Filtraciones

La Constitución concibe a los partidos como entidades de interés público. Esta concepción abarca a todos los partidos sin distinción. No obstante, en las deformaciones propias de la transitocracia y el democratismo a que se refiere Silva Herzog Márquez en su reciente libro, pareciera que el PRI está marginado de esta calidad que, por el contrario, se adjudican voces y membretes enmascarados en la inasible sociedad civil.

De igual forma, la Constitución integra a los partidos políticos al órgano público encargado de la organización de las elecciones federales. Es decir, el PRI participa activamente en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro partido, lo único que lo distingue de los demás es su implantación nacional y seguir siendo, como partido individualmente considerado, el que obtiene la mayoría de los votos ciudadanos.

El hecho es que el presidente del Consejo del IFE propició un encuentro de los consejeros electorales con los diversos partidos. Encuentros que se dieron en clima de cordialidad y con ánimo constructivo, al menos con el PRI, único del que puedo hablar. En ellos fueron los consejeros quienes plantearon los temas de su interés. Así, fueron los consejeros quienes buscaron al PRI, éste los recibió con respeto y comedimiento, escuchó lo que a su interés quisieron plantearle y se comprometió a dar respuesta por escrito con
miras a forjar un diálogo constructivo que, por lo demás, en una democracia debiera de sorprender ni extrañar a nadie.

EI PRI, cumpliendo su palabra, envió por escrito sus opiniones y esperaba en reciprocidad la reunión consecuente. Con afán de que sus apreciaciones no fuesen malinterpretadas, sino, antes bien, sirvieran para procesar con los consejeros su oportuna
aclaración o solución, el Partido decidió no hacer pública su misiva y así lo manifestó a sus destinatarios. La carta, sin embargo, fue filtrada y presentada como una "nueva agresión" al IFE, cuando en realidad obsequiaba un intercambio de opiniones promovido por los consejeros.

Las filtraciones desde el IFE, desgraciadamente, no sorprenden ya a nadie, lo que sí sorprende es que se pretendan considerar los puntos de vista del PRI como amonestaciones a la autoridad electoral, ataques a la democracia o memoriales de agravios.

Como el PRI manifiesta en su carta, debemos, como sociedad, de alarmarnos por aquellas voces que consideran que cuando el PRI cuestiona a la autoridad, se pone en riesgo la credibilidad y la legitimidad de la misma, toda vez que lo más cercano a un régimen totalitario es que se empiece a considerar la crítica, el disenso y la libre expresión de las ideas como elementos desestabilizadores y deslegitimadores.

De igual forma deben preocupar lo parcial del argumento, ya que cuando es otro partido quien critica, su expresión es considerada como ejercicio de un derecho y consolidación de la democracia, pero cuando es el PRI quien lo hace, su expresión es calificada de regresión, artero ataque o violación del sacrosanto derecho-privativo de ciertas autoridades y ciudadanos- a no ser criticado.

En descontextualizadas interpretaciones de nuestra carta se afirma que el PRI se opuso al voto del mexicano en el extranjero porque se autorizaba al Consejo General del IFE a tomar las medidas que considerase necesarias, y porque el PRI desconfía de ese Consejo. No es así. Cito a un miembro del propio Consejo para aclarar el punto: Emilio Zebadúa ha declarado que no obstante los elementos técnicos aportados por el estudio del grupo de expertos integrados por el IFE, resulta "inexcusable que no se hayan materializado y traducido en un diseño claro, sofisticado y bien pensado para que se pudiera dar la organización del proceso electoral (allende nuestras fronteras)" (La Jornada, 4/VII/99).

Para el PRI la reforma propuesta en materia del voto en el extranjero no se hacía cargo de las salvaguardas de legalidad, certeza y equidad que rigen el proceso electoral, tampoco de vacios jurídicos e impedimentos para regular la competencia allende nuestras fronteras, y, menos aún, garantizaba la viabilidad de los aspectos organizativos, logísticos y económicos, inherentes. Independientemente de que resulte poco más que frívolo pretender que un fenómeno tan complejo y delicado pueda regirse por sólo dos artículos transitorios.

También ha molestado que el PRI cite a un académico para documentar los conflictos que la falta de reglamentación de las comisiones de consejeros han generado en el IFE. Desgraciadamente se aduce a la nacionalidad y docencia del autor para descalificar el estudio de referencia, cuyas conclusiones también comparten varias resoluciones del Tribunal Electoral, el informe de la misión de expertos de la ONU que estudiaron el sistema electoral mexicano en 1997 y las conclusiones de la auditoría administrativa contratada por los propios consejeros.

El PRI no duda de la buena fe que impulsó a la mayoría de los consejeros a plantearle los temas de su interés y a solicitarle su opinión. A pesar de la filtración, la agenda sigue abierta y será una buena senda para analizar y, en su caso, resolver aquellos asuntos del IFE que pudiesen merecer correcciones.

#LFMOpinión
#IFE