Violación masiva del voto ciudadano por el Estado

El número de casillas no es un capricho u ocurrencia; menos un disparate.

Obedece a un cálculo científico y comprobado de cuántos ciudadanos pueden votar por elección por hora en una casilla. Y, si son más de una elección (urna) el número se reduce. Por ello la ley establece 750 electores por casilla. De ahí que haya en muchas ocasiones casillas contiguas cuando la sección electoral, célula básica del entramado territorial electoral, cuenta con más de 750 electores. De ahí, también, que la geografía y cartografía electoral se tenga que estar modificando constantemente, toda vez que la gente se nace, muere y se mueve.

En atención a ello, se sabe cuántas casillas se deben instalar en el país para garantizar el voto ciudadano en igualdad de condiciones para todos votantes de la Lista Nominal de Electores (LNE).

Lo demás es consecuencia: credencial para votar, urnas transparentes, representantes de partido, observadores electorales, tinta indeleble, escrutinio, cómputos en varios niveles e instancias jurisdiccionales. Todo ello para garantizar la efectividad del sufragio y el pleno ejercicio de los derechos políticos del ciudadano.

Los partidos lo han entendido como privilegios y negocio. Pero ellos son meros instrumentos que en su momento serán substituidos por otros más eficaces. Todo es en razón del ciudadano.

Por ello, cuando López Obrador dice que para qué instalar cien mil casillas, que se instalen únicamente de 10 mil a 30 mil, lo que hace es confesar su falta de compromiso con la democracia y su desprecio para con los ciudadanos.

Se requieren instalar en una elección nacional, conforme a la lista nominal actual, 161 mil 460 casillas. Por cada casilla menos que se instale se conculca el derecho de ciudadanos a votar.

Si se instalan 10 mil casillas sólo podría votar el 6.2% de la LNE, si se instalan 30 mil, votarían únicamente el 18.5% de los ciudadanos con derecho a hacerlo.

De hacerlo, no sería una votación sino una simulación, en la que entre un 81.5 a 94% de la ciudadanía no podría votar teniendo derecho al voto activo. De hacerlo, la autoridad electoral sería responsable de una violación masiva del voto ciudadano.

La democracia o es o no es. Porque se trata de derechos, no de mamarrachadas.

El Instituto Nacional Electoral (INE), sostiene que no hay condiciones para llevar a cabo la revocación de mandato sin recursos presupuestales, porque su responsabilidad es garantizar el voto pleno en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos, no demagogias austericidas, ni en pantomimas pseudemocráticas.

El INE, en este caso piensa en ciudadanos y derechos.

Por supuesto que no es lo mismo movilizar a clientelas en 161.4 mil casillas, que en 10 mil, para al final decir —como en la pasada parodia contra expresidente— que, con un 7% de afluencia ciudadana a las urnas, ganó una amplísima mayoría.

La pregunta es, ¿y los ciudadanos? ¿Quiénes serán los que se queden sin votar, con qué fundamento, por qué razón válida y sostenible con razones, también, consistentes; con qué derecho?

En el fondo lo que pide el presidente es que el Estado mexicano conculque el derecho a votar, porque la propia autoridad —al final Legislativo, Ejecutivo, Judicial y autónomos son todos un mismo Estado—, al negarle al órgano ejecutor los recursos necesarios para garantizar el sufragio en igualdad de condiciones a todo ciudadano mexicano, impide al elector el ejercicio pleno y garantizado de su derecho-obligación.

Una vez más se embrolla el presidente en sus necedades y caprichos.

¡No señor presidente!, una casilla menos, son ciudadanos a los se priva del derecho a votar.

Se llama democracia y se come completa o no se come.


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