Estupidez con dinero ajeno

Los partidos son entidades de interés público. Como tales, tienen derecho al financiamiento público y, siendo éste último preponderante sobre el privado, están sujetos a la obligación de administrarlos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como a satisfacer los objetivos para los que estén destinados.

El artículo 134 de nuestra Constitución no menciona expresamente a los partidos cuando impone estas taxativas para quienes administran recursos públicos, pero siendo esa la naturaleza de los que sostienen preponderantemente su accionar, deben administrarse con el mismo esmero y limitantes que la Constitución impone a la federación, estados y municipios, así como al Distrito Federal y a los órganos político administrativos de sus demarcaciones territoriales. Resulta absurdo que éstos estén acotados a administrar los recursos públicos bajo dichas obligaciones, y, por otro lado, existan entidades de interés público que pudiesen hacer uso de recursos de igual naturaleza sin más limitante que las que impone la ley electoral en materia de informes de gastos de campaña.

En otras palabras: los partidos viven de nuestros impuestos, mismos que se les obsequian a efecto de que cumplan su cometido democrático.

Pero difícilmente puede haber democracia donde el quehacer político carece del prestigio que solo puede devenir del comportamiento prudente, maduro, comprometido, serio, respetuoso y eficaz del quehacer de sus actores.

Los primeros obligados en honrar y prestigiar la política -y la democracia que le es inherente- son los políticos; obligación que se potencializa cuando su actuar se financia con recursos públicos.

La Señora Josefina, perdida en el laberinto de los estertores del Calderonismo y en la rebatinga de una candidatura nonata, decidió dar un golpe de timón y, en lugar de pulir propuestas y discurso, se tiró de cabeza a la alberca de las heces de Solá y Molinar. Fieles a su ADN, los panistas olvidan ser gobierno hace once años y retoman el único papel donde se sienten seguros: papel de oposición y accionar de guerra sucia.

Para acabarla de amolar, nos recetan un "remix" de "peligro para México" en la versión de Peña mentiroso e incumplido. El PRI levanta el guante, y la política y la elección entran al callejón de la pena ajena: que si es puente o distribuidor; que si es o no es el compromiso 127; que si es aquí o más allá; que si la banqueta está rota; que si los notarios son abyectos; que si me aventaron una corcholata.

Con independencia a lo vergonzoso del espectáculo y sus actores, los mexicanos debemos preguntarnos si para semejantes estupideces financiamos a los partidos políticos.

¿Cuánto se gastó entre los dos partidos en este absurdo e infructuoso lance? ¿Cuánto cuesta, así sea en tiempos del Estado, las campañas y contracampañas desplegadas a su efecto? ¿Qué aportan evento, discusión y campañas a la democracia y a la política? ¿El dinero público debe dilapidarse en sacarse la lengua unos a otros en desprestigio de todos? ¿De tener los partidos que conseguir recursos por sus propios medios, lo tirarían en las sandeces que colman sus días?

El affair del compromiso 127, que, por cierto, encierra la afirmación implícita de haber por lo menos otros 126 cumplidos y no objetados, no solo debe ser reprobado por la banalidad y torpeza de ambos partidos, sino por la malversación de recursos públicos en fuegos de artificio, simplezas y niñerías del peor jaez.

Además de pagarlos con nuestros impuestos, tener que soportar los desfiguros mediáticos de Juan Molinar, es algo que ninguna democracia vale ni merece.

Si nuestros impuestos los van a destinar los partidos en tan reprobables conductas, retirémoselos y sin duda tendremos una mejor democracia, que a nadie le place hacer sandeces a costa de su peculio.

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