Cuitláhuac de Ministro

Solemos oír barbaridades sin alcanzar a escuchar y menos valorar los absurdos que formulan. Tal es el caso, —uno más— de la señora Sheinbaum quien en su papel de calca repite el disparate de “democratizar al poder Judicial”.

Vayamos por partes: quienes deben responder a una representación política, es decir, a un proceso democrático, son los poderes Ejecutivo y Legislativo. A ellos les corresponde, respectivamente, la ejecución de las leyes (cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan) y la hechura y permanente actualización de las mismas. La legitimidad de su poder deviene, por tanto, del mandato y representación políticos expresados a su favor en el sufragio ciudadano soberano.

El otro poder, el Judicial, cumple otra función, la de hacer valer la ley cuando se encuentre en duda, ya sea por interpretación, ya por violación, ya por litigio de derechos entre partes diversas. Corresponde a este poder la juris—dicción, el juris—decir: decir el derecho. Entre hechos y derechos controvertidos o entre normas violadas o de cuestionable constitucionalidad, incluso, entre conflictos de competencias entre órdenes de poder, o violaciones a la ley en la ejecución de un procedimiento de ley o en la realización de un acto de autoridad, es el poder Judicial a quien le corresponde determinar y decir qué derecho debe de prevalecer y, en su caso, cómo restituir o subsanar su violación.

Cuando se acude al poder Judicial se va en calidad de justiciable, es decir, de sometido a su acción y decisión, pero no como un paria sino como un demandante de justicia en ejercicio de un derecho. Cuando se tocan las puertas del Ejecutivo, generalmente se va como peticionario de un servicio o de un apoyo, con o sin derecho. Servicio y apoyo que se negocia y a veces se mendiga. La negociación las más de las veces es bajo presión social, lo que abre la posibilidad al chantaje, la extorsión y marrullería, de ambas partes, y puede terminar en una relación perversa de clientelismo electoral o abierta sociopatía.

Cuando se acude al legislativo, debiera ser para exigir modificaciones a las leyes, pero desgraciadamente lo es para pedir su intervención ante el Ejecutivo por apoyos y servicios, cayendo en el mismo riesgo clientelar, electorero y extorsionador.

En el sexenio pasado, cuando se apresaban a los encapuchados que dañaban las puertas y fachada del Palacio Nacional y destruían a su paso el mobiliario urbano y propiedades privadas, amanecía en Gobernación negociando su libertad el hoy vocero de la Sheinbaum, Fernández Noroña, quien siempre la lograba de inmediato. Hoy, para evitarle la vuelta, se amuralla Palacio y de los destrozos tras muralla, recibidos con abrazos, nadie responde. Sexenios atrás, López Obrador instituyó tomas del Zócalo capitalino en fechas cercanas a las fiestas patrias para encarecer su “levantón” a cambio de jugosos pagos que, años después, confesó Manuel Camacho en la Cámara de Diputados. En ella misma, los presupuestos a municipios se vendían a precios de moches panistas y Gamboa Patrón hizo de su liderazgo parlamentario el imperio del pay per view: “pasa tu iniciativa si apruebas la mía”. Nadie leía ninguna de las dos, se mercaban sobre la mesa de domino.
¿Es eso lo que entiende Sheinbaum como democratizar al poder Judicial?

¿Instaurar el clientelismo, el noroñismo; los moches y el pay per view en la justicia nacional?

La justicia pone fin al conflicto y permite un nuevo inicio, el clientelismo sistematiza y eterniza el problema. El caso de los pepenadores de El Centro (Villahermosa) seguramente jamás se resolvió, porque por años una y otra vez fueron usados por López Obrador para venir a cobrar por levantar su plantón. Esa es otra de las razones porque las que quiere acabar con el poder Judicial: eternizar la postración y dominio.

Para decir el derecho, para interpretarlo debidamente; para otorgar justicia en su justo equilibrio, perdonando el pleonasmo; no se requiere popularidad ninguna, ni legitimidad política, ni mandato democrático. Menos partidos y dinero bajo la mesa. Se requiere conocimiento, aptitud, actitud y experiencia. Y sí, también, se requiere rendición de cuentas y, en su caso, ajuste de quien se pase de rosca.

Y va el ejemplo de cajón: Si ha usted de someterse a una operación de microcirugía del cerebro en condiciones de vida o muerte, en quién confiaría: ¿en un médico electo democráticamente, tan popularmente inflado como la Sheinbaum y tener tras de él(ella) un partido político y recursos de dudosa y cuantiosa procedencia, o un médico “experto o entendido”?

Lo mismo es con el derecho. Hace mucho un expresidente me dijo: “O el derecho es derecho o no es derecho”. Los romanos, que algo sabían de ello, tras el cesarismo frente a la República, preferían que se cumpliera la ley, aunque se cayeran los cielos. Y Aristóteles recomendaba cuidar el cumplimiento de la ley en las cosas pequeñas, porque una vez que son grandes es mucho más difícil hacerlo.

Ya vimos qué pasó cuando se jugó con la gasolina, la seguridad, la economía, la salud, la educación, los órganos autónomos, la migración, la energía, la verdad, la diplomacia, la vergüenza, la racionalidad y lo agropecuario, por mencionar sólo algunos temas. ¿Qué se puede esperar si hacen de la Corte la versión togada de “es un honor estar con Obrador”?

¿Se imagina Usted a Cuitláhuac de ministro? No se ría, es más que probable.


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