Stultitia gaudium stulto

Albricias, Jaime Cárdenas ganó un amparo otorgado por la jueza décimo de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal.

La justicia federal ha resuelto que la Contraloría Interna del IFE "no es un órgano con facultades previstas en le ley para sujetar al procedimiento administrativo correspondiente y, en su caso, aplicar sanciones por incumplimiento de las obligaciones que derivan de su función a los consejeros electorales". La misma justicia se adelanta en señalar que dicho amparo "de ninguna manera significa que se cuestione la aplicabilidad del sistema de responsabilidades que prevé y sanciona la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo cual se consigna expresamente en el Título Cuarto de la Constitución".

En otras palabras: 1) los consejeros sí son sujetos de responsabilidad administrativa; 2) la Contraloría Interna no es el órgano competente para conocer y resolver de este tipo de responsabilidades, por lo que toca a los consejeros electorales; 3) todo lo actuado en el procedimiento de la queja del PRI en contra de cuatro consejeros es nulo de pleno derecho, y por ende, 4) el procedimiento debe reponerse.

El consejero Cárdenas no fue eximido de ninguna responsabilidad, ya que la jueza no se pronunció sobre el fondo del asunto, sino sólo sobre la competencia del órgano interno del control. La denuncia del PRI sigue en pie y sin resolverse, el procedimiento sancionatorio debe reponerse desde sus inicios.

Cárdenas y su soberbia vuelven a poner el asunto ante la opinión pública. Su gran victoria lo lleva a someterse de nueva cuenta a la justicia de la que, por más esfuerzos que haga, no podrá sustraerse.

Comentan que Jesús Cantú festejó con albricias el amparo de su compañero. Ignora, por lo visto, las consecuencias del mismo. Con dicho amparo no solo no se salva de responder por los 40 viajes efectuados en 1997, si no que se le abre un amplio y largo camino de responsabilidad administrativa por los 60 o más viajes realizados en 1998, más lo que se acumulen en la revisión de la cuenta pública de este año.

Que no se diga luego que es el PRI el que quiere desacreditar a la Institución electoral. Son los actos de algunos funcionarios electorales los que han tenido sujeta, y por lo visto, tendrán sometida a la institución al descrédito público.

Los consejeros electorales, creyendo que el problema se acababa con defender los excesos probados y nunca negados de Jesús Cantú, lo único que hicieron fue posponer el juicio que tendrá que enfrentar. La lección es verdaderamente gratificante, con la ley no se puede jugar y nadie puede abstraerse de su cumplimiento o sanción.

Los consejeros mientras más se mueven, más se enredan. Para salvar el juicio laboral del anterior contralor sacaron a flote las liquidaciones otorgadas indebidamente en el IFE, un acuerdo por el que buscaban ser jugosamente liquidados ellos mismos al término de su gestión y despertaron la atención pública para evitar excesos similares en el futuro. Pretendiendo salvarse de la sanción impuesta por el anterior contralor, revivieron un asunto que ya estaba saldado para ellos, más, como queda visto, no para la justicia.

La denuncia administrativa del PRI, por lo tanto, no ha sido resuelta; lo actuado hasta ahora es nulo de pleno derecho; el procedimiento tiene que reponerse en su totalidad; los consejeros, a pesar de su momentánea alegría, no lograrán sustraerse de la justicia. De entrada el recién nombrado contralor debiera renunciar, toda vez que sin competencia revocó dos sanciones impuestas por don Carlos Muñoz y sancionó a Jesús Cantú, por cierto violando el precepto expreso en el que fundaba su resolución.

¿Quién, sin embargo, es competente para conocer de la denuncia? El Instituto deberá someter el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva el entuerto, a riesgo de querer pasar a la historia como una institución que evade su obligación para con el derecho y la justicia.

Si la Corte determina que es el Consejo General el órgano competente para conocer del asunto, cuatro de sus integrantes con voto estarán impedidos para participar en la resolución, toda vez que son los servidores públicos denunciados, y algunos más deberán también excusarse, ya que, sin tener facultades para ello, han manifestado pública y estentóreamente su opinión sobre un asunto que ahora tendrán que conocer. Es decir, no habrá mayoría de votos que pueda resolver al respecto. A ello nos han llevado las ambiciones de poder de los consejeros electorales, sus afanes para sostener contra viento y marea un bloque de cinco votos que les garantice la mayoría mecánica en el Consejo General y su falta de respeto al derecho.

Milagroso sería que imperara la probidad y la prudencia republicanas y que los más conspicuos aludidos optaran por la renuncia, antes de seguir dañando a la institución.

En lo personal agradezco cumplidamente a Jaime Cárdenas por la oportunidad que nos brinda de reponer el procedimiento de responsabilidad administrativa. Lástima que los cálculos de poder de los consejeros hayan llevado a la institución a dirimir este problema en pleno proceso electoral, pero es tarde ya para suspirar por la sensatez perdida en nuestra autoridad electoral.

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