Frente y contra el fuero constitucional

Contestando a mi pasado escrito, el siempre lúcido Osiris Cantú sostiene, y con razón, que en México a partir del pasado y desastroso lance de "el desafuero" existen dos tipos de fuero: el constitucional y el que otorga, debo acotar que contra la Constitución, el todavía Presidente Fox. Tal descubrimiento me incita a explorar las diferencias que median entre uno y otro.

De entrada se antojan galácticas y contradictorias: el primero protege la función pública, el segundo exclusivamente a la persona sin mayor consideración de la función pública, la Constitución, la división de poderes y el Estado de Derecho. Uno se dispara cuando un individuo con determinado cargo público ha violado la ley y debe ser sometido a la justicia, el otro cuando habiendo violado la ley se le sustrae impune e impúdicamente de la justicia y a ello se le llama acto de un "estadista". ¡Vive Dios!

Uno está sometido a la generalidad de la norma que obliga por igual a todos los que gocen de fuero constitucional, el otro no, prostituyendo la norma al caso concreto de una persona y sus aspiraciones políticoelectorales. Ahora las aspiraciones electorales exceptúan del cumplimiento de la ley, no nada más al funcionario que determine violentarla en perjuicio de un gobernado con un indebido acto de autoridad, sino, además, a los otros funcionarios ¡y poderes! obligados por ley a garantizar al segundo la seguridad de sus derechos y la reparación del daño, así como a sancionar al primero.

El fuero constitucional busca garantizar el imperio de la ley en el Estado de Derecho, el otro someterla a la ambición de una persona por la impotencia de un "estadista" que prefiere quebrantar la lógica y la estructura jurídicas en que se sustenta nuestro Estado de Derecho a cumplirlas y hacerlas cumplir. El primero busca garantizar, por un lado, el perfeccionamiento de la ley violentada a través de la imposición de una sanción y, por otro, la división de poderes; mientras que el segundo garantiza inmunidad absoluta a expensas de la vida jurídica e institucional de la Nación. Uno es constitucional y se halla reglamentado, el otro es ilegal, discrecional, arbitrario e hijo del chantaje y el pánico.

El primero se ventila públicamente a través del procedimiento parlamentario de juicio de procedencia, el otro se cocina en 15 minutos en lo oscurito intercambiando inmunidades de hijos políticos y de cónyuge contra supuestos derechos políticos en riesgo, cuando nunca fueron éstos parte de la litis jurisdiccional y que, en todo caso, pudieran llegar ser suspendidos como consecuencia de la misma de hallarse culpable al funcionario. Si ello llega a ser así, la suspensión de derechos políticos no sería algo atrabiliaria y menos contraria a la ley, sino consecuencia de una conducta punible y el imperio de la ley. Al invertir los términos Fox puso las ambiciones políticas de AMLO, su conducta presumiblemente punible y su grosera inmunidad por encima de lo único que nos puede garantizar una vida ordenada en libertad y con derechos: la Ley.

No es éste el primer suceso de naturaleza penal en el que AMLO se ve inmerso. Tampoco es el primero que libra sin someterse a la justicia de los Tribunales y sí, según parece, uno más de una serie de inefables acuerdos políticos para burlar la Ley y el Estado de Derecho. Volviendo al tema de los dos fueros, el Constitucional es en el caso de AMLO para hacer efectivo un amparo de la Justicia Federal, producto magno de nuestro liberalismo, en favor de un ciudadano violentado en su esfera de derechos por la autoridad, el de Fox es para abrir paso al abuso de los hombres del poder que tengan en sus ambiciones alguna elección por delante. A partir de hoy cualquier individuo puede ser afectado indebidamente en su esfera de derechos y libertades por cualquier autoridad que aspire próxima o remotamente a un cargo de elección popular, ya que no habrá de proceder el amparo contra autoridades que quieran aparecer en las boletas de la siguiente o siguientes elecciones.

Imaginemos por un momento otro escenario aún más alarmante: Pongamos que nuestros grandes capos de la droga decidan hacer públicas sus aspiraciones de participar como candidatos en las próximas elecciones. ¿Qué camino escogerá nuestro flamante Procurador, procederá en su contra a la luz de los ilícitos por ellos cometidos, o se abstendrá de proceder para no conculcar su expectativa de derechos políticos a ejercer en el futuro que, como futuro, bien puede nunca perfeccionarse en acto?

En el primer fuero son los tribunales quien conforme a derecho, bajo el debido proceso de ley y en respeto a la garantía jurídica de igualdad de las partes resuelven en definitiva, en el segundo resuelve exclusivamente el Presidente por encima de cualquier norma y procedimiento, sin garantía de audiencia de las otras partes e introduciendo una desigualdad absurda y ofensiva para todos los demás mexicanos, ya que hoy en México hay alguien que alegando aspiraciones políticas se halla por encima de la ley, del Amparo, de los Tribunales e incluso de la soberanía popular legítimamente representada en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

La democracia se funda en la igualdad, utilizar la democracia para constituir por la vía del chantaje una desigualdad insultante y demagógica es un retroceso a regímenes de corte monárquico donde, como la Reina Victoria, el o la monarca, para el caso concreto, la mentada pareja, han otorgado patente corzo a un funcionario para que gobierne sin más límite y regla que su personal ambición. El primero es una institución de nuestro Estado de Derecho con miras a que el poder detenga al poder cuando éste tuerce su hacer por ambición o interés de violentar las libertades civiles y políticas de los ciudadanos; es, sí, un fuero, es decir un régimen de excepción, pero lo es en razón de garantizar que no se violente el debido ejercicio de la función pública por intereses que utilicen la vía de las denuncias penales para quitar del camino a quien las ejerce. Pongamos un ejemplo: alguno de nuestros capos denuncia penalmente al Procurador General de la República con miras a quitárselo de encima.

Para que la denuncia proceda, el Procurador deje su cargo y sea sujeto a juicio, menester es que la Cámara de Diputados determine que sí existen elementos objetivos suficientes de procedencia. De no existir este régimen de excepción, cualquier persona podría evitar el ejercicio de la función pública y, por ende, el cumplimiento de la ley, haciendo que automáticamente el funcionario sea destituido y sometido a juicio por denuncias sin sustento objetivo y que lo que busquen sea que dicho ejercicio no afecte sus particulares intereses. Pues bien, el segundo es también un régimen de excepción, nada más que personalizado y ajeno a nuestro Estado de Derecho.

Realmente se halla más cerca del despotismo del que decía Orantes ante el Congreso de 1824 que es "un sistema malo en sí mismo aunque pueda alguna vez estar en manos del hombre más virtuoso" que, como nos muestra el récord de averiguaciones previas abiertas en la larga historia de AMLO, no es el caso, "porque, continúa Orantes, el vicio no está solamente en el mal uso de la autoridad, sino también, y principalmente en la falta total de reglas para que se dirija por ellas esa misma autoridad". ¿Reglas? ¿A AMLO? Conspiración contra la democracia personalizada en tan singular sujeto.

El primero de los fueros se somete a la ley, no hablo del individuo, sino la misma figura del fuero mismo, el segundo se exceptúa de la ley, carece de bien jurídico tutelado, de reglas, de alcances, de procedimientos, de vías para ser combatido, de transparencia, de publicidad, de lógica, de decencia. No ve más allá del círculo familiar, ni considera sus implicaciones políticas, jurídicas, sociales, éticas, económicas e históricas. "Estadista" ¡Qué manera de insultar nuestra inteligencia! En fin, que el nuevo fuero, llamémosle foxista, es una aberración por donde se le vea.

Quien sostenga que es expresión de un estadista vive en foxilandia y desconoce el significado de la palabra. Un estadista toma sus decisiones considerando todos los ángulos posibles del contexto, pensando en el largo plazo y, sobre todo, en el interés de la Nación. En esta medida no hay nada de un estadista, hay, de un lado, chantaje y cinismo sin par, por otro, pánico, excelsa estupidez e intereses inconfesables (posiblemente familiares), en ambos casos refulge el más absoluto desdén por el Estado de Derecho, la lógica y la opinión pública. Ya vendrán tratadistas que desarrollen más y mejor el fuero foxista‚ para vergüenza de nuestra generación y Nación.

PS.- ¡Rejón y Otero, por qué nos han abandonado!

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