Derechos sin obligaciones

Atrás del lamentable comportamiento de la coalición de la Alianza por el Cambio, su dirigencia y candidato hay algo más que el simple encaprichamiento.

En el fondo estamos frente a una concepción salvaje del liberalismo decimonónico, que concibe al individuo sin trabas en el ejercicio de libertades absolutas y en el goce de derechos incontrovertibles.

Contra esta cosmovisión que termina por romper todo lazo de comunidad política, privilegiando los particularismos y los intereses individuales, por sobre la sociedad y su necesario pluralismo, las sociedades modernas presentan una visión democrática en donde el individuo se torna en ciudadano, es decir, en miembro de una comunidad, y las libertades individuales irrefrenables son constreñidas por la virtud cívica y republicana, entendida ésta como aquella que la sociedad genera en sus integrantes como expresión de la concepción de pueblo en tanto unidad, producto de la política, en contrapartida de la acepción de pueblo como pluralidad y, por ende, dispersión.

Estamos, pues, ante una noción donde un individuo y grupo que lo acompañan reclaman para sí todas las libertades, sin reconocer ninguna obligación, ninguna norma que constriña sus irrefrenables apetitos y ninguna autoridad que les pueda exigir la observancia de la ley y el cumplimiento de sus obligaciones.

Esto no es extraño. Estos mismos sujetos hace seis años alegaban en contra de los partidos y pugnaban por candidaturas independientes. Hoy utilizan los partidos como simples instrumentos en su búsqueda de poder, pero no como organizaciones de los ciudadanos, propias de la democracia que implica pluralidad, tolerancia, civilidad y respeto a la otredad.

Contra esta concepción de liberalismo desbocado, nuestra legislación establece con precisión meridiana la finalidad de fortalecer nuestro sistema de partidos. Por eso, los emblemas deben ser de los partidos, no de sus candidatos; por eso los candidatos deben de postular la plataforma electoral, la declaración de principios y el programa de acción que sustenta el partido, y no el partido entregar todo su capital ideológico y programático en aras de personalismos providenciales. Por eso, son los partidos quienes registran a los candidatos y no los candidatos quienes registran en su torno a los partidos.

Se nos olvidan aquellos tiempos en que los partidos no eran más que grupos de amigos en torno del caudillo, la mayor de las veces armados, en la mayor de las indigencias ideológicas y programáticas posibles.

Se ha sido terriblemente injusto con el Tribunal. Entendemos que el desconocimiento de la ley y la soberbia puedan mover a los exabruptos originales de la reacción de distinguidos miembros de esa alianza, pero al menos debieron leer la resolución antes de emitir juicios de valor que en nada contribuyen a pavimentar la ruta de la legitimación de nuestra democracia.

Los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, somos corresponsables del proceso electoral y estamos obligados a asentar en el país el desarrollo de una cultura política democrática. Nadie gana cuando sin sustento y razón se denigran a las instituciones de la República y se miente acerca de su desempeño. Ciento ochenta cuartillas de una resolución exhaustiva y puntual acreditan que la ejecutoria no se fundó en el pequeño Larousse y consigna con precisión todos y cada uno de los múltiples artículos constitucionales y legales que violó la resolución del IFE al aprobar el emblema de la alianza.

Se podrá o no estar de acuerdo con la resolución, lo que no se puede justificar es cuando el tribunal resuelve a favor del PAN en Pachuca, este sea el mayor de los tesoros de nuestra transición democrática, y cuando resuelve en contra del PAN con motivo de su emblema, éste sea lo más execrable de antidemocracia nacional y ponga en riesgo ¡todo el proceso electoral federal del año 2000! El asunto demanda serenidad y, sobre todo, humildad.

La resolución del Tribunal, guste o no, no es otra cosa más que la ley para el caso concreto, ley que por mandato constitucional y legal obliga a los partidos coaligados, ya que deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales, absteniéndose de injuriar o denigrar a las instituciones públicas.

Hemos oído todos y cada uno de los calificativos endilgados a la sentencia, a los Magistrados y al Tribunal, estamos aun en espera de escuchar los razonamientos de orden jurídico que acrediten tan deplorable parecer.
Aplaudimos que hayan llamado a Diego Fernández de Cevallos, distinguido abogado, para asesorar la alianza. La ausencia de este tipo de asesorías se echa de ver. Estamos ciertos que lo primero que hará el abogado panista será explicarles cómo funciona el sistema de medios de impugnación y el respeto que se le debe al Poder Judicial de la Federación.

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