El otro IFE

Para ingresar al Servicio Profesional Electoral existen tres vías: convocatoria abierta, concurso cerrado y aprobación de cursos. En los tres supuestos es indispensable acreditar los requisitos del cargo y los exámenes correspondientes. Por desgracia para ser consejero electoral no es necesario aprobar ningún examen de conocimientos. Tal vez eso explique la confusión que prevalece entre algunos de ellos en relación con el IFE y su composición.

El Instituto es un organismo público autónomo encargado de cumplir una función de Estado. Por tanto, es absurdo pretender escriturarlo en propiedad privada en favor de persona(s) alguna(s).

La confianza pública depositada en ese órgano de Estado no puede tener cancerberos que la administren a capricho.

El Instituto cuenta en su estructura (esa a la que se refiere el artículo 13 transitorio del Cofipe, tan mal leído y peormente interpretado) con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General es su órgano superior de dirección y en él se integran junto con otras figuras, los consejeros electorales. Los órganos centrales del IFE son el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. Los consejeros electorales en conjunto o individualmente considerados, no constituyen ningún órgano, ni de dirección, ni ejecutivo, ni técnico, ni de vigilancia. Tampoco son órgano central, ni desconcentrado. No tienen asignada ninguna otra atribución que integrar el Consejo General y participar en el ejercicio de las facultades de aquél. Sí, por supuesto, que como miembros del Consejo integran algunas comisiones, pero éstas, como ya lo hemos afirmado, tienen facultades acotadas y son instrumento no extensiones y menos sustituciones del Consejo.

La Ley asigna al Consejo General, a su presidente, a las juntas ejecutivas, al secretario ejecutivo, a las direcciones ejecutivas, a las comisiones de vigilancia, a los consejos locales y distritales, a los vocales y aún a los funcionarios de casilla, atribuciones concretas y líneas de mando diáfanas y —aunque pese, punce y dé comezón— verticales. No existe una sola atribución legal asignada a un cuerpo denominado consejeros electorales o a la figura consejero electoral en lo individual, salvo la de ser parte del Consejo General, órgano colegiado a quien pertenecen las atribuciones de Ley, de suyo indelegables.

La Constitución señala que los órganos ejecutivos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Si ello es así, por qué empeñarse en que sean las comisiones de consejeros las que se hagan cargo de ese servicio.

Si corresponde a la Junta General Ejecutiva proponer directamente al Consejo General los programas generales del Instituto, por qué se aprueban lineamientos en virtud de los cuales la junta debe "someter sus propuestas de programas a las comisiones del Consejo" que correspondan (...), con el fin de hacerlas compatibles con las propuestas de estudio e investigación formuladas en su caso por los consejeros electorales". ¿Qué propuestas de estudio e investigación puede proponer un órgano (consejeros electorales considerados como cuerpo) inexistente o un funcionario (consejero electoral, considerado en lo individual) sin competencia para ello? ¿Con fundamento en qué ley y en ejercicio de qué atribuciones? ¿Quién revisa la congruencia, compatibilidad, necesidad, costo y asignación de los estudios e investigaciones propuestos por los consejeros? ¿Quis custodet custodem?

Repito, los consejeros electorales son una figura integrante del Consejo General, única con voto por un mal diseño institucional cuya ausencia de equilibrios empieza a mostrarse en toda su plenitud. Pero de allí a que deban hacerse cargo -actuando en calidad de cuerpo u órgano que no son- de decisiones y acciones para las que no tienen competencia hay un mundo y una Ley de diferencia.

El problema no para allí. Los consejeros electorales se sirvieron, contra viento, marea y razón, un presupuesto de 39.4 millones de pesos. Para dimensionar su optimismo compárense cifras: El IFE en su conjunto redujo su presupuesto en un 14%, los partidos ven disminuido su financiamiento público en 51.6%, la oficina del consejero presidente se apretó el cinturón en un 78%, pero los consejeros electorales aumentaron sus recursos, en un año no electoral, en 36%.

Sólo para estudios e investigaciones (cuáles, por qué, para que, con qué competencia) los señores se autoasignaron casi 13 millones. Más de un millón de pesos mensuales para ejercer atribuciones inexistentes. Desconozco a cuánto ascienda el presupuesto anual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero dudo que se acerque remotamente al que seis señores (perdón por el lapsus mentus) tendrán a su disposición y, según parece, sin control alguno.

Académicos y ONG frotan ya sus manos ante esa suculenta bolsa de posibilidades. ¡Bienvenidos sean al Instituto Federal de Investigaciones y Redes Electorales!

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