Temporada de albazos

Por lo visto alguien declaró abierta la temporada de albazos en el país, para turbación de nuestra ya magra capacidad de asombro.

No solamente el efímero bloque opositor pretende obtener por la vía del albazo legislativo lo que sus partidos no pudieron lograr en la mesa de negociaciones durante 1995 y 1996, y así pretender hacerse del poder por la vía de las reformas legales y no por las del voto ciudadano que, por fortuna, no pasará de ser una bravuconada más de una legislatura marcada para la historia de impotente y entrópica; sino que, además, funcionarios electorales de extracción perredista pretenden lograr por la aplicación torcida de la ley lo que ésta no les ha dado o expresamente les prohíbe.

El pasado 20 de los corrientes, el presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal llamó a los magistrados supernumerarios del mismo a integrarse al pleno en franca violación de la ley y con el único objeto de lograr con sus votos sacar adelante un Reglamento Interno por medio del cual, siguiendo el mal ejemplo de los consejeros electorales del IFE, pretende integrar, normar y modificar lo que de la ley le incomoda.

Vayamos por partes: 1) el pleno del Tribunal se compone normalmente por cinco magistrados numerarios; 2) Las ausencias de éstos son cubiertas por los magistrados supernumerarios; y 3) "Durante el proceso electoral" y "para la oportuna resolución de los medios de impugnación" los magistrados supernumerarios "podrán" ser llamados por el presidente para integrar el pleno.

El legislador, pues, impuso dos condiciones para que proceda la integración de los supernumerarios al pleno: que sea durante un proceso electoral y así lo demande el cúmulo de expedientes para su oportuna resolución. Conviene tener presente que los procesos electorales se rigen por el principio de definitividad de etapas y que el Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver los asuntos que le someten a su consideración; con el propósito de que pueda cumplir su cometido en tiempo y forma, si el número de los expedientes en trámite así lo llegase a demandar, la norma faculta a su Presidente a integrar al pleno a los supernumerarios.

Ahora bien, la ley aplicable entiende por proceso electoral el relativo a la renovación de "los órganos de gobierno legislativo y ejecutivo, así como los consejos de gobierno de las demarcaciones territoriales del DF (hoy Delegaciones)", éste, conforme la misma ley, "inicia en la primera semana del mes de enero del año de la elección", o séase el año que entra.

Por su parte, la ley distingue entre proceso electoral y procedimientos de participación ciudadana y, por supuesto no autoriza al presidente a llamar a los supernumerarios durante estos últimos. Hoy, está en curso un procedimiento de participación ciudadana, no un proceso electoral.

Por si fuese poco, la potestad del Presidente sólo se puede dar para "la oportuna resolución de los medios de impugnación", es decir, ante la existencia real de una carga de trabajo que objetivamente demande el apoyo adicional extraordinario y temporal de los magistrados supernumerarios para resolver dentro de los plazos legales los recursos interpuestos. A la fecha el novel Tribunal ha resuelto sólo un recurso, y los que hay pendientes de resolución no deben requerir más de los dedos de una mano para contarlos.

El problema no es menor, por un lado, dos magistrados numerarios abandonaron el Pleno y solicitaron la intervención de la Asamblea Legislativa; por otro, todos y cada uno de los actos y resoluciones de ese órgano jurisdiccional estarán viciados de origen en atención a su integración contraria a derecho y, finalmente, no puede resultar más que oprobioso y ominoso para partidos y ciudadanos que este Tribunal empiece su vida violentando el marco de derecho del que debe ser garante.

¿Será el desconocimiento del derecho por parte del presidente del Tribunal tan basto que lo lleve a cometer estas pifias, no obstante los consistentes argumentos en contra vertidos por tres de los magistrados, o es que acaso la integración de los supernumerarios obedece a un propósito oculto y no precisamente para la oportuna resolución de expedientes?

Todo hace pensar que el presidente del Tribunal lo que busca es contar con el voto duro de tres de los cuatro magistrados supernumerarios para sacar adelante un Reglamento Interno que le permita reformar la ley, o bien integrar norma a su entera discreción. Por lo pronto, se sabe que, ante el vacío legal de no saber por cuanto tiempo fue designado presidente, pretende que el reglamento lo nombre por un periodo de ocho años. Al paso que va, dudo que con todo y reglamento (que de salir en estas condiciones será nulo de pleno derecho) dure algunos meses más.



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