Preguntas

¿Debió haberse excusado Santiago Creel de conocer las demandas de juicio político contra los gobernadores de Yucatán y Tabasco por tener, más que un interés personal, una obsesión en su contra?

Asumirse como "vengador de la transición", ¿no es elemento suficiente para verse impedido como juez prudente, desapasionado y objetivo, y acreditarse como parte interesada en un conflicto que promueve y, a la vez, juzga?

¿Es esa conducta legal, política y éticamente aceptable?

Cuando representaba el papel de imparcial y apartidista, ¿debió excusarse por dictaminar sobre unas actas de la elección local en Tabasco de 1994, por enfrentar un conflicto de intereses entre su cargo en el IFE y su papel de abogado independiente? Cuando López Obrador lo invita a presentar las cajas con supuestas cuentas de campaña de Roberto Madrazo, ¿acude como funcionario público electoral-obligado constitucionalmente a la imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza y profesionalismo-; lo hace en calidad de abogado del PRD, simpatizante, militante, o asesor; representa el papel de ciudadano neutral, imparcial y apartidista; o juega el rol del abogado que pretende imponer su opinión a autoridades competentes y procesos legalmente finiquitados?

Cuando el PAN lo postula como candidato a diputado sabe perfectamente que está legalmente impedido para ello. ¿Por qué acepta y viola la ley? ¿No es ello razón suficiente para dudar de su autoproclamado compromiso contra la ilegalidad y la impunidad?

¿No son los juicios políticos y su iniciativa sobre los colores del PRI, parte de una táctica propagandística para cobijar a nivel nacional las campañas electorales locales del PAN? ¿Es esa la función de un legislador, es esa la democracia que nos espera; así se fortalece al Poder Legislativo?

En otro orden de ideas, ¿debe el consejero Zebadúa notificar (y justificar) al Consejo General sus constantes viajes al interior de la República para, en calidad de presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica -por ley facultada sólo para dar seguimiento y verificar los trabajos de la Dirección Ejecutiva respectiva- tejer una red nacional de organizaciones no gubernamentales, recorrer todas las estaciones de radio, visitar todos los periódicos de la localidad y hacer alianzas no del todo claras para una autoridad electoral en un Estado de Derecho? ¿Debe, al menos, fundar y motivar su proceder ante el órgano que supuestamente lo comisionó y, en su caso, rendirle cuentas? ¿Tiene Zebadúa personalidad jurídica y competencia para suscribir convenios a nombre del IFE? A algunos partidos les sería de mucha utilidad saber de sus pasos, de su línea de acción, de sus amarres, de sus propósitos electorales, de su proselitismo político y mediático.

Los consejeros electorales, tan exigentes en el cumplimiento (de otros) de las disposiciones legales, ¿no deben rendir cuentas de sus gastos y viáticos cuando salen de viaje? ¿Lo hacen? ¿Quién, por cierto, autoriza éstos -viajes y viáticos-, con qué fundamento, bajo qué programa y a la luz de qué propósito? Cuando viajan, sea al interior de la República o al extranjero, ¿a quién informan del cumplimiento de su cometido y quién fija, en caso de haberlo, éste? Los viajes personales de un consejero para ir a ver a su familia cada fin de semana, ¿los debe sufragar el IFE, son en ejercicio de una función pública, acaso no existe normatividad a ese respecto?

¿Es correcto que los consejeros electorales del IFE se pronuncien acerca de las legislaciones, autoridades y procesos electorales locales en curso? ¿Con qué fundamento legal? ¿No enrarecer con sus intervenciones y presencia procesos que les están jurídicamente vedados? ¿Dónde queda entonces la autonomía de la autoridad electoral, si en el caso de las locales los consejeros electorales federales -que no el IFE ni sus órganos legalmente constituidos y reconocidos- se meten donde les viene en gana?

¿Sabe la estructura electoral que la Comisión del Servicio Profesional Electoral, sin facultades y argumentos, se opone a que la Dirección Ejecutiva responsable proceda a su evaluación y, en su caso, a otorgar los ingresos correspondientes al servicio de carrera, en perjuicio de sus derechos laborales?

¿No está impedida legalmente la recién nombrada Directora Ejecutiva de Organización para seguir ocupando ese cargo en virtud de haberse titulado en 1996, cuando el Cofipe exige cinco años mínimo con antelación al nombramiento? ¿No es éste nulo de pleno derecho y, por tanto, también todos y cada uno de sus actos? ¿No está obligada a reembolsar las remuneraciones percibidas y los gastos realizados? ¿No debe, en su caso, enfrentar las responsabilidades que al efecto resulten?

Hay tiempo para reglamentar el voto de los mexicanos en el extranjero, afirma Molinar: "Si alguien llega a decir que ya no se puede hacer porque no hay tiempo, no tendrá razón de ser (El Universal, 26-IV-98).

Si ello es así, ¿para qué se forma la comisión de especialistas cuyos nombres filtra el consejero? Más aún, el Cofipe prescribe que la comisión deberá proponer, en su caso, las reformas legales correspondientes, "una vez que se encuentre integrado y en operación el Registro Nacional Ciudadano y se hayan expedido las cédulas de identidad ciudadana". ¿Tendrá entonces razón de ser preguntar si estas dos condiciones podrán cumplirse en tiempo y forma para proponer las modificaciones de ley, legislarlas y aplicarlas antes del 2000? ¿Hay tiempo y recursos para expedir, en México y en el mundo entero, la cédula de identidad Ciudadana? ¿Por qué tanta contundencia? ¿Qué entonces si la comisión de expertos determina que ya no hay tiempo, "no tendrá razón de ser"?



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