Chin chin el que argumente

EI IFE dejó de ser asunto prioritario para la política nacional apenas concluyeron las elecciones de 97. A esta abulia y miopía políticas se suma la práctica inexistencia del Congreso de la Unión y por ende la imposibilidad de procesar la recomposición del desastre que ha y sigue tejiendo. El problema no son ocho señores, el problema es que estamos ante la posibilidad real de que no haya elecciones en el año 2000, porque no exista la institución capaz de organizarlas con autoridad moral y eficiencia.

El mensaje de la última sesión de su Consejo General fue contundente: autonomía es autarquía, y ciudadanización es el ejercicio del capricho y el interés parcial en la función pública. Los consejeros electorales no sólo pueden agendar cualquier asunto que les venga en gana, por más absurdo que sea, sino que pueden vetar cualquiera que quieran o, mejor dicho, les perjudique; así como pueden correr o vetar a discreción a quien no se sume a su proyecto, y nombrar, de ser necesario ilegalmente, a quien convenga a él.

La pasada sesión del Consejo tuvo por objetivo principal hacerle grueso el caldo al PRD en contra del PRI, ejemplo vivo de la imparcialidad y altura de miras que campean por Viaducto Tlalpan y Periférico.

Si la ley dice que las quejas se presenten ante, y substancien por, la Junta General Ejecutiva, qué caso tenía discutir un proyecto de acuerdo para instruir a la junta que haga lo que la ley obliga; substanciar una queja en particular. Si el Tribunal les echó para abajo la comisión por la que querían apropiarse de la atribución de procesar las quejas, por qué acceden a discutir en el punto de acuerdo la creación de una comisión que dé seguimiento a una queja en especial. Si la junta ha procesado y procesa todas las quejas que se le presentan, qué tiene ésta de especial para que el Consejo discuta la conveniencia o no de acordar que la procese e incluso que se cree una comisión que lo verifique. A mayor abundamiento, cuántas quejas ha substanciado la junta en la historia del IFE y cuántas veces el Consejo ha sesionado para recomendar a ésta el ejercicio de su obligación legal. Qué tiene esta queja de especial que no tengan otras, sino su absurdo jurídico y su propósito propagandístico.

Los consejeros sabían que el acuerdo no podía pasar, pero su intención no era que pasara, sino que el tema de la queja, el financiamiento del PRI en 1994, fuera ventilado en la mesa y frente a los medios de comunicación, rebajando a la máxima autoridad electoral federal a instrumento de propaganda de un partido político.

Y así como se pueden dar el lujo de discutir lo que sea, de apropiarse de lo que quieran, de multar como mejor convenga a sus intereses, de correr a quien sea, de nombrar contra la ley. Así también pueden vetar que se argumente en el Consejo con hechos que les puedan incomodar.

Cuando el senador Andrade, hablando de que el comportamiento de los consejeros "podría" minar o mellar su credibilidad, menciona el nombramiento ilegal de la Directora Ejecutiva de Organización, los consejeros se le van a la yugular alegando que introduce a la discusión un tema ajeno a la agenda y en un tono admonitorio. El mensaje no pudo ser más claro: "Aquí vamos a hacer lo que queramos, se pueda o no se pueda, sea ilegal o no. Pero no sólo vamos a decir qué se discute, también vamos a decir cómo se discute.

El tema está allí desde enero, los consejeros no lo niegan, sólo alegan que no está agendado (aunque no hacen nada para remediarlo). El problema, como lo he afirmado en anteriores ocasiones, no se reduce al nombramiento ilegal de una funcionaria que no llena los requisitos legales. Valga mencionar que los partidos políticos, en sus carnicerías cíclicas contra el servicio profesional electoral, han cortado cabezas por sospechas, corazonadas, cuotas, caprichos o simples volados. Desconcierta que en este ostentoso y público caso guarden sospechoso silencio.

En fin, el problema no es un nombramiento viciado de origen; como tampoco lo es que los actos de esta funcionaria sean nulos de pleno derecho; como tampoco lo es que el ejercicio de los recursos públicos que haya hecho y lo emolumentos que haya recibido sean irregulares y sujetos a responsabilidad. El problema es que la autoridad responsable del nombramiento la haya nombrado violando la ley y que una vez que la ilegalidad del mismo es hecha púbica no la corrija, evite a toda costa que el tema sea tratado y, a últimas fechas, que sea mencionado en ninguna argumentación.

La responsabilidad legal ya no es sólo de la funcionaria, también es del Consejo General como órgano encargado de "vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del instituto.

"Por sus frutos los conoceréis". Sus frutos están a la vista. Sólo el que no quiera ver, o le convenga no ver, no lo verá. Creo, sin embargo, que el senador Andrade fue muy diplomático con los consejeros: su credibilidad y autoridad no "puede" ser mellada o minada por sus actos, está -ésta si- definitiva e inatacablemente acabada. Al tiempo.



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