Camino al infierno

Tiempo es de empezar a pensar en las nuevas instituciones electorales del País.

Las actuales a duras penas sobrevivirán el 2012.

Sus deficiencias estructurales e inconsistencias operativas no les auguran larga vida.

La crisis de nuestros partidos, su ceguera, mezquindad y ausencia de cualquier compromiso con México, no las deja vivir y aniquila poco a poco.

Lo primero que habrá que hacer es salvarlas del sistema de cuotas partidistas que no ha logrado nada más que su desprestigio y achicamiento. La propuesta de Molinar, como todo lo que él toca, chamuscó a las dos instituciones pilares de nuestra democracia.

Lo segundo será consolidar en una sola institución la organización de todas las elecciones en México. Hace años me opuse a ello, pero el desempeño de los organismos electorales estatales, o mejor dicho, la injerencia de los gobernadores en ellos, hace recomendable un órgano nacional de elecciones. El ahorro económico, además, será sustantivo.

Lo tercero será deslindar las funciones investigadoras, fiscalizadoras y sancionadoras del órgano encargado de organizar las elecciones. Éste deberá tener por única atribución la organización comicial. Las demás funciones habrá que asignárselas a otras entidades. Las fiscalizadoras podrían ser encargadas a la Auditoría Superior de la Federación, habida cuenta que la mayoría de los recursos fiscalizables son de orden público; las investigadoras podrían encomendarse a la FEPADE y las sancionadoras al Tribunal Electoral.

Al Tribunal hay que salvarlo de la égida de Senadores litigantes. Quizás haya que empezar por salvarlo de sus magistrados e inconsistencias jurídicas.

Vale la pena pensar en su incorporación total a la estructura directa del Poder Judicial de la Federación. Ello puede blindarlo del chantaje legislativo y obligarlo a resolver con mayor juridicidad. La contradicción de criterios y superficialidad deben dejar de ser el signo y sino de la justicia electoral.

La legislación electoral en materia de medios no solucionó nada, sólo generó problemas y conflictos innecesarios y de alto costo institucional y económico.

En materia de campañas, precampañas y actos anticipados de ambas, no podemos tener leyes que no se cumplan. El principal afectado es el Estado de Derecho. Si lo lógico es que el político haga política, no le pongamos cercos al mar. Dejemos que se haga política cuidando que no se desvíen a ello fondos públicos, pero no fomentemos el escarnio de la ley por quienes debieran ser los más obligados a observarla.

Las causales de nulidad de votación en la ley están rebasadas desde su nacimiento. La compra y coacción del voto no tienen reflejo y menos contrapeso y sanción en la norma. Los partidos lo saben y se rehúsan a remediarlo. Es difícil transitar esa aduana ya que los partidos no van a legislar nada que les amarre las manos, pero tenemos que encontrar la manera de obligarlos.

Lo mismo podemos decir del capítulo de delitos electorales. Es poco más que inservible y ningún partido está dispuesto siquiera a discutir el tema.

Su ceguera no les permite ver que lo único que logra su cinismo es desdorar nuestra, de suyo, endeble democracia.

Al día de hoy ya hay un triunfador nato en las elecciones del 2012: el abstencionismo. A este paso, pronto sólo los candidatos y las dirigencias partidistas votarán en los comicios.

Si los partidos no alcanzan a ver esto, los ciudadanos tenemos que forzarlos a que lo vean, entiendan y corrijan su hacer.

Los partidos son los principales responsables del debilitamiento de nuestras instituciones electorales. Quisieron instituciones débiles y controlables. No entendieron que lo que extenuaban era nuestra democracia y su valoración ciudadana, y que el control partidario sobre la autoridad electoral es el camino más seguro al infierno.

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