Rambos electorales

El sábado pasado critiqué un lapsus intrascendente del consejero electoral Mauricio Merino. Ese mismo día le oí la mejor ponencia que conozco sobre los principios electorales rectores desde su definición en 1989; amén de que en descargo y justicia, su desempeño como consejero ha sido ilustrado y responsable, y acusa una prudencia que se antoja extraña ante ciertos protagonismos imperantes y ahora, también, itinerantes.

Mauricio dictó su ponencia en un Foro Nacional de Consejeros y Comisionados Electorales realizado en Jalapa, bajo la organización y hospitalidad de las autoridades estatales electorales de Veracruz. El evento reunió a más de 400 funcionarios de órganos de dirección electoral de entidades federativas y del IFE, así como a un nutrido grupo de analistas. Este tipo de eventos suelen ser sumamente productivos, ya que permiten intercambiar conocimientos y experiencias, plantear y resolver problemas prácticos, entablar relaciones personales, abrir espacios para la discusión de temas de coyuntura o estratégicos, así como ofrecer una oportunidad para pulsar la situación del país, el desempeño de los organismos electorales, el rumbo por el que encaminan sus pasos y el horizonte por delante.

Jalapa no fue la excepción. La riqueza, diversidad y pluralidad de ponencias así lo acreditan. Si bien hubo críticas a las legislaciones electorales, se aprecia un avance sustantivo, sobre todo en las de las entidades federativas que tan rezagadas estaban, algunas no hace ni seis meses, con relación a la federal; los términos de la competencia siguen estando en el centro de la discusión y, tal parece, habrán de ser materia de nuevas reformas legales y, también, modificaciones conductuales. Por supuesto, son mucho más los puntos relevantes que podrían listarse, pero será mejor para no ser injustos por omisión con el evento, esperar su memoria.

Sin embargo y con preocupación, detecté un ambiente que en lo personal y político considero de importancia ventilarlo para su reflexión y oportuna corrección; podríamos llamarlo el "síndrome de Rambo Electoral", por el cual los consejeros y comisionados electorales se van imbuyendo de una cierta especie de ánimo guerrillero, que los lleva a confundir su función técnica de dirección y vigilancia con una cruzada, en la que el enemigo es el gobierno y ellos se asumen como comandos. En otros, el síndrome se expresa también en términos heroicos- en la certeza de que su misión consiste en conquistar por asalto, de una vez por todas y para siempre, la democracia mexicana. En unos más los síntomas son de una paranoia extrema por la cual toda persona que antes que ellos haya tenido contacto con, o conocimiento de, lo electoral es automáticamente considerada enemiga, espía y saboteador. Son los mismos que en cada acto ven una trampa, en cada nombre sospechan un fraude, en cada critica un complot y en cada desacuerdo con sus puntos de vista una complicidad partidaria.

El síndrome preocupa, no por basarse en los principios de la desconfianza y la mala fe, y por reproducirlos para poderse sostener. En todo caso, no obstante, lo dañino que resultan ser para la sociedad, es derecho de cada individuo o grupo, sustentar sus convicciones y actos en lo que considere verdadero y correcto. Tampoco podemos ignorar olímpicamente nuestro negro historial electoral; pero de igual forma no podemos actuar como si siguiéramos viviendo en él cuando los hechos y circunstancias nos muestran avances irrefutables. Menos podemos desconocer que en este ánimo guerrillero anida una demanda legítima de democracia.

Pero lo que sí habrá de reconocer y, creo yo, preocupar es la confusión de papeles: el funcionario electoral no es parte en la contienda, las partes son los partidos y los jueces los ciudadanos; el funcionario tiene una tarea (responsabilidad pública) técnica, modesta y extraordinariamente complicada para pretender hacerle de tramoyista y, al mismo tiempo, de estelar. La función electoral no es una guerra contra nadie, es un quehacer público de la más delicada responsabilidad. Quién quiera luchar contra el gobierno tiene muchas trincheras para hacerlo, pero que no lleve su guerra a una tarea estrictamente organizacional que debe estar al margen del conflicto. Es derecho ciudadano diferir, asociarse y participar políticamente, aspirar a una normalidad democrática será siempre loable, pero la democracia no se conquista por asalto, sino por trabajo, esfuerzo y sacrificio, y en estos cada quien tiene su papel, las fuerzas políticas para proponer proyectos alternativos, los ciudadanos para decidir y la autoridad para organizar la contienda, no hacerla, y para garantizarla, no entorpecerla.

Es derecho de cada ciudadano o grupo sustentar sus convicciones y actos políticos en lo que consideren verdadero y correcto, pero en el ejercicio de una función pública la imparcialidad radica en no confundir los derechos ciudadanos con las atribuciones públicas, porque entonces estaremos pecando de lo que decimos combatir.

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