Montajes

El debido proceso de ley es una garantía para los gobernados. Es tal el poder del Estado que su ejercicio debe ser constreñido por la ley. Frente al Estado el individuo sólo tiene la ley.

Ahora bien, si esta garantía, como es el caso de la Sra. Cassez, beneficia a quien no debe; la culpa no es de la garantía y el hecho, aunque parezca contradictorio, viene a confirmar la bondad y necesidad de la figura jurídica.

Entiendo el enfado de las víctimas y sus familiares, pero no debieran enderezarlo contra el debido proceso de ley, ni contra la autoridad encargada de su vigencia, sino contra quienes se confabularon para violentar la ley.

Dicen que quien combate monstruos termina por convertirse en uno. Tal pudiera ser el caso de la Señora Wallace, quien en su lucha contra los victimarios clama actuar como tal. Quizás su rasgado de vestiduras nada tenga que ver con las víctimas que dicen proteger y sí con violaciones a la ley al haber tomado en sus manos la justicia, según amplios reportajes consignados en la revista Proceso.

El debido proceso de ley no abre las puertas a la impunidad, como sostienen la Señora Wallace y corifeos, es su violación la que la hace posible.

Lo que este asunto bebiera traer a nuestra atención no es la inocencia o culpabilidad de la francesa, sino la maquinación que derivó en violación de sus derechos humanos.

Se dice, y se dice bien, que esto no puede quedar allí y deben fincarse responsabilidades a quienes violentaron la ley y, al hacerlo, abrieron la vía de impunidad que tanto ofende a la justicia.

Sin duda habrá que hacerlo, pero debemos recordar que todo este enredo deviene de haber sometido una tarea de Estado a las órdenes de un productor de noticieros. Todo este circo obedece a un secuestro aún más ominoso que el de las víctimas de la señora Cassez y compinches, el secuestro del Estado por las apariencias.

¿Cuántas decisiones se toman por la adicción al reflector o, peor aún, por terror a él?

Las violaciones al debido proceso de ley, que derivaron en la conculcación de derechos humanos, en este triste caso, respondieron a un Estado autoritario, paradójicamente, sujeto a la dictadura de la pantalla. En otras palabras, el Estado viola la ley que está obligado a cumplir y a hacer cumplir, en sometimiento a un poder mediático.

Seguramente García Luna pensaba que se aprovechaba de la bonhomía de Televisa y su disposición a colaborar con él, sin darse cuenta que era aquélla quien lo explotaba para engrosar audiencias e ingresos, y someter la fuerza legítima del Estado y la altísima responsabilidad social de perseguir los delitos, al guion de una telenovela disfrazada de noticia.

El problema no es solo de una autoridad que violentó derechos para ganar imagen y abdicó de su función, reduciendo al Estado mexicano a actor de reparto de una telenovela noticiosa, sino también de un concesionario de un servicio público que fabrica lo que vende como información a sus patrocinadores y audiencia.

Hoy sabemos que aquel reportaje en vivo fue una patraña, ¿cuántas otras noticias no lo son?

La violación a derechos fue hija de una maquinación política y mediática. No sólo se violaron los derechos de la hoy impunemente liberada, se violentó una función estatal, se puso la fuerza del Estado al servicio de un particular y se medró con el engaño: medro político de una autoridad falsaria y medro económico y social de quien supuestamente informaba.

¿Cuántos engaños más habrá habido? ¿Cuántos más habrá? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo evitarlos?

Cassez no salió libre por el debido proceso de ley, fue el engaño televisivo quien le abrió la celda.

Informar es una función pública concesionada a un particular por el Estado. Hoy que sabemos que éste no informa, monta engaños televisivos impunes.

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