¿Para eso dimos nuestro voto?

¿Puede alguien legítimamente impedir el funcionamiento de un órgano de Estado?

Si con una turba facinerosa tomo la tribuna de la Cámara de Diputados no habrá poder humano que me salve de la cárcel, y con razón. Los Congresos se integran para funcionar; tienen un mandato constitucional y su responsabilidad es pública. No hay pues razón alguna para que alguien pueda impedir su cometido.

Quien cierra una vía pública es sujeto de sanción legal, quien impide por la fuerza el ejercicio legal de una asamblea ejidal o de accionista, es, por igual, merecedor a castigo. En ese mismo orden de ideas, ¿por qué no sancionar a quien obstruye el discurrir del poder Legislativo?

A final de cuentas, impedir el quehacer del Congreso de la Unión es castrar el ejercicio de nuestra representación política. ¿Quién puede tener derecho contra la soberanía ciudadana?

¿Puede alguien, ostentando dicha representación, embargar su legítimo y colectivo ejercicio?

Ahora bien, si quien lo hace es, además, integrante del poder legislativo, incurre en una doble responsabilidad: viola el mandato popular inherente al voto que lo llevó al Congreso y el debido funcionamiento de un poder de la Unión.

¿Cuál es el mandato implícito en el voto ciudadano: integrar Congreso para cumplir las funciones constitucionales de ese poder, o integrarlo para evitar a toda costa su labor?

En todo caso, los partidos democráticamente desleales tendrían que consignar en sus plataformas electorales que buscan impedir a toda costa el funcionamiento del poder legislativo y su propaganda rezar: "Vote por nosotros, ninguna ley pasará".

El fuero parlamentario tiene por objeto salvaguardar el libre ejercicio del Poder Legislativo frente a cualquier poder, no crear uno dentro del propio Congreso para impedir su existencia y frutos.

Un legislador tiene todos los derechos y salvaguardas para ejercer su representación popular y hacer valer su parecer dentro de las discusiones y votaciones del Congreso, pero, por igual, está sujeto a todas las responsabilidades de un parlamento, siendo la primera sumar su esfuerzo y voluntad al funcionamiento normal del cuerpo colegiado.

Todo cuerpo colegiado en un régimen democrático se rige por el principio de mayoría, no hay argumento racional y sano que pretenda impedir el quehacer de aquél porque no se está de acuerdo con su mayoría, en el caso que nos ocupa del 70%.

Que una legisladora ejerza lo que cree ser sus derechos en obstrucción de los legítimos derechos y el cumplimiento de las obligaciones de sus pares, es una aberración que no tiene nada de democrático ni de civilizado. Y si dicho atropello secuestra el quehacer del Congreso de la Unión estamos ante un crimen de lesa patria.

No se puede actuar como golpista y cobrar de diputada.

No se puede actuar como terrorista y ostentarse de demócrata.

O se es diputado y se actúa como tal, o se es facineroso y se atiene uno a las consecuencias.

Tiempo es de legislar las más severas sanciones para quienes obstruyan la vida de nuestras instituciones públicas; siendo los primeros obligados y, por ende, los de mayor responsabilidad, los funcionarios públicos encargados de las atribuciones legales de las mismas.

Imagine Usted qué sería del IFE si los representantes de un Partido deciden tomar sus instalaciones para que no se celebren elecciones que saben perdidas de antemano, o que impidan el funcionamiento de los tribunales que conocen de causas donde son parte o tienen intereses, o cualquier otra institución pública que les venga en gana.

¿Es esa la democracia que queremos?

¿Esa es la democracia que merecemos?

¿Para eso dimos nuestro voto?

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