso de validación, solo podía significar dos cosas, o que la información era falsa o que la autoridad tuviese una fuga de información.

La omisión en desmentir, o si se quiere, el desmentido guango y timorato, abrió en el imaginario ciudadano la especie de que las cifras eran definitivas y estaban sancionadas por el INE.

Grave, porque significaría que la autoridad jugó a filtrar información en demérito de algunos de los contendientes, en mella de la equidad en la contienda, en desdoro de su profesionalismo y en abierta parcialidad.

La especie se confirmó, las cifras coinciden en lo general y el involucramiento parcial y obscuro de la autoridad electoral daña a la institución y pone en riesgo la legitimidad del proceso.

Supongamos, sin conceder, que el informe de verificación sea cierto, qué necesidad de mancharlo filtrando su contenido en abierto daño a los contendientes.

Las filtraciones, además, siempre apuntaron en favor de una aspirante y el festejo adelantado de su casi siempre inoportuno cónyuge así lo acreditó. Su salida en falso, además, en su calidad de financiero casi único de campaña, permitiría pensar transacciones mercantiles publicitarias de por medio.

En un clima de crispación social y desconfianza a las instituciones públicas generalizada, nada, más que desprestigio, aportaron filtraciones y festejos.

Ahora bien, cocinar a fuego lento el descrédito de dos actores en la contienda, aún antes de que legítima y oportunamente fuesen enterados de datos duros que sólo la autoridad conocía, podrá, sí, poner en cuestionamiento el actuar en la recolección de las firmas, pero no deja margen de duda de la parcialidad e inoperancia del INE.

Este último aserto amerita una aclaración para la debida valoración de la opinión pública. El aspirante daba de alta al auxiliar y éste subía directamente al INE la captura de datos, sin valoración previa del aspirante o su equipo. El aspirante era informado cuantitativamente del desempeño de cada uno de sus auxiliares, pero jamás tuvo acceso en detalle a la calidad de la información subida; sabía tan sólo cuántos registros eran separados para revisión o bien eran abiertamente rechazados.

Venir ahora, tras la valoración previa del Instituto, a decirnos que por sus narices pasaron por varios meses millones de registros apócrifos, descalifica más a la autoridad que en todo momento los tuvo a la vista, que al aspirante, que sólo tenía los reportes cuantitativos de una autoridad que se esperó hasta el final para conocer la calidad de la información que tuvo bajo su absoluto control todo el tiempo.

Por la información ayer presentada, suponiendo sin conceder, la simulación es tan burda que hasta un retrasado mental podría detectarla a simple vista.

¿Por qué entonces esperarse hasta el final para develarla?

¿Por qué el INE, en su proceso de validación la dejó pasar?

Los Lineamientos dictados por la autoridad establecen dos tipos de revisión: si los apoyos coinciden con un registro localizado en la lista nominal de electores y no presentan inconsistencia alguna; y sobre la autenticidad del documento soporte del apoyo ciudadano.

La autenticidad significa lisa y llanamente Credencial de Elector en original; no fotocopias, pantallazos, cédulas para llenar datos u otro tipo de documento. Verificar visualmente la autenticidad del documento resultaba más fácil que localizar su registro y consistencia en el Listado Nominal. ¿Por qué entonces la autoridad dejó correr dichos registros, los validó, se lo informó así al aspirante e, incluso, determinó formal y públicamente que había alcanzado el umbral y su dispersión geográfica?

¿No resulta absurdo y entrópico validar de entrada registros y documentos fuente y descalificarlos de salida?

Y a todo esto, habrá que destacar el estado de indefensión del aspirante. Hoy la autoridad le dice la validación de registros que hice e informé, no es válida. La tuve a la vista y bajo control todo el tiempo, pero hasta hoy que la revisé la encuentro no procedente. ¿Qué hizo entonces la autoridad todo este tiempo, además de ser una simple ventanilla receptora y contabilizadora de registros?

Los tuvo a buen recaudo por meses sin verificarlos, que era su obligación, y hoy le da al aspirante, además de una tunda de desprestigio mediático, cinco días para alegar lo que a su derecho convenga sobre cerca de un millón y medio de registros, entre los tres interesados.

Aquí hay derechos ciudadanos violentados, no sólo de los aspirantes, sino de los ciudadanos que los apoyaron y hoy son puestos en duda.

Creo que Ríos Piter y Jaime Rodríguez son objeto de una Estafa Maestra Electoral y víctima de poderosos intereses políticos.

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