Cuando el poder no tiene límites

Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que, por disposición de las cosas, el poder frene al poder. Montesquieu De los excesos del absolutismo aprendimos que el poder debe detener al poder para evitar la arbitrariedad de los gobernantes. De allí que el Estado de Derecho no se entienda, ni conciba sin una división de poderes que garantice que en un equilibrio de pesas y balanzas el poder someta el poder al derecho. Lo anterior se explica histórica y teóricamente por la necesidad de asegurar la libertad y seguridad del individuo frente al Estado. Son el goce y la seguridad de las libertades civiles y políticas del hombre lo único que justifica que éste haya abandonado el estado de naturaleza y viva en una sociedad organizada y normada.

El Estado de Derecho, y en él gobierno y gobernantes, son constreñidos por la ley y la división de poderes a garantizar la no violación de las libertades civiles y políticas de los ciudadanos, así como de sus derechos y bienes. Esa garantía debe ser que nadie sin razón legal violente la esfera de libertades y derechos de cualquier individuo en sociedad, pero con especial énfasis aquellos que detentan el poder. Menester es recordar que la democracia sólo puede florecer en un régimen de libertades civiles y políticas. Hablar de democracia donde las libertades han sido conculcadas es una contradicción en sus términos. Y hablo de las libertades de todos, principalmente de los gobernados, no sólo de las del gobernante que, en todo caso, las goza en tanto ciudadano y no por cuanto gobernante.

En este orden de ideas, recientemente en México hemos visto pisotear dos instituciones del Estado de Derecho que fueron diseñadas y estructuradas para garantizar, por un lado los derechos del individuo frente al Estado y, por otro, el debido ejercicio de la función pública en garantía del propio gobernado. Contra los actos de autoridad que violenten sus garantías, el individuo tiene a su alcance el amparo; máxima institución y arma del gobernado frente al Estado. Por el amparo éste detiene al gobernante cuando sus actos violentan la esfera de sus libertades y derechos, lo somete por la divisiòn de poderes al judicial y por el juicio de amparo a la ley. El amparo protege al gobernado frente al poder.

Por otro lado, subsiste en México la figura del fuero constitucional, esta institución lo que protege es al poder del propio poder. Lo anterior ha sido obviado por todos los gesticuladores que se sumaron al ruido del desafuero: el fuero protege la función pública y su debido ejercicio, no al individuo, ni a su esfera de libertades y derechos, menos aún a sus aspiraciones o posibilidades políticas. El fuero protege la división de poderes y el debido actuar de los órganos del Estado que, como ya hemos señalado arriba, garantiza a su vez las libertades del gobernado. Lo primero que hace un autócrata es desaparecer la división de poderes, ya sea por sometimiento o por exclusión. De allí la necesidad de garantizar, vía fuero, que esto no suceda. Pero quienes ejercen la función pública son individuos y como tales pueden tener conductas que pueden llegar a ser punibles, ya las efectúen como ciudadanos o como autoridades. Así un funcionario puede en su esfera de ciudadano como cuentahabiente girar cheques sin fondos o como causante defraudar al fisco, y como funcionario público cometer alguna violación a la ley que sea penada por ésta, como el desacato a un amparo. En ese supuesto, el fuero, institución que protege a la función pública y no al individuo, entra en crisis: no se está ante un acto arbitrario de un poder contra otro para inhibir su ejercicio, sino ante un debido proceso de ley que obliga al individuo encargado de la función pública a responder de sus actos ante la ley.

Ahora bien, como la experiencia lo ha mostrado, suele suceder que un poder que busca inhibir a otro proceda denunciado ilícitos de su titular, y a efecto de evitar abusos de uno u otro actor, la ley establece el juicio de procedencia, por medio del cual antes de que el individuo denunciado pueda ser sometido al poder judicial y, por ende, imposibilitado de seguir cumpliendo la función pública que tiene encomendada, la Cámara de Diputados debe conocer del caso y determinar si hay o no elementos suficientes para sujetar al individuo a proceso ante los tribunales de la Nación. Recordemos que todo ello tiene por objeto proteger al poder de los abusos del poder, no otorgar al individuo encargado de la función pública una patente de corzo. ¿Qué es más conveniente ser gobernado por el mejor de los hombres o por las mejores leyes? La ley no tiene las pasiones que necesariamente se encuentran en cualquier alma humana.

Aristóteles, a la luz de lo anterior, es dable señalar que lo que México tristemente ha vivido en los últimos meses con relación al desafuero del Peje es la prostitución de cuatro instituciones torales de nuestra convivencia organizada. La primera institución prostituida fue el amparo. En la especie un individuo es afectado por el gobierno del Distrito Federal en sus derechos y propiedades, acude a la justicia federal, ésta lo ampara y el poder en lugar de detenerse por sentencia de tribunal competente determina la venalidad de la justicia. El individuo queda indefenso, sus libertades y derechos conculcados, el poder no detuvo al poder en perjuicio del gobernado, el Estado dejó de ser seguro para el individuo en él asociado y ante ello sólo queda recuperar el estado de naturaleza y que cada quien defienda sus libertades, derechos y bienes bajo la ley de la selva. La segunda institución prostituida fue la división de poderes. En el Distrito Federal, por lo menos, no hay más poder que el del Jefe de Gobierno. No hay juez, ni tribunal que lo pueda someter a la ley.

Esto demanda explicitación: ante la ley todos somos iguales, nadie puede eximirse de su cumplimiento. Si alguien demanda amparo, el funcionario demandado debe someterse a la jurisdicción del poder judicial y sólo éste puede determinar si actuó con motivación y fundamentación legal o no. La verdad legal es la que diga el juez, no la que sostenga el funcionario público. Pero si en los hechos puede haber un funcionario que contra resoluciones firmes de tribunales unitarios y colegiados pueda eximirse de acatar y cumplir la verdad legal, la división de poderes deja de existir para dar paso a una autarquía ominosa.

La división de poderes no sólo fue acribillada en el desacato al judicial, sino en el vilipendio y escarnio del Legislativo y Ejecutivo por parte del Peje, huestes y corifeos. La tercera institución prostituida fue la democracia. No puede haber democracia sin un régimen de libertad del individuo frente al poder, no del poder (Peje) frente al individuo (amparado), o frente a otros poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo de la Unión). Lo más grave de todo es que el discurso que absurdamente lograron insertar en la opinión pública nacional e internacional fue el de que se trataba de conculcar el derecho del Peje a participar en una contienda electoral que todavía no empieza, en la que no ha sido registrado como candidato y cuyo proceso interno de selección en el PRD está aún por definirse.

Permítase poner un ejemplo: pongamos que mañana el señor López Obrador decide asesinar de tres balazos en la cabeza en plena conferencia mañanera frente a las cámaras de televisión y decenas de testigos a un periodista que le resulte incómodo; que tras de ello se entrega y confiesa, y el juez determina no sancionarlo para no impedir el paso de la democracia en México y permitir así que el señor pueda aparecer en las boletas, ya que de otra suerte estaría cometiendo un atropello a los derechos políticos del Peje y a la democracia mexicana. No desconozco que el manejo del asunto, como todo lo de este gobierno, fue un desacierto desaseado y torpe, pero de allí a entronizar al Señor López Obrador por encima de todo me parece un peligroso despropósito.

Cuál democracia, habría que preguntar, la que se impone a fuerza de marchas y el uso indebido de las estructuras gubernamentales del Distrito Federal. ¿Los derechos y libertades políticas de López Obrador están por encima de los civiles del gobernado al que la justicia federal ampara? ¿Qué vale más para México, la institución del Amparo o las aspiraciones de López Obrador? Por más iluminado que los medios lo vendan, ¿podemos pensar que alguien se lleve entre las patas a los tres Poderes de la Unión y ello sea en beneficio de la democracia nacional? ¿Es en este caso el fuero para proteger a la persona y la función pública, y protegerlo contra amparos de gobernados, sentencias de tribunales y resoluciones mayoritarias de la Cámara de Diputados? ¿Por qué la mayoría de la Cámara de Diputados que lo desaforó es espuria y condenable y no las mayorías que él dice lo respaldan, o bien su mayoría de bejaranistas en la Asamblea del DF? Finalmente, la última institución prostituida fue el Estado de Derecho.

Sin libertades civiles y políticas del individuo frente al Estado, sin división de poderes, sin democracia fundada en las libertades y la ley, no caben más que los caudillos iluminados. Conveniente es recordar que en los albores de nuestra independencia un imperativo liberal estuvo presente. El artículo 27 de la Constitución de 1814 disponía: "La seguridad de los ciudadanos consiste en la garantía social: ésta no puede existir sin que fije la ley los límites de los poderes y la responsabilidad de los funcionarios públicos".

En la especie en México la seguridad de los ciudadanos ha sido sacrificada en aras de un poder sin límites y de un funcionario sin responsabilidades. Concluyo: las dos instituciones que los mexicanos nos habíamos dado para detener al poder por el poder, en un caso el amparo de individuos y en el otro el fuero de funciones, han sido sacrificadas en el templo de la nueva realidad: Su serenísima alteza Andrés Manuel I.

Ps.- Si les parece exagerado, recuerden tan sólo el pasillo central en las manifestaciones en el Zócalo y pregúntense dónde han visto algo parecido: ¿Musolini o Hitler?

Ps.1. Me abstengo de hacer mayor comentario del reculón de Fox por salud mental.

#LFMOpinión