Mesa de Coyuntura

Más tardó la mesa de coyuntura en instalarse que el PRD en amagar con retirarse de ella. He allí (por enésima vez) el uso y propósito que nuestros partidos dan a estas instancias extralegales, que más que ser espacios de solución se convierten en mecanismos de chantaje, propaganda y presión. El hecho también es muestra de la consistencia de su discurso autonomista y ciudadanizado.

Recordemos que en 1989, el eje de la reforma fue la legalidad de los actos y resoluciones del órgano electoral. Para garantizar ésta se recompuso su integración equilibrando las representaciones del gobierno y de los partidos (específicamente del gobierno y el PRI) con una nueva figura, la del Consejero Magistrado, quien, por un lado, era factor de equilibrio; por otro, especialista en la materia y por ende capaz de dar consejo y, finalmente, magistrado, es decir, experto en derecho y garante del principio de legalidad en los actos y resoluciones de la autoridad electoral.

Acompañaron a estas medidas la creación de un tribunal de pleno derecho, máxima instancia jurisdiccional en la materia. Para nuestra desgracia, todos estos antecedentes fueron obviados y se desarrolló una estrategia que en vez de atender a la función y desempeño de la figura de Consejero Magistrado privilegió la crítica a su designación. Poco importaba qué funciones cumplía, cuál era la naturaleza de sus atribuciones, cómo estaban reglamentadas, qué mecanismos de defensa tenían los partidos y ciudadanos en su contra y cuál era su desempeño; lo único que contaba y que echaba para abajo cualquier otro argumento era que habían sido propuestos por el Ejecutivo federal. De nada valía su designación final por una mayoría calificada de la Cámara de Diputados, sólo contaba el origen del proceso designatorio.

En el fondo nunca se buscó el perfeccionamiento de la figura y de la institución, se pretendían y consiguieron espacios de poder, basta con ver al IFE o a Creel.

Ya en ese entonces los asuntos políticos no se apreciaban y discutían en sus méritos, todo argumento y toda negociación obedecía a un propósito político-partidista de asalto a espacios de poder, propósito oculto a una opinión pública intoxicada por el escándalo, la denuncia fácil y sin sustento, la descalificación por sistema y la manipulación vía el canto de las sirenas de la transición. En la discusión nadie se acordó del bien a tutelar: el principio de legalidad, por medio del cual se había llegado a un diseño institucional de equilibrio de votos, a través de una figura especializada en derecho bajo el criterio de que la verdadera imparcialidad se logra por el control mutuo.

Montados en el tobogán socialcivilista por medio del cual, según bien afirma Luis Salazar, cualquiera dice representar a todos sin consultar a nadie, la legalidad, objetividad, certeza e imparcialidad del órgano electoral quedaron supeditadas a la ciudadanización: la búsqueda (por parte de los partidos, entes desinteresados y hermanas de la caridad) de figuras providenciales, más allá del bien y del mal, que garanticen, no con las propiedades y calidades de sus actos y resoluciones en relación con la ley, sino con su presencia, individualidad, libre albedrío y a veces capricho, la autonomía electoral. Así la autonomía pasó de ser un medio e instrumento al leiv motiv de la transición democrática, en olvido de la legalidad y la imparcialidad, porque se puede ser autónomo (para algunos se ha sido) siendo parcial e ilegal.

Lo peor de todo es que ciudadanización y autonomía fueron desde un principio un enmascaramiento de la partidización del órgano electoral.

Pues bien, en el éxtasis de la ciudadanización autonomista, los padres de la misma regresan al corral demandando del Secretario de Gobernación una mesa de coyuntura para atender y resolver los asuntos electorales, por encima de las autoridades ciudadanizadas y autónomas responsables de organizar y resolver los procesos electorales, en este caso locales. Quien sacó al Secretario de Gobernación del órgano electoral, lo pretende introducir ahora por la puerta trasera. Lo más curioso es que ninguno de los entes ciudadanizados y autónomos alzó la voz para defender su autonomía y ciudadanización, lo cual acredita, una vez más, su partidización y parcialidad.

PS. En la última sesión del IFE (porque ahora el Consejo General es el IFE todo) se dio cuenta de la renuncia de Rubén Lara, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral por ocho años. Sorprende que Woldenberg no haya hecho un reconocimiento, como acostumbra hacerlo cada vez que un funcionario de este nivel se retira de la institución, eventualidad que en el IFE parece epidemia. Los consejeros electorales, por supuesto, se descosieron en halagos y pleitesías para el encargado del despacho por escasas semanas, pero nada dijeron del licenciado Lara. En otra colaboración señalé que el último servicio que este funcionario le hizo a la institución fue irse en silencio, sin desatar tempestades ni responder agravios.

En octubre de 1997, el bloque ciudadanizado, en forma por demás artera y cobarde, le atacó públicamente en sesión de Consejo, sin que el funcionario pudiese defenderse de las agresiones. Calló entonces y calla hasta ahora. En ese entonces presentó su renuncia y Woldenberg apeló a su sentido de institucionalidad para no complicar todavía más el entorno que los consejeros habían montado en su contra a través de los ataques a Solís.

Lara, al fin institucional, aguantó, esperó y siguió siendo víctima silente de la soberbia de la comisionitis (también epidémica). Cuando las aguas estaban tranquilas, al menos hacia la opinión pública, renunció con comedimiento y respeto a la institución.

Lara fue el operador del Servicio Profesional Electoral, durante sus ocho años al frente de la dirección, los partidos políticos hicieron incontables revisiones a la estructura del IFE sin haber encontrado jamás algo que pusiese en entredicho su trabajo. Desde que llegaron los consejeros electorales buscaron elementos para deshacerse de él. Jamás los encontraron, a grado tal que llegaron a negociar su cabeza a cambio de sus ocho votos en la designación de Zertuche.

Lara, sin embargo, cometió faltas imperdonables: enfrentó a la Comisión del Servicio Profesional tantas veces como ésta intentó actuar extralegalmente, se opuso a que los consejeros se extralimitaran en sus facultades; defendió con la ley en la mano las atribuciones y, por ende, responsabilidades que la misma le asignaba, defendió a la institución, a los miembros del servicio profesional electoral, a Woldenberg y a la Junta General Ejecutiva, nunca se plegó a las ocurrencias, caprichos, parcialidades y necedades de los consejeros. Para éstos (los nueve) su paso por el IFE no merece mención alguna. Así han de entender la objetividad a que la Constitución los obliga. Sin embargo, su mutismo acredita, creo, dos cosas: los consejeros no encontraron nada qué recriminarle, o le hubieran bailado un jarabe tapatío sobre su honra y nombre, y Rubén Lara, hasta en su retiro prudente, institucional y oportuno, supo servirle a una institución.

Quizás algún día ésta le reconozca sus servicios.


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