Los derechos de las mujeres en México

Clara Jusidman
Colaboradora invitada

La historia de los derechos de las mujeres y el ejercicio de sus libertades en Me?xico transcurre por olas, a veces se avanza a veces se retrocede.

La pandemia que no termina afecto? en forma desigual a las mujeres provocando retrocesos en su acceso al trabajo digno, en sus ingresos, dan?ando su salud mental, aumentando su jornada total de trabajo, asi? como la violencia que experimentan y su exposicio?n al riesgo de morir al representar el 70% de los trabajadores de la salud.

En paralelo, las instituciones, poli?ticas y programas pu?blicos que se fueron desarrollando en los u?ltimos 25 an?os para reducir la desigualdad de ge?nero y avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres parece encontrarse en un impasse, si no es que en un franco retroceso.

De los movimientos surgidos de la diversidad social de Me?xico, el de las mujeres ha sido el que mayores e?xitos alcanzo? desde finales del siglo pasado. Sus estrategias de alianzas y de incidencia en los tres poderes del Estado y en los cambios culturales ocurridos en las familias, las empresas y en la vida en comunidad, se constituyen en buenas pra?cticas a ser imitadas por otros grupos de poblacio?n de nuestra diversidad social, como los jo?venes, las personas mayores y la poblacio?n LGBTTTIQ.

Particularmente, desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en septiembre de 1995 en Beijing, las alianzas entre mujeres de los diversos partidos poli?ticos, del servicio pu?blico y de las organizaciones de la sociedad civil consiguieron incorporar la perspectiva de ge?nero en el funcionamiento de los tres poderes del Estado, en el desarrollo de programas de investigacio?n, en la produccio?n de informacio?n estadi?stica, en el disen?o y entrega de servicios pu?blicos sociales, en la planeacio?n y programacio?n de la federacio?n, los estados y municipios y de manera muy importante, en el disen?o y manejo de los presupuestos pu?blicos.

Se crearon puntos focales de ge?nero en las instituciones y dependencias gubernamentales federales y en los estados asi? como en los municipios, se expidieron leyes para atender los distintos problemas que las agobian, se crearon instituciones especi?ficas para elaborar los programas contra la violencia y en favor de la equidad y para garantizar la inclusio?n de la perspectiva de ge?nero en la actuacio?n de los servidores pu?blicos que tienen relacio?n directa con mujeres. Tambie?n se desarrollaron servicios concretos para atender sus problema?ticas como los Centros de Justicia, las unidades para la atencio?n de la violencia dome?stica, la red de refugios para mujeres vi?ctimas de violencia, las estancias infantiles en apoyo a madres trabajadoras, servicios de acceso al cre?dito y asesori?a te?cnica, asi? como programas de transferencias monetarias directas a mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad.

Si bien histo?ricamente ha existido un trato desigual a las mujeres respecto de los varones y la primera prioridad ha sido hacer visible y sensibilizar sobre esa situacio?n, paulatinamente se ha ido reconociendo que entre las mujeres tambie?n existen intereses y necesidades diferenciadas.

Comprender que hay mujeres que reu?nen varias condiciones que las hacen vulnerables frente a los niveles de desigualdad, discriminacio?n y exclusio?n que prevalecen en nuestro pai?s, es fundamental para poner en pra?ctica las medidas y las acciones pu?blicas ma?s apropiadas para hacer efectivos sus derechos.

Ejemplos de estas situaciones son las mujeres indi?genas, viudas, pobres, analfabetas; las que sufren violencia dome?stica infringida por hombres pertenecientes a los cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, polici?as, judiciales; las profesionistas que experimentan acoso laboral y menores remuneraciones y oportunidades que sus pares hombres; aquellas que viven violencia poli?tica en sus comunidades originarias o las madres solas, pobres, que trabajan y tienen hijos e hijas pequen?as.

Es por ello que resultan insuficientes aquellos programas que consideran que todas las mujeres son iguales y enfrentan las mismas problema?ticas o los que pretenden atender a toda la poblacio?n en situaciones de pobreza o a todas las personas de la poblacio?n originaria, que suponen que automa?ticamente se beneficiara? a las mujeres pertenecientes a esos grupos.

Eliminar o reducir los presupuestos de los programas de gobierno que atienden a los grupos de mujeres que presentan mayores vulnerabilidades conlleva una enorme injusticia y significa un gran retroceso en la proteccio?n de los derechos de las mujeres y en su acceso al bienestar.

Con el pretexto de la austeridad republicana o de la corrupcio?n sin evidencias, se esta?n quitando recursos destinados a programas especi?ficos como son los refugios para las mujeres vi?ctimas de violencia, las escuelas de tiempo completo, los comedores comunitarios o los componentes de salud y nutricio?n en los programas de transferencias monetarias directas.

Ello pone en evidencia una falta comprensio?n de de la diversidad y de la complejidad de la realidad social en nuestro pai?s y atenta contra la lucha sostenida por varias generaciones de mujeres para alcanzar la igualdad sustantiva.


Con información de IMER.


#LFMOpinion
#Mujer
#Diversidad
#Complejidad
#Retroceso
#Albergues
#Guarderias
#Empleo
#Seguridad
#Salud
#Genero
#Equidad