Los atropelló la Constitución

Amanecimos ese 1994 con un alzamiento en Chiapas, meses después vendría la muerte de Luis Donaldo —mi edad me obliga a aclarar: padre—, ello truncó el ritmo y derrotero de la reforma política de 1990. Llegó Carpizo a Gobernación y se convocó a una reforma en pleno proceso electoral. De ella se reconstituyó el INE, llegaron los Consejeros Ciudadanos que se asumían como representantes apolíticos, apartidistas y angelicales de los ciudadanos y Zedillo, al llegar a la presidencia, diría que su elección había sido legal pero no legítima.

Se hizo entonces la reforma política “definitiva” (1996) que duró lo que el viento a Juárez, pero de ella permanece a nivel constitucional la prohibición de cambiar las leyes en pleno proceso electoral: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales” (Art. 105 constitucional).

Algo así como no cambiar de caballo a mitad del río y al borde de la catarata.

Pero los diputados del “ni una coma” no tienen porqué haber leído la Constitución o, de haberlo hecho en un ofuscado descuido, entenderla.

Fue así que se les ocurrió interpretar la Constitución a la luz de la ley de revocación de mandato —hechura modelo “ni una coma” — y en su interpretación sobre las rodilla no solo le quitaron una coma, sino el 105 constitucional que prohibe, precisamente, andar jugándole al mémelas legislativo en pleno proceso democrático en curso.

Festejaban ayer en los dos palacios del Zócalo capitalino y Martí Batres ponía se guinda pecho en campaña prorevocación cuando la justicia electoral los paró en seco y del gozo al pozo: el albazo constitucional no puede aplicarse en esta revocación y “hasta la vista Baby”.

Pero ojo, tampoco en las elecciones locales en curso, seis de las cuales son para gobernador y a las que la reforma abría las puertas para que las autoridades hicieran propaganda abierta en favor de sus candidatos.

La reforma, en todo caso y de sobrevivir a los controles de constitucionalidad, lo cual sería una contradicción en sus términos, será aplicable para cualquier proceso democrático posterior al de abril y a los de junio del 2022.

Pero no vaya a creer usted que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actúa como la Cámara de Diputado en violación—dispensa de todo trámite y procedimiento; no. Resulta que el presidente —ya con procesos electorales en curso— tuvo a bien inaugurar el “Zócalo democrático”, ése en donde solo uno habla. ¿Se acuerda Usted, del “Mensaje a la Nación, tres años de gobierno 2018-2021”, el pasado primero de diciembre? (2021) Pues bien, ese mitin fue impugnado y ayer, en ponencia del magistrado Luis Espíndola, de la Sala Regional Especializada, propuso a sus pares que dicho evento infringió normas electorales y el modelo de comunicación política vigente, al promover acciones y logros del gobierno que promueven adhesiones al gobernante, esto cuando ya habían dado inicio los procesos electorales en Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas.

Y tocó en suerte que ayer mismo había entrado en vigor la reforma fast track de Morena para autorizar a las “autoridades” a violar abiertamente la Constitución precisamente en el tema de la comunicación política durante procesos electorales.

Imposible que los magistrados no se pronunciaran al respecto y lo hicieron, dejando claro que no entraban a analizar el fondo del decreto publicado ni cuestionaban su vigencia, solo su impacto inmediato en esos recursos vinculados con procesos electorales en marcha y la revocación de mandato.
El entripado en Palacio debió haber sido olímpico y Mario Delgado tendrá que guardar con él su video triunfalista y retador en el sanitario portátil de su predilección.

Eso pasa cuando se quiere interpretar a modo un artículo incomodo de la Constitución, sin leerla completa.


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