La institución responderá por ellos

El Consejero Mauricio Merino obsequió al IFE una de las definiciones más importantes y contundentes de sus últimos y azorados meses: "No es cierto —afirmó- que el Consejo General quiera deshacerse de todos los funcionarios del Instituto, no es cierto que haya desconfianza generalizada sobre los miembros del servicio profesional electoral".

Lo anterior, además de una declaración, constituye un compromiso que aclara el panorama y el ambiente de esta compungida institución, más aún cuando afirma que sus palabras no fueron a título personal, sino que incluyen "la opinión expresa de la gran mayoría de los Consejeros Electorales". Quiénes formen la minoría que se restó al compromiso es ya lo de menos. Su aseveración despeja el camino, abre espacios de comunicación, tiende puentes de confianza y sienta un precedente que permitirá reencontrar la unidad de propósitos, acción y corresponsabilidad que la institución requiere.

"No es cierto —continuó el Consejero Merino— por tanto, que haya intención de medrar políticamente con la seguridad y hasta con los derechos de los funcionarios que han acreditado su lealtad a la institución mediante la objetividad de su desempeño". Enhorabuena.

Para él las versiones que dieron sustento a estas suposiciones, hoy negadas, son producto del "radio-pasillo"; sin embargo, es imposible olvidar que en sus emisiones fueron transmitidas múltiples y repetidas opiniones de algunos de sus compañeros consejeros en ese sentido, mismas que la prensa captó y consignó entrecomilladas.

Una de tantas fue acompañada inclusive con la filtración y manipulación de documentación confidencial en perjuicio de personas específicas. No obstante, la expresión pública arriba citada pretende, precisamente, saltar estas situaciones para arribar a ámbitos de institucionalidad y colaboración. Al menos así es percibida.

Lo expresado por Merino vino a colación con motivo del reconocimiento del que fueron objeto 226 miembros del Servicio Profesional Electoral por su desempeño en el pasado proceso electoral. Resalta ver hoy al "IFE del viejo oficialismo" ser objeto de reconocimiento y premiación, cuando apenas ayer era el blanco de acres recriminaciones ampliamente publicadas más nunca documentadas: "ahora sabemos, por ejemplo -informó Woldenberg-, que las mejores calificaciones fueron otorgadas a los miembros del servicio profesional de mayor antigüedad y experiencia, resultado en el que coinciden tanto los Consejeros como la Junta General Ejecutiva". En efecto, cifras dadas a conocer muestran que el 88 por ciento de los vocales objeto de distinción, el 62 por ciento del personal desconcentrado del Registro Federal de Electores y el 56 por ciento del de las oficinas centrales ingresaron al IFE antes de 1995. Como bien aseveró Rubén Lara, "no hay estafeta que no provenga del pasado".

El reconocimiento obedece a una doble evaluación: una, por los Consejos Locales y Distritales, y otra, por la Junta General Ejecutiva, evaluación que consideró el desempeño de cada funcionario en el ejercicio de su responsabilidad pública, evitándose, en palabras de uno de los vocales premiados, "cualquier descalificación prejuiciada o el pretexto de la búsqueda utópica del servidor químicamente puro. Servidor de tal naturaleza —concluyó— no existe, porque sería ajeno a un régimen democrático y de libertades que pondera el reconocimiento de la pluralidad como principio ético en el ejercicio de la política".

Al lado de lo expresado por los Consejeros Electorales por voz de Mauricio Merino (bueno, por la gran mayoría de ellos), destaca también lo dicho por el Consejero Presidente: "ninguna institución puede consolidarse, trabajar, ni cambiar, si no existe la certeza de que su gente, sus funcionarios, son evaluados con buena fe, con instrumentos objetivos, con elementos mensurables. No hay prejuicio, ni conjetura o idea preconcebida que sustituya a la información cierta, a los datos comprobables, al trabajo que se muestra ante la vista de todos". En estas verdades campean los principios de imparcialidad, certeza y objetividad que rigen al Instituto.

No pudo Woldenberg expresar de mejor manera la principal demanda del y al IFE: "necesitamos que los prejuicios y los imperativos políticos sean sustituidos por parámetros objetivos, por criterios estrictamente legales e institucionales". Por ello destaca la conclusión de su intervención: "Mi idea, y mi compromiso como Consejero Presidente del Consejo General es ésta: si los funcionarios han trabajado bien, si se han desempeñado con eficacia y transparencia, si han respondido a la institución, entonces la institución responderá por ellos".

Finalmente, aunque pudiera tener una doble lectura, se felicitó por la oportunidad de colaborar con funcionarios como los premiados.

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