Elección o cuota

Una cosa es que los derechos humanos se deban interpretar en todo tiempo favoreciendo a las personas con la protección más amplia; y otra, muy diferente, que haya derechos absolutos e ilimitados.

Si en el ejercicio de mi derecho de libre tránsito circulo en un coche robado, sin luces, sin placas, a alta velocidad, alcoholizado y en sentido contrario por el periférico, no solo voy a ver restringido mi derecho, sino también mi libertad.

Y una cosa es el principio de igualdad de género y otra su miope, torpe e interesada implementación a través de la cuota de género.

La igualdad de género es mucho más que la cuota de género. Si no fuera así, el absurdo de la segunda debiera extenderse a todo el espectro social y reflejarse, incluso con sanción legal por su inobservancia, en las matrículas escolares de todos los niveles y carreras, en el ejército y la marina, en el empleo público y privado, en la atención médica e incluso en los premios de la lotería. Por fortuna, lo demencial de la figura solo ha alcanzado el margayate que hemos hecho de nuestra legislación electoral.

El Tribunal Electoral, en una resolución que habrá de marcar con el ridículo su historia, ha confundido el principio de igualdad de género con la figura de la cuota de género y, peor aún, ha impuesto ésta última por sobre la libertad y efectividad del voto.

Debemos partir de que si el ciudadano tuviese voto sobre las listas de candidatos de representación proporcional y éstas fueran abiertas, la figura de la cuota de género no sería aplicable.

La cuota de género es una imposición de las dirigencias partidistas sobre la libertad del voto ciudadano, no un principio de igualdad y menos una interpretación favorable y potencializadora de los derechos humanos.

El Tribunal, en una interpretación absurda, determinó que en la totalidad de las candidaturas debe observarse la cuota de género. Ello, no obstante que la propia ley dispone que "quedan exceptuadas de esta disposición (cuota de género) las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático".

La razón es obvia, si las candidaturas son producto de una elección, nadie puede prever quién se va a inscribir en ella y de qué sexo sea; menos aún, quién resultará electo.

En el caso de las listas de representación proporcional, que no son objeto de elección democrática alguna, sí pueden los partidos imponer sus cuotas de género, primero a sus militantes y luego al electorado.

Pues bien, no obstante la excepción expresa en la ley y la lógica aplastante del razonamiento que la inspira, los magistrados de la sala Superior -salvo Flavio Galván- determinaron que todas las candidaturas, "haigan sido como haigan sido" deben observar la cuota de género.

Bien. Ahora pongamos que, en ejercicio de mis derechos humanos, ejerzo mi derecho de asociación y participación en la vida política del país militando en un partido; que, también en ejercicio de mis derechos de votar y ser votado, me inscribo en un proceso interno en el que solo se registran hombres para el distrito electoral en que compito, ninguna mujer se inscribe, y en el cual finalmente salgo electo candidato. Pero el IFE, en acatamiento de la resolución del Tribunal le dice a mi partido que debe inscribir como mínimo un 40% de un solo género en la totalidad de sus candidaturas a diputados, y mi partido, en un ejercicio de tin marín de do pin güe, me quita mi candidatura y se la otorga a una mujer por ser mujer.

¿No es eso discriminatorio? ¿No acaso se están mancillando y restringiendo mis derechos humanos en vez de potencializarlos y favorecerlos?

¿Acaso la potencialización de la cuota de género -que no del derecho a la igualdad de géneros- no violenta abiertamente mis derechos y persona?

¿Por qué se quita la candidatura a mi persona y no a otro candidato; con qué fundamento legal, bajo qué procedimiento de ley, con qué autoridad que sea competente? ¿Dónde quedó mi derecho de debido proceso y de audiencia?

¿Qué de la voluntad de los que me eligieron y de su mandato, qué de mis derechos ciudadanos, qué de mis derechos adquiridos?

¿Para qué todo el rollo y financiamiento público de precampañas, si al final se va a imponer la cuota de género?

¿Acaso puede estar por sobre los principios de libertad y efectividad del voto la cuota de género, aunque sea producto de una imposición arbitraria?

¿Es esa la democracia que hemos construido?

¿Es esto un régimen democrático?

De seguir por este rosario de estupideces, mañana van a anular elecciones constitucionales porque la ciudadanía, en el ejercicio de su voto, no observó la cuota de género.

No existía, ni en la doctrina ni en la legislación, la causal de nulidad por violación a la cuota de género, ahora es ya un invento sublime -junto con la nulidad del calzoncillo- de nuestros señores magistrados.

¡Pobre México!

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