Pacto y chantajes
Foto Copyright: lfmopinion.com
Revancha e impotencia son para Luis Rubio los motores de las reformas electorales en México. No haber ganado o no poder ganar es lo que inspira el celo que, revestido de democracia, condena a nuestros partidos a una reformítis aguda y adictiva.
A diferencia de las reformas de 77 y 90, y en menor grado de la de 96, las últimas reformas, y ésta en particular, no despiertan el menor interés en la ciudadanía. 4% de la población la considera importante y la encuesta se antoja cuchareada. Solo a Zambrano y a Madero, así como a los escuderos electorales de siempre, escuderos de todos los partidos, que han hecho de las reformas electorales un modus vivendi, un arte de sobrevivencia política y maestría del trapecismo, le son de importancia. Diría, de importancia vital.
Coincido con Luis Rubio que el problema de México es de gobernabilidad y Estado de Derecho. Poder efectivo y limitado por la ley. Gobernanza y rendición de cuentas.
También lo acompaño en su apreciación de que las reformas electoreras propuestas son, como desde hace mucho, coyunturales, hijas de la frustración, revanchistas y con dedicatorias varias.
Por igual, concuerdo que la segunda vuelta, el centralismo electoral, los parches semiparlamentarios y demás ocurrencias y mariguanadas que pueblan las propuestas electorales sobre la mesa no resuelven absolutamente nada y sí complican, encarecen y frustran a la democracia, y hartan al ciudadano.
Dirán que parezco disco rayado, pero los partidos han evitado por décadas entrar a combatir y sancionar de lleno la compra y coacción del voto; las causales de nulidad no se han tocado desde 1996 y nacieron rebasadas por la realidad; los tipos delictivos electorales son ineficaces e inaplicables desde su creación; nadie vota por los Diputados y Senadores de Representación Proporcional en abierta violación constitucional.
Resulta un contrasentido que las autoridades que van a administrar las prerrogativas de los partidos, a controlar y vigilar su accionar y, finalmente, a sancionarlo, sean nombradas por los propios partidos y, además, bajo un sistema de cuotas.
Si por años hemos visto que este sistema no funciona (caso Ugalde), que solo ha servido para debilitar hasta la lástima a las autoridades electorales y que los partidos en la Cámara de Diputados pueden instalarse en permanente violación a la Constitución para no designar Consejeros Electorales, debiéramos quitarles dicha atribución.
Si la compra de tiempos en radio y televisión está prohibida y los partidos gozan de los tiempos del Estado, el financiamiento público y privado, así como los topes de gastos de campaña y ordinarios de los partidos debieran haber bajado significativamente y no al contrario, como en efecto sucede, significativa y cuantiosamente.
Pero esa es nuestra verdadera debilidad y condena: México está secuestrado por los partidos. Cualquier cambio que se pretenda hacer en materia político electoral debe pasar por la aduana del Congreso y éste está secuestrado por el monopolio de los partidos, monopolio con tres cabezas con sus respectivas rémoras.
Jamás harán una reforma que debilite su capacidad de chantaje y su liberalidad e impunidad para comprar y coartar la libertad del sufragio; nunca impulsarán una reforma que fortalezca a las autoridades electorales, menos a la penal en materia electoral; tendrá que nacer otro universo antes que se reduzcan sus prerrogativas y uno más para que tengamos un sistema de partidos abierto y responsable.
Ojalá el monopolio partidista se redujese a las materias político electorales, pero está generalizado y todo, sin excepción, termina, más temprano que tarde, reducido al chantaje partidista.
Así como el viejo régimen institucionalizó la Revolución hasta vaciarla de todo contenido, así Muñoz Ledo, y la escuela de expertos electorales trapecistas que lo emulan, institucionalizaron el chantaje político en una reforma electoral sin fin.
Por ello es que discrepo de mi dilecto amigo Luis Rubio en su valoración del Pacto. Si bien lo acompaño en que el Pacto es una nueva suerte de consenso que resuelve el círculo vicioso de las concertaciones y reconozco que hasta ahora, más no sin tropiezos y chantajes, ha ayudado a superar la parálisis político-legislativa y la mezquina voracidad de nuestra partidocracia, el Pacto lleva en sí mismo su propia condena.
El Pacto, al procesar las reformas en una mesa con el gobierno y las dirigencias partidistas incentiva el chantaje y el pay per view, es decir, el mercadeo de asuntos. Su procesamiento de consensos no es inclusivo, participativo ni democrático y termina sometiendo al Estado a las visiones, agendas y coerciones de las dirigencias partidistas
El Pacto, reconozcámoslo ya mostró su talón de Aquiles: Peña Nieto ha dejado claro estar dispuesto a ceder lo que sea para sacar sus reformas; las oposiciones institucionales ya le tomaron la medida y lo extorsionan; y las oposiciones no institucionales han hecho ya uso y costumbre el apoderarse de territorios, cerrar carreteras, pertrecharse con armas reservadas para el Ejército, mofarse de éste cada vez que les viene en gana y poner en jaque a Gobernadores de pasquín. Se les conmina a que se porten bien, pero el Estado y la Ley brillan por su ausencia para no descarrilar lo poco que queda del Pacto.
La pregunta es, ¿podrá el Pacto parir reformas que resuelvan la gobernabilidad y restablezcan el Estado de Derecho, o en su mesa y chantajes a ella se terminará de mercar lo poco que queda de la organización social y política llamada México?
#LFMOpinión
#Política
#PactoPorMéxico
#PayPerView