Cosas del fuero y la memoria

Jesús Cantú, en su colaboración semanal de Proceso, aborda la Ley antifuero y la Ley Chayote (Comunicación Social). En torno a la primera refiere un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, que señala que de 1917 a la fecha han sido sujetos a juicio de procedencia (desafuero) ocho legisladores o funcionarios, de los cuales sólo dos han sido condenados y uno más anda prófugo. Trae a colación los desafueros de Carlos Madrazo (1945), Díaz Serrano (1983) y Rene bejarano (El Señor de las Ligas) (2004).

Todo ello para concluir: Uno.- "Es evidente que la clave para proceder o no en contra de un legislador o de un alto funcionario protegido por el fuero es su cercanía o lejanía con el gobernante en turno."

Y, Dos.- "… mientras no exista una fiscalía autónoma, la situación no cambiará, haya fuero o no haya fuero constitucional, pues seguirá siendo el presidente quien lo ordene."

Lo que no entiendo es para qué recurrir al Belisario Domínguez y a historias ajenas cuando tiene a la mano un caso más cercano: el suyo.

Jesús Cantú fue denunciado por uso indebido de recursos públicos cuando fue Consejero Electoral del entonces IFE (2000), el Contralor en aquel entonces le abrió expediente y ardió Troya.

Se dijo que se atentaba contra la democracia y la ciudadanía; que siendo un órgano autónomo, el Contralor no tenía atribuciones para sujetarlo a proceso; que el fuero constitucional lo protegía del propio Contralor y una serie de linduras desaforadas.

Fue tal la presión que el Consejero Presidente se vio forzado a pedirle al Contralor le remitiese el expediente; éste, ante semejante despropósito, lo remitió pero resuelto y firmado, de suerte que Cantú quedaba sujeto a juicio de procedencia (desafuero).

¿Qué pasó? El Consejo en pleno destituyó al Contralor sin debido proceso y garantía de audiencia, canceló todo lo por él actuado sin atribuciones en la materia y sentenció urbi et orbi que quien se metiera con un Consejero se metía con todos, al mejor estilo de pandilla de barrio.

Previamente Cantú había tramitado un amparo y la justicia federal lo amparó para efectos de reponer el procedimiento, resolviendo primigeniamente, sin embargo, que el Contralor sí tenía atribuciones para investigarlo, someterlo a procedimiento y resolver en consecuencia. Claro, para cuando la justicia federal resolvió esto, los consejeros ya habían masacrado al exContralor y a la ley, y su sucesor no se atrevió a tocar al interfecto ni son el pétalo de un oficio.

Corta y selectiva es la memoria de Jesús Cantú en torno al fuero en el que indebidamente se escudó, habida cuenta que éste lo protegía para el cumplimiento de su función electoral, no para dilapidar recursos públicos en gastos personales.

Pero las conclusiones a las que arriba Cantú no cambian, antes bien se confirman: la clave para proceder o no contra un funcionario es su cercanía con el poder y mientras no exista un ente verdaderamente autónomo nada cambiará.

Él fue protegido por sus pares en pandilla y el entonces Contralor -en violación a toda norma- sometido al oprobio de la injusticia y soberbia burocráticas, así hayan sido ciudadanizadas, autónomas y apartidistas (favor de no reírse).


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