Ser o aplicar la ley

Hay una enorme diferencia entre "ser la ley" y ser "representante de la ley". Me explico: en el primer caso estamos ante la personificación del mandato legal, de frente a una investidura irresistible. En el segundo caso estamos de cara a un servidor público encargado de hacer cumplir la ley… pero sujeto a ella.

La diferencia es enorme, frente al primero no existe derecho oponible, es el derecho en persona el que se nos impone sin taxativa posible; contra el segundo prevalece una gama de derechos sustantivos que la autoridad debe respetar y garantizar, así como un abanico de obligaciones que debe cumplir.

En el primer caso estamos frente un poder autárquico, en el segundo ante un poder limitado, estamos delante y somos un Estado de derecho.

Para los tratadistas políticos, una de las acepciones de la política es ser la ciencia que estudia las relaciones de poder y sus formas de control, en ese orden de ideas, cuando se está frente a la personificación de la ley no hay política, ni control posible de las relaciones de poder; éste, el poder, "es" sin limitación ni regulación alguna.

Cuando se está ante los representantes de la ley, la política destella sus mejores luces, porque controla el ejercicio del poder a través de la ley, somete al Estado a la observancia de la ley.

En la sociedad moderna no existen derechos previos ni superiores a la sociedad. No puede haber derechos fuera de la sociedad, es ésta la que los hace posibles y garantiza su efectividad. Toda autoridad deviene del pueblo y se instituye para su beneficio, luego entonces, requiere de la regulación y control que solo puede aportar la ley. Inclusive los jueces encargados del control de constitucionalidad están sujetos a la ley y a los procedimientos que ésta les impone.

La diferencia es muy sencilla, aunque a veces olvidemos las grandes lecciones de la humanidad: o la autoridad se asume como "la ley", con todas sus atroces consecuencias, o se reconoce como simple aplicadora de la ley, sujeta, invariablemente, a ella.

En nuestro auxilio se alza el indispensable Estagirita, quien preguntaba que es "más conveniente, ser gobernado por el mejor de los hombres, o por las mejores leyes". Su respuesta la conocemos todos, "la ley no tiene pasiones que necesariamente se encuentran en cualquier alma humana". Cuando esas pasiones, por la vía de la sustitución o personificación de la ley, vuelven a introducirse en el gobierno de los hombres, se abre de nueva cuenta la puerta a las mayores injusticias.

Decía Pope que "los tontos entran a grandes zancadas donde los ángeles no se atreven", y hoy—en ésta dolorosa época de canonizaciones y excomuniones—con la iglesia de la democracia hemos topado: el consejero Cárdenas asevera y suscribe que "cualquier autoridad (electoral) administrativa está facultada para no aplicar una norma que considere contraria al texto constitucional" y se atreve a solicitar formalmente al Consejo General del IFE a "no aplicar una norma" que él considera anticonstitucional.

De nada sirve que la ley sujete a los consejeros al principio de la legalidad.

De nada sirve que la Constitución disponga cuál es la "única" vía para conocer la contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.

De nada sirve que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya resuelto que sólo el poder jurisdiccional puede hacer declaraciones de inconstitucionalidad de leyes.

De nada sirve que hoy esté ante ese supremo tribunal una contradicción de tesis en torno de si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no el IFE, puede o no aplicar leyes secundarias que, a su juicio, contravengan a la Constitución.

El consejero Cárdenas nos habla de un control difuso de la constitucionalidad, donde difuso no es otra cosa que "extenso y poco preciso" y, por ende, contrario al principio de certeza y seguridad jurídica que debe regir al derecho, fenómeno humano ajeno a las pasiones que se encuentran en cualquier alma humana y que tan seguido abrazan al consejero electoral en la pira del sacerdocio panteísta de la transición por la transición misma.

Y es que el problema no es si debe o no existir el control difuso y, por ende, descontrolado de la constitucionalidad, si no estamos ante la disyuntiva de ser "la" ley de la democracia, o de servir humildemente a la democracia, aplicando la ley con sujeción a la misma.

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