Probar o morir, la ley se achicó y de regreso a los colegios electorales

Mi socio, Carlos González Blanco, siempre dice: "Probar o morir", lo que cada vez me retrotrae a mis primeras clases de derecho civil, cuando aquel maestro canoso de voz chillona y monótona y nombre olvidado nos prevenía: "No basta tener el derecho, hay que probarlo", máxima que la vida me ha regresado innumeras ocasiones cuando, aun teniendo el derecho, se carece de pruebas para acreditarlo.

Cada vez que llego a hacerme cargo de un asunto electoral, "los operadores" me atosigan con infinidad de datos que, en el fondo, no son más que tácitas exculpaciones: "La suma de los votos válidos y nulos, más las boletas sobrantes e inutilizadas no cuadran con las boletas recibidas"; "El número de votos nulos es sospechosamente alto"; "Los votos de la elección de Presidente son más (o menos) que los de diputados y senadores"; "El escrutador es Juan Enrique y no Juan Enríquez"; "La casilla no se instaló en la Escuela Primaria Benemérito de las Américas Benito Juárez, sino en la Gonzalitos 234" (que resulta ser la dirección de la escuela); "La suma de los votos de los partidos no cuadra", y así por horas y horas. Creen estar descubriendo el hilo negro, sueñan con bautizar su hallazgo como "Operación X o Y" y se requiere mucho tiempo y paciencia para convencerlos de que esos errores suelen ser comunes, corrientes e inocuos, que obedecen a que las casillas son operadas por ciudadanos no especializados en un procedimiento de suyo complicado, con un promedio de escolaridad nacional del sexto año de primaria y que ERROR no es sinónimo de FRAUDE.

Hoy por hoy el Tribunal tiene más que exploradas todas y cada una de esas contingencias y es prácticamente imposible anular una elección por ese tipo de supuestos agravios. Puede, sí, modificarse el resultado, pero cada vez son menos y más renombrados los casos.

Ante el gran público estos datos son muy vendibles, pero más ante los candidatos perdidosos en busca de fraudes, culpables y consuelos, todo a la vez.

Pero ante gente avezada en la materia electoral, digamos los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, este tipo de argumentos, de los que ven cientos al mes, los mueve, cuando más, al enfado.

Pues bien, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto de la impugnación a la elección presidencial del PRD (Coalición por el Bien de Todos), presumo, por sus dichos pero más por sus contradicciones, que su verdadero problema es de probanza.

Repito, no prejuzgo el fondo, pero el juzgador resuelve con lo que las partes suben a juicio: "Dame los hechos y te diré el derecho", de ahí la "Jurisdicción", dicción del derecho. Día a día van cayendo resoluciones en las Salas Regionales del Tribunal, con relación a elecciones de diputados y senadores donde la Coalición se estrella una y otra vez con lo insustancial e insuficiente de sus pruebas, la debilidad de sus alegatos, lo inconexo de sus argumentos, lo frívolo de sus planteamientos, lo disparatado de sus pretensiones. En algunos casos han sido reconvenidos, en otros, tal vez por no atizar más el fuego, simplemente perdidosos.

Se podrá gritar, confundir, marchar, hacer huelgas de hambre, "turistear por Santa Fe", chantajear, amenazar, descalificar, despotricar, ocupar todos los espacios noticiosos, inventar todos los días nuevos agravios, deslavar instituciones, contradecirse, hacer diplomacia partidista, pseudoarte, ditirambos y ridículos, pero el problema sigue siendo probar o morir.

El PRD tiene por costumbre inundar al Tribunal con camiones de pruebas, bueno, así les llaman ellos. Juntan todo lo que encuentran y sin orden, conexidad y relación con los agravios que esgrimen lo avientan al Tribunal diciendo: "Hay está la prueba del fraude, es tu responsabilidad encontrarla."

Pero los tribunales operan de otra manera. El que afirma tiene la carga de la prueba, reza la máxima, y tener la carga es presentar la prueba, relacionarla con el hecho que se quiere probar, circunstanciarla en tiempo, modo y lugar y razonarla argumentando por qué y cómo acredita la afirmación sostenida.

En alguna ocasión el Maestro De la Peza comentaba: "Aportaron cientos de video y audio cassetes, sin ninguna clasificación, sin etiqueta alguna y sin señalar qué es lo que supuestamente prueba y cómo. Quieren que el Tribunal los revise todos a ver qué encuentra y cómo se relaciona con sus agravios."

Me da la impresión que hoy el PRD están repitiendo la medicina. Es probable que no hayan estado preparados para impugnar pensando que iban a ganar y tuvieron que armar en cuatro días un operativo que, bien hecho, lleva meses construir.

Pero queda claro que la legislación sustantiva y adjetiva en materia electoral ha quedado rebasada. Las causales de nulidad responden a una dinámica que México abandonó hace mucho: relleno de urnas, carruseles, etc. Para nuestra desgracia cambiamos esas conductas por unas peores de cooptación y manipulación más sutiles, costosas y de difícil probanza.

Así, el problema no es sólo que el PRD, como según parece, carezca de probanzas y argumentos suficientes, sino, también y principalmente, que la legislación quedó ya chica a la realidad electoral que no llamaría de fraudes (modernos o a la antigüita), pero sí de condicionamientos, manipulaciones y compra de votos.

Lo que hace falta es regular medios y propaganda, legislar con más precisión y rigidez en materia de campaña, gastos de campaña, comprobación, fiscalización, uso de programas gubernamentales, propaganda gubernamental, propaganda privada con fines electorales, propaganda negra, etc.
Finalmente, el Tribunal Electoral tiene en sus manos no sólo la calificación de la elección presidencial, sino la opción de retrotraernos al pasado de las calificaciones políticas.

El mayor avance electoral en los últimos años fue la supresión de Colegios Electorales. Recordemos que antes la calificación de la elección presidencial la hacía la Cámara de Diputados constituida en Colegio Electoral con criterios que privilegiaban lo político por sobre cualquier otro criterio. Con la creación de la justicia electoral ese sistema desapareció. Ahora la calificación queda en manos de un Tribunal; se nos dice perversamente que de siete personas, tratando de menospreciar su significado colegiado y jurisdiccional. No son siete personas, es la máxima autoridad jurisdiccional electoral en México, un Tribunal colegiado especializado, normado por ley y de estricto derecho y actuar.

La primera garantía de una correcta calificación es que ésta no se rija por criterios políticos, sino por un estricto procedimiento jurisdiccional. En ello reside la fortaleza del Tribunal y de nuestra actual democracia.

Y es esa garantía lo que se pretende desmontar: que el Tribunal ya no actúe como tal y bajo estricto procedimiento de ley, sino a capricho y chantaje de una de las partes. Se nos quiere regresar a la época de los Colegios Electorales, más ya no en la Cámara de Diputados, sino en el Zócalo; a que los jueces no califiquen la elección, sino "el pueblo" soliviantado; a que no se califique a través de un procedimiento de ley, sino por arengas incendiarias; a que según las circunstancias políticas inventemos el procedimiento que hoy y aquí nos convenga, aunque mañana lo cambiemos según el sapo y la pedrada; a que hagamos de la jurisdicción electoral en México una escupidera de cantina, de nuestro máximo Tribunal un juguete de los caprichos, ocurrencias y humores de los candidatos, de las elecciones una prenda a negociar.

El Tribunal tiene en sus manos mucho más que una delicada elección presidencial, tiene la opción de consolidarnos como democracia o llevarnos más allá de donde veníamos, al bananerismo vocinglero, al santanismo, a la unción de emperadores por modernos Píos Marchas.

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